México frente al reto de poner precio al carbono: un debate sobre justicia climática y competitividad con WRI México

• México cuenta con dos instrumentos principales de precio al carbono: el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) y los impuestos al carbono.
• El reto central es coordinar ambos mecanismos para ampliar cobertura, evitar duplicidades y garantizar certeza ambiental y económica.
• Los ingresos derivados del precio al carbono pueden reinvertirse en eficiencia energética, energías renovables y programas de transición justa.

Ciudad de México, 10 de octubre de 2025. En el marco de México por el Clima: Semana de Acción, se llevó a cabo el panel “Instrumentos de precio al carbono”. La conversación fue moderada por Luisa Montes (Ecovalores) y contó con la participación de Luis Miguel Galindo (Director de Clima, Economía y Finanzas de WRI México), José Ramón Ardavín (CESPEDES) y Karina Caballero (Posgrado de Economía, UNAM).

Luis Miguel Galindo destacó que no existe un escenario económicamente viable de transición climática sin un precio al carbono. Señaló que este instrumento debe diseñarse bajo una estrategia integral de administración de riesgos, considerando no solo la política pública, sino también factores tecnológicos, de demanda y de reputación que afectan la competitividad de sectores industriales.

También expuso que la experiencia internacional demuestra la necesidad de contar con mecanismos de estabilidad de precios, como pisos o techos, para evitar fluctuaciones que debiliten las señales de inversión. En este sentido, un esquema híbrido que combine impuestos al carbono con el Sistema de Comercio de Emisiones (SCE) permitiría aprovechar lo mejor de ambos: certeza ambiental y generación de ingresos fiscales que podrían destinarse a programas sociales y de transporte público.

José Ramón Ardavín explicó que el sistema de comercio de emisiones enfrenta un reto adicional al coexistir con distintos gravámenes. Las empresas pueden llegar a pagar, de manera simultánea, el IEPS federal, impuestos estatales, el propio SCE y el requisito de energías limpias, lo que encarece de forma considerable su operación. Ante esta complejidad, propuso avanzar hacia una armonización regulatoria que establezca un marco más claro y coherente para el precio del carbono, reduciendo cargas duplicadas y ofreciendo mayor certidumbre al sector productivo.

Karina Caballero subrayó que el impuesto al carbono y el SCE no deberían ser excluyentes, sino complementarios, ya que abarcan diferentes fuentes de emisiones. Explicó que el impuesto se aplica principalmente a combustibles, mientras que el comercio regula emisiones directas de procesos como el cemento, donde además de quemar combustibles fósiles se libera CO₂ en la producción. Señaló que el diseño debe garantizar que no se dupliquen cobros sobre las mismas emisiones, sino que cada mecanismo cumpla con objetivos diferenciados y complementarios.

Más allá del diseño técnico, Galindo recalcó la importancia de construir una narrativa nacional sobre la transición climática, que no se perciba solo como un costo, sino como una ventaja económica, social y ambiental. Subrayó que alcanzar un consenso cultural y social favorable requiere mostrar que la mitigación puede generar empleos, modernizar la economía y mejorar la distribución del ingreso.

Con un ejemplo ilustrativo, explicó que hoy en día los hogares destinan entre 15% y 20% de su gasto a transporte y energía. Avanzar en estrategias de electrificación y acceso a energías limpias permitiría transformar esos recursos en beneficios directos para la población.

El panel dejó claro que México ya cuenta con las piezas, pero debe orquestarlas en un diseño híbrido: reglas claras, un sistema de medición, reporte y verificación (MRV) sólido y un esquema que combine certeza ambiental y económica.

Para WRI México, avanzar en esta agenda no es solo un asunto técnico o fiscal: es la oportunidad de repensar el modelo de desarrollo del país y abrir un futuro más competitivo, equitativo y sostenible para todas y todos.