¿Qué tan preparados están los pequeños productores rurales de México para enfrentar el cambio climático? Ahora hay una propuesta para guiar las decisiones de adaptación

En la Región Mixe de Oaxaca, entre cafetales que trepan por una cañada sin señal telefónica ni caminos pavimentados, viven algunas de las personas productoras más expuestas al cambio climático en México. Sus medios de vida —el café bajo sombra y la milpa— dependen de un clima que se ha vuelto errático. Hasta ahora existen pocas herramientas para evaluar qué tan preparadas están para enfrentarlo. Esa es la pregunta que WRI México y el consorcio del proyecto SAbERES buscan responder con una nueva herramienta: un índice diseñado específicamente para evaluar, a nivel local y con información recabada directamente en campo, la capacidad adaptativa de personas productoras rurales de pequeña escala.

México es un país altamente vulnerable a los efectos del cambio climático. Su ubicación geográfica lo expone a eventos hidrometeorológicos extremos, y las condiciones sociales —marcadas por la pobreza y la desigualdad— limitan las opciones de desarrollo regional. Esa vulnerabilidad se concentra de manera desproporcionada en las comunidades rurales, cuyos medios de vida dependen directamente de actividades productivas a pequeña escala: la agricultura, la ganadería, la apicultura, la silvicultura y el ecoturismo. El Panel Intergubernamental de Cambio Climático (IPCC) tiene un nombre para la habilidad que permite a estas personas moderar los daños, aprovechar oportunidades y hacer frente a esos efectos: la capacidad adaptativa. A mayor capacidad adaptativa, menor vulnerabilidad.

El problema es que, hasta ahora, evaluar esa capacidad ha sido un ejercicio hecho casi siempre desde arriba: estudios que evalúan la vulnerabilidad a escala nacional, estatal o municipal, con datos agregados que dicen poco sobre la situación real de una persona productora concreta o una comunidad. Sin información a esa escala, los programas dirigidos a mejorar la adaptación —y el financiamiento que los sostiene— corren el riesgo de operar a ciegas, diseñando soluciones que no corresponden con las necesidades específicas de quienes más los necesitan.

Para llenar ese vacío, el equipo de investigación siguió un camino largo. Empezó por revisar 738 artículos científicos e información oficial publicada entre 2015 y 2024, de los cuales solo 53 mostraban con claridad qué metodologías e indicadores se estaban usando para evaluar la capacidad adaptativa en el sector primario. De ahí surgió una elección: adoptar el Marco de Medios de Vida Sostenible, el enfoque más utilizado internacionalmente porque no impone una respuesta externa, sino que busca entender los recursos y capacidades de cada persona en su propio contexto.

Esa base teórica se puso a prueba en tres mesas de trabajo con 22 integrantes del consorcio SAbERES —WRI, GAIA, GITEC-IGIP, el BID, el IIASA, el IICA, Natura Mexicana y la UICN—y, después se sometió a la revisión de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (SEMARNAT) y de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER) del gobierno federal. El resultado fueron 38 indicadores —32 ajustados de la literatura existente y 6 diseñados desde cero— organizados en seis dimensiones: la natural, que mide el estado de recursos como el agua, el suelo y la agrobiodiversidad; la social, centrada en la organización comunitaria y el acceso a información climática; la humana, que recoge educación, capacitación y experiencia; la económica, que abarca ingresos, tenencia de la tierra, crédito y ahorro; la física, la más extensa con 13 indicadores, que evalúa tanto infraestructura para producir como infraestructura para protegerse en emergencias, así como las innovaciones productivas utilizadas; y la política normativa, que mide si los instrumentos de planeación existentes realmente llegan —y sirven— a las personas productoras.

Con los indicadores definidos, el equipo diseñó encuestas semiestructuradas —de unos 20 minutos de duración— para cada sector productivo, y las calibró con 24 pruebas piloto en tres municipios elegidos por su vulnerabilidad y por la presencia de organizaciones locales del proyecto SAbERES: la Región Mixe y la Sierra Juárez, en Oaxaca, y Cunduacán, en Tabasco. Con esos datos de campo se calculó, para cada persona productora, un índice de capacidad adaptativa mediante el método de sumas ponderadas —que da el mismo peso a todos los indicadores y funciona bien incluso con muestras reducidas—, normalizado después en una escala de 0 a 1 y traducido en cinco niveles, de muy baja (0.00–0.20) a muy alta (0.81–1.00).

Tres regiones, tres realidades

Las 24 encuestas piloto no buscaban representatividad estadística —esa es una tarea pendiente para la línea base de las regiones del proyecto SAbERES que está en proceso de estimación —, pero sí ofrecen un primer retrato, y ese retrato resultó más matizado de lo que cualquier promedio nacional podría sugerir.

