La seguridad vial es un asunto de protección de la vida y de salud pública. Según las cifras publicadas por la Agencia Nacional de Seguridad Vial, de continuar la tendencia actual, Colombia podría registrar este año más de 10.000 personas fallecidas por siniestros viales, además de miles de personas lesionadas, muchas de ellas con consecuencias permanentes para sus vidas y sus familias. Para dimensionar esta pérdida, equivale a que cada semana fallecieran los ocupantes de un avión con cerca de 200 pasajeros.

Reducir estas pérdidas es una responsabilidad colectiva. Requiere infraestructura y vehículos seguros, educación y cultura ciudadana, y el cumplimiento efectivo de las normas de tránsito por todos los actores en las vías. Los conductores tienen la responsabilidad de conocer y respetar los límites de velocidad; mientras que las autoridades deben crear condiciones para prevenir los riesgos y proteger a todas las personas en las vías.

En el mundo se ha comprobado que la velocidad es uno de los factores que más inciden en la ocurrencia y gravedad de los siniestros. Por esta razón, el control de velocidad y la fotodetección deben entenderse como instrumentos para modificar comportamientos de riesgo para prevenir muertes y lesiones, y no principalmente como mecanismos sancionatorios y de recaudo.

La evidencia de Bogotá muestra que estos instrumentos funcionan. En una investigación  realizada por WRI Colombia en 2024 y actualizada para 2025 se encontró que, en los tramos donde operan este tipo de cámaras, el número de personas que fallecen se redujo en cerca del 30 %. Este efecto se ha mantenido desde su implementación y se observa entre los distintos actores viales: peatones, ciclistas, motociclistas y conductores de automóviles.

Este resultado lo corroboran otras instituciones. Según cifras analizadas por el Instituto para la Política de Transporte y Desarrollo (ITDP, por sus siglas en inglés), estos dispositivos han logrado reducir el número de personas fallecidas entre el 18 % y 30 %. Para la Secretaría Distrital de Movilidad de la ciudad, dicha disminución ha sido del 27 %.

Adicionalmente a la reducción de personas fallecidas, en las zonas en donde se han ubicado las cámaras se ha logrado ordenar el flujo de vehículos, aumentando la velocidad promedio casi en 2 %, de acuerdo con estimaciones realizadas por la propia Secretaría Distrital de Movilidad.

Así como los actores viales tienen la responsabilidad de cumplir las normas, las autoridades deben garantizar que la fotodetección opere con rigor y transparencia, sobre el único principio de proteger la vida. Esto exige cumplir los criterios técnicos de la Agencia Nacional de Seguridad Vial y el marco definido por la Corte Constitucional, así como garantizar su señalización adecuada, trazabilidad, control institucional e información pública sobre los resultados. La seguridad vial debe orientar cada decisión, no los incentivos asociados al recaudo.

La seguridad vial requiere políticas de movilidad basadas en evidencia, orientadas en este caso en reducir las muertes y las lesiones. Y los resultados de Bogotá demuestran que esta política de seguridad vial, enfocada en gestionar la velocidad y controlar su cumplimiento mediante la fotodetección, protege la vida. Su objetivo final no es sancionar. Es lograr que cada vez haya menos razones para hacerlo porque cada vez más personas llegan seguras a su destino.

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