El cambio climático se está acelerando, y con ello amenaza vidas, medios de subsistencia y economías en todo el mundo. Como respuesta, los países están redoblando sus esfuerzos para gestionar los riesgos climáticos y dejar atrás las industrias intensivas en carbono. Sin embargo, junto a los desafíos técnicos y financieros que plantea esta transición climática, existe una realidad política y social: sin una adecuada atención a la distribución de los costos y beneficios de la transición, la desigualdad y la resistencia política podrían aumentar, poniendo en riesgo el propio proceso de transición.

Un enfoque de transición justa aborda directamente este riesgo y construye un camino hacia un futuro más próspero, justo, sólido y resiliente. Al anticipar y gestionar los impactos sociales y económicos de la descarbonización, las políticas de transición justa ayudan a garantizar que los costos del cambio no recaigan de manera desproporcionada sobre las comunidades más vulnerables.

Cuando se implementan adecuadamente, las políticas de transición justa pueden abrir la puerta a una amplia participación en la nueva economía verde, fortalecer la protección social y la capacitación laboral, reforzar la resiliencia local frente a los impactos climáticos y movilizar a los actores no estatales en torno a los objetivos climáticos nacionales. En cambio, descuidar las consideraciones sociales y de equidad implica el riesgo de frenar el progreso, generar conflictos y dejar a las personas más expuestas tanto a los riesgos de la transición como a los impactos del cambio climático.

Para profundizar en la comprensión de los factores que permiten transiciones justas efectivas, WRI apoyó una serie de diálogos nacionales en ocho países: Brasil, Colombia, Etiopía, India, Indonesia, Kenia, Ruanda y Sudáfrica. De estos procesos surgieron cinco temas comunes como mecanismos clave: la participación e inclusión; la evaluación y gestión de los impactos sociales y económicos de la transición; la alineación de políticas entre sectores; el fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad institucional; y la movilización de financiamiento a gran escala.

Los estudios de caso ilustrativos de cada país muestran una evidencia clara: cuando estos factores habilitadores cuentan con apoyo, los esfuerzos hacia una transición justa pueden ganar impulso y acelerarse. Por el contrario, cuando estos se descuidan, las transiciones corren el riesgo de estancarse. A partir de las experiencias nacionales, estos cinco mecanismos pueden impulsar una acción climática equitativa, resiliente y políticamente viable.

1. Participación e inclusión

La participación inclusiva y significativa de las partes interesadas no es solo una cuestión de justicia: es fundamental para construir la legitimidad, la aceptación y el impulso necesarios para una transición exitosa. Garantizar una representación efectiva de los actores afectados, en especial de mujeres, jóvenes, trabajadores del sector informal y comunidades indígenas, permite que las políticas respondan a las realidades vividas, al tiempo que amplían la base social para la acción climática. Los enfoques ascendentes (es decir, construidos desde el territorio) que localizan los problemas y las soluciones fomentan la confianza, reducen los conflictos y garantizan que las comunidades más afectadas por la transición puedan influir en su orientación.

Kenia ofrece valiosas lecciones al respecto. La participación localizada, ya sea a través de investigaciones co-diseñadas con las comunidades, diálogos realizados en lenguas locales o foros que amplifican las voces de las mujeres y los grupos marginados, ha demostrado ser eficaz para arraigar las respuestas de política en la experiencia vivida.

Proyectos como Future Yetu, en los asentamientos informales de Nairobi, utilizaron la narración de historias para vincular los impactos climáticos con soluciones impulsadas por la comunidad. La organización Pastoralist Community Initiative and Development Assistance, en el norte de Kenia, movilizó a las comunidades de ganaderos mediante métodos culturalmente apropiados, asegurando que los planes climáticos reflejaran las prioridades locales. Los foros climáticos de mujeres en el condado de Kwale demostraron cómo los espacios dirigidos pueden generar soluciones prácticas, desde cultivos resistentes a la sequía hasta energía sostenible, que de otro modo podrían pasarse por alto. La lección es clara: la participación inclusiva fortalece tanto la calidad como la pertinencia de los resultados de política.

Brasil ha experimentado con la ampliación de la inclusión a nivel nacional. A través de la plataforma Brasil Participativo, se invita a la ciudadanía a proponer, debatir y votar ideas que alimentan la actualización del plan climático nacional del país. El proceso ya ha atraído a decenas de miles de participantes y ha generado más de un millar de propuestas. Si bien persisten desafíos (particularmente para llegar a comunidades sin acceso a internet o a energía confiable), la iniciativa demuestra cómo la democracia participativa puede aprovecharse para incorporar los principios de la transición justa en las estrategias nacionales.

En conjunto, estas experiencias resaltan que la participación y la inclusión no se tratan únicamente de proteger a los grupos vulnerables, sino también de ampliar la base social para la acción climática. Cuando las comunidades ven reflejadas sus prioridades en las políticas, es más probable que las apoyen y las defiendan. De este modo, la inclusión fortalece tanto la equidad como la sostenibilidad política de la transición, garantizando que pueda avanzar con legitimidad e impulso.

2. Evaluación y gestión de los impactos sociales y económicos de la transición

Una transición justa depende de comprender quiénes ganan, quiénes pierden y cómo se distribuyen los beneficios y los riesgos a medida que las economías se transforman. Sin este conocimiento, las políticas climáticas pueden generar consecuencias no deseadas que podrían afectar los medios de vida, profundizar las desigualdades y provocar resistencia. En cambio, un análisis cuidadoso de los impactos sociales y económicos permite a los gobiernos anticipar riesgos, diseñar protecciones específicas y aprovechar todo el potencial de crecimiento de una economía verde.

La experiencia de la India en la industria de la fabricación de ladrillos ilustra tanto los riesgos como las oportunidades. Las políticas de reducción de la contaminación están impulsando un cambio respecto a los hornos tradicionales, los cuales emplean a un gran número de trabajadores informales con redes de protección social limitadas. La introducción de tecnologías más limpias, como los hornos de tiro fijo tipo bull’s trench, puede reducir las emisiones y los impactos en la salud, pero su éxito depende de la inversión en capacitación tanto para los trabajadores como para los propietarios. Este ejemplo demuestra que las políticas climáticas deben ir acompañadas de estrategias para reentrenar a los trabajadores vulnerables y adaptar las tecnologías a los contextos locales. De lo contrario, las ganancias ambientales corren el riesgo de verse contrarrestadas por la desarticulación social.

Etiopía demuestra el poder de invertir en modelación y generación de datos para orientar la toma de decisiones. Al fortalecer la capacidad técnica en modelación de dinámica de sistemas, el gobierno ha podido proyectar los posibles costos y beneficios de distintas trayectorias de transición. Estos análisis revelaron oportunidades de crecimiento en los sectores de energías renovables, transporte, silvicultura y agricultura climáticamente inteligente, al tiempo que identificaron riesgos en la agricultura y la industria tradicionales. Los resultados alimentaron directamente la estrategia nacional de desarrollo con bajas emisiones a largo plazo y la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés), incorporando consideraciones sociales y económicas en la planificación del desarrollo nacional. Este tipo de modelación rigurosa puede ayudar a los gobiernos a gestionar los riesgos de forma proactiva, alineando las estrategias climáticas con el crecimiento económico y la generación de empleo.

3. Alineación de políticas entre sectores

La gestión de las transiciones climáticas no es responsabilidad de un solo ministerio. Los impactos de la descarbonización abarcan sectores como la energía, la industria, el trabajo, la agricultura, el transporte y la protección social. Por ello, lograr una transición justa requiere una acción coordinada en todo el gobierno. Los ministerios encargados de la planificación económica, los mercados laborales, la política industrial y la protección social deben trabajar de la mano con los ministerios sectoriales. Un marco nacional sólido que integre explícitamente los principios climáticos y de transición justa puede servir como base para esta alineación, garantizando que los objetivos económicos, sociales y ambientales se refuercen mutuamente en lugar de entrar en contradicción.

Colombia muestra cómo los marcos integrados pueden generar coherencia. Su estrategia climática de largo plazo (E2050) y su NDC incorporan los principios de transición justa a nivel nacional, mientras que las hojas de ruta sectoriales ofrecen orientaciones más detalladas. La Hoja de Ruta de transición energética justa del Ministerio de Minas y Energía establece los planes para descarbonizar el sector energético, expandir las energías renovables y diversificar las economías locales en las regiones dependientes del carbón. De manera complementaria, el Ministerio de Trabajo está desarrollando una Estrategia nacional de transición justa para la fuerza laboral, con un enfoque por fases, destinada a impulsar la creación de empleos verdes y la recualificación laboral en distintos sectores, comenzando por el energético y extendiéndose progresivamente a la agricultura, el transporte, el comercio y la construcción. Esta alineación interministerial garantiza que los esfuerzos de descarbonización se articulen con las estrategias del mercado laboral y la planificación del desarrollo regional, reduciendo así los riesgos de desarticulación y abriendo nuevas oportunidades de crecimiento.

Sin embargo, la experiencia de Colombia también pone de relieve la necesidad de cerrar las brechas entre los sectores público y privado. Los líderes empresariales expresaron su frustración por haber sido excluidos de las negociaciones internacionales sobre cambio climático, a pesar de ser actores esenciales para la implementación. En respuesta, el gobierno inició diálogos estructurados con el sector privado tras la Cumbre de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2024 (COP29), como un primer paso hacia una coordinación más efectiva. La lección que deja esta experiencia es clara: la alineación no solo debe darse entre ministerios, sino también entre gobiernos, empresas, trabajadores y sociedad civil. Sin la participación de estos distintos actores, la implementación se verá debilitada.

Más allá de la coordinación entre ministerios y sectores, Brasil demuestra los beneficios de alinear los objetivos sociales y económicos con las metas climáticas. Al poner énfasis en la creación de empleos de calidad, la reducción de las desigualdades y el apoyo prioritario a jóvenes, mujeres y comunidades marginadas, el nuevo Plan de transformación ecológica de Brasil garantiza que la descarbonización impulse un desarrollo inclusivo. Integrar la protección social, la atención sanitaria y el bienestar en la planificación de la transición genera seguridad para los trabajadores y las comunidades, mientras que los programas de desarrollo de habilidades preparan a las personas para aprovechar nuevas oportunidades. Este enfoque integral demuestra que, cuando las políticas sociales y climáticas se articulan, la transición se convierte en un motor tanto de equidad como de crecimiento.

Estos casos muestran que la alineación no es un ejercicio administrativo, sino un imperativo político y económico. Las respuestas coordinadas entre ministerios y con los actores sociales garantizan que la acción climática promueva el empleo, el crecimiento y la equidad. Cuando se logra coherencia en las políticas, las transiciones climáticas pueden generar amplios beneficios socioeconómicos y construir un apoyo duradero para una acción climática ambiciosa.

4. Fortalecimiento de la gobernanza y la capacidad institucional

La alineación de políticas, por sí sola, es insuficiente si no se tienen los mecanismos de gobernanza y la capacidad institucional necesarios para hacerla realidad. Gestionar una transición climática requiere contar con estrategias claras junto con la capacidad de coordinar acciones dentro del gobierno, involucrar a las partes interesadas e implementar programas sectoriales a gran escala. Las instituciones débiles o las responsabilidades fragmentadas pueden descarrilar incluso los planes mejor diseñados. En cambio, los sistemas de gobernanza sólidos que reúnen a una diversidad de actores, entre ministerios, niveles de gobierno, empresas, trabajadores y sociedad civil, crean la base para una implementación efectiva y un apoyo político sostenible.

Sudáfrica ofrece un valioso ejemplo de cómo pueden construirse estructuras de gobernanza que respalden una transición justa. En el plano consultivo, la Comisión Presidencial sobre el Clima (PCC, por sus siglas en inglés) ha desempeñado un papel fundamental en la construcción de consensos entre las partes interesadas. Presidida por el jefe de Estado e integrada por representantes del gobierno, el sector laboral, el empresariado, la sociedad civil, la juventud y los liderazgos tradicionales, la PCC ha proporcionado un espacio para negociar compensaciones, definir el Marco Nacional de Transición Justa y monitorear los avances. Su composición inclusiva ha otorgado legitimidad a la agenda de transición y ha contribuido a garantizar que se representen diversas perspectivas.

Sin embargo, la PCC es solo una parte de la solución en materia de gobernanza. La capacidad de implementación se ha fortalecido con la creación de la Unidad de Gestión del Proyecto de Transición Energética Justa (JET PMU, de acuerdo con sus siglas en inglés), que brinda apoyo técnico y de coordinación al gobierno. A través de un comité interministerial, la JET PMU ha garantizado la supervisión política al más alto nivel, al tiempo que promueve la alineación entre los distintos departamentos. De manera clave, ha apoyado a los ministerios sectoriales, como los de Energía, Transporte y Educación Superior, para que lideren la ejecución de componentes específicos del Plan de Inversión en Transición Energética Justa. Los gobiernos subnacionales