En la Región Mixe, entre los ocho productores de café encuestados, la mayoría obtuvo una capacidad adaptativa baja o muy baja, con un único caso atípicamente alto. Viven en una cañada sin acceso a refugios ni información climática oportuna, con redes viales en mal estado, suelos erosionados y poco acceso a agua y escasa asistencia técnica; sus subíndices más bajos se concentraron, previsiblemente, en las dimensiones humana, física y de política normativa. Pero a poca distancia, dentro de esa misma región, quienes cultivan milpa asociada con agave mostraron resultados sensiblemente mejores —dos casos de capacidad muy alta y solo uno bajo—. El contraste es revelador: incluso dentro de una misma geografía y ante el mismo clima, la forma de trabajar el campo puede ser la diferencia entre una alta y una baja capacidad de adaptación.

En la Sierra Juárez, también en Oaxaca, la comunidad encuestada sobre sus actividades de aprovechamiento forestal y ecoturismo demostró una muy alta capacidad adaptativa debida a más de 30 años de experiencia en manejo sostenible del bosque, una organización comunitaria sólida, asesoría técnica constante y un conocimiento tradicional profundo sobre ordenamiento territorial y manejo de plagas y fuego. Es, en varios sentidos, el espejo del caso cafetalero: regiones cercanas de Oaxaca, pero una trayectoria organizativa que marca una diferencia sustancial.

En Cunduacán, Tabasco, los ocho productores ganaderos encuestados mostraron un panorama más heterogéneo —dos casos con muy baja capacidad de adaptación, uno bajo, tres medios, uno alto y uno muy alto—, aunque con una tendencia hacia una capacidad adaptativa baja. La dependencia de un solo producto, la venta de ganado en pie, la ausencia de obras de conservación de suelo y agua, y la escasa diversidad de cultivos y pastos para alimentar al ganado los deja particularmente expuestos ante las sequías; solo la mitad de las personas entrevistadas reportó contar con algún tipo de ahorro para enfrentar un evento extremo.

Pero el hallazgo más consistente del ejercicio no aparece en ninguno de los tres casos por separado, sino en lo que comparten. Sin importar su nivel general de capacidad adaptativa —desde el productor de café con los subíndices más bajos hasta la organización forestal con capacidad muy alta— la dimensión de política normativa fue, en los tres contextos, la más débil de todas. Existen instrumentos que podrían ayudar a estas personas productoras, como los atlas de riesgo o los planes de ordenamiento territorial, pero de acuerdo con las pruebas piloto, no se implementan en la zona, o las personas productoras simplemente no participan en su diseño ni los usan en la práctica.

Por qué importa

Ese hallazgo no es un detalle menor. Que la política normativa aporte tan poco al índice, en sectores y regiones tan distintos entre sí, sugiere que el problema no es la ausencia de política pública, sino su desconexión con la realidad de quienes debería servir. Fortalecer esa dimensión —mejorar el acceso a información climática, facilitar la participación de las personas productoras en los instrumentos de planeación territorial, e incluir en los programas gubernamentales criterios de adaptación— es, según el equipo de investigación, uno de los cambios con mayor potencial para mejorar la capacidad de adaptación al cambio climático de las personas en las regiones rurales de México.

El índice también abre una posibilidad que antes no existía: establecer una línea base y, a partir de ella, monitorear los cambios en la capacidad adaptativa de una comunidad a lo largo del tiempo, para saber si las estrategias de adaptación que se implementan realmente están funcionando o si es momento de ajustarlas. La metodología está pensada para adaptarse a cualquier región del país y a las diferentes actividades rurales, y sus autoras ven un lugar natural para ella dentro de instrumentos como la Contribución Determinada a Nivel Nacional, la nueva Política Nacional de Adaptación que está en proceso de formulación, los Planes Estatales de Desarrollo o los programas estatales en materia de cambio climático.

Detrás de esta metodología hay también una historia personal. La idea original del índice se le debe a Manuel Edmundo Cervera Villanueva, especialista en economía ambiental de WRI México, quien lideró su diseño hasta su fallecimiento en 2024. Sus coautoras y coautores —que terminaron el trabajo que él empezó— le dedican esta publicación. Es, en cierto sentido, un cierre apropiado para un índice pensado justamente para eso: para que el conocimiento generado en el terreno, con quienes viven el cambio climático en carne propia, no se quede sin traducirse en algo que sirva. Café, agave, bosque, ganado… son maneras distintas de habitar el campo mexicano, y ahora, por primera vez, se cuenta con una sola herramienta para evaluar y monitorear qué tan preparadas están las personas que los sostienen.

El Índice de capacidad adaptativa SAbERES fue elaborado por Patricia Ruiz García, con la colaboración de Manuel Cervera, José Iván Zúñiga, Zadya Vargas, Ana Cecilia Conde Álvarez, Alejandro I. Monterroso Rivas, Rebeca Lomelí.