• Una mesa interinstitucional convocada por WRI Colombia evidenció que, aunque el país tiene herramientas económicas sofisticadas, el principal obstáculo es la desarticulación entre entidades y con las preguntas estratégicas de política pública.

  • El diagnóstico preliminar identificó al menos nueve estudios aplicados, pero mostró un sesgo: la mayoría mide mitigación, mientras la adaptación sigue siendo marginal, con poca incorporación de efectos territoriales y variables de desigualdad y pobreza.

  • Se delineó una hoja de ruta 2026–2030 con tres prioridades: fortalecer una mesa técnica permanente en el Comité de Gestión Financiera de SISCLIMA; mejorar el acceso e interoperabilidad de datos; e integrar el riesgo climático y la transición energética en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en la discusión del CARF.

Bogotá, 25 de febrero de 2026. En un espacio de trabajo convocado por WRI Colombia, representantes del Gobierno nacional, la academia y organismos internacionales analizaron cómo el país puede mejorar el uso de herramientas económicas para respaldar la toma de decisiones frente al cambio climático.

La mesa reunió a los equipos técnicos del Departamento Nacional de Planeación (DNP), el Banco de la República, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público y el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible. El punto de partida dejó en evidencia una paradoja: Colombia cuenta con instrumentos sofisticados de análisis económico, pero no ha logrado articularlos de manera efectiva.

Un diagnóstico claro: el reto es la coordinación

Durante el encuentro se presentaron resultados preliminares de una investigación de WRI Colombia sobre las herramientas de análisis económico disponibles para apoyar decisiones de política climática. Este diagnóstico identificó al menos nueve estudios aplicados en el país, incluidos los modelos utilizados por el DNP y por organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional.

Sin embargo, la investigación reveló un sesgo importante: la mayoría de estas herramientas están diseñadas para medir impactos en reducción de emisiones, mientras que la adaptación al cambio climático sigue siendo marginal en las evaluaciones.

“Solo uno de los estudios incluye evaluaciones de efectos territoriales y apenas los más recientes empiezan a incorporar variables de desigualdad y pobreza. La adaptación continúa siendo un vacío”, afirmó María del Mar Cantero, especialista en Economía del programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia. Agregó además que la ausencia de métricas claras en este frente dificulta su priorización en la inversión pública y privada.

La discusión permitió ir más allá del inventario técnico. El consenso fue que el principal cuello de botella no es la falta de herramientas, sino la desarticulación entre entidades y con las preguntas estratégicas desde la política pública.

“La pregunta no es qué herramienta tenemos, sino qué problema queremos resolver. Luego vemos si esa herramienta sirve”, resumió Fabián Villalba, líder técnico de estudios económicos del desarrollo sostenible del DNP.

Los participantes identificaron vacíos temáticos, limitaciones en la disponibilidad de datos, dificultades para consolidar equipos especializados y para comunicar los resultados y limitaciones de los modelos. También señalaron la necesidad de contar con mejores insumos para evaluar impactos territoriales y sectoriales, por ejemplo, en regiones dependientes de actividades como la minería de carbón.

Datos: abundantes, pero fragmentados

El acceso a la información fue otro eje central de la conversación. Aunque Colombia produce datos de calidad, estos no fluyen con facilidad entre entidades.

Desde el Banco de la República se señaló que, sin información detallada sobre el destino de los créditos a nivel municipal, es difícil estimar los riesgos financieros ante desastres naturales. Por su parte, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público destacó la importancia de que los datos generados por las entidades responsables de producir información estadística y climática sean más accesibles, evitando trámites que retrasan la toma de decisiones.

El espacio permitió trazar una hoja de ruta preliminar para el periodo 2026–2030 con tres prioridades centrales: primero, convertir el Comité de Gestión Financiera del Sistema Nacional de Cambio Climático (SISCLIMA) en una mesa técnica permanente que articule entidades; segundo, eliminar barreras de acceso e interoperabilidad de datos entre entidades públicas; y tercero, incorporar de manera explícita el riesgo climático y la transición energética en el Marco Fiscal de Mediano Plazo y en las discusiones del Comité Autónomo de la Regla Fiscal (CARF).

Más allá de los acuerdos formales, los asistentes valoraron el encuentro como un ejercicio inédito de coordinación interinstitucional. “Logramos llevar la discusión a un siguiente nivel: ¿qué hacemos? La idea es que de aquí salga una hoja de ruta viva, no un documento que se archive”, señaló Carolina Useche, directora del programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia.

Los insumos recogidos serán incorporados, de manera anónima, en la próxima publicación de WRI Colombia: “Herramientas económicas para políticas de cambio climático en Colombia: estado y oportunidades”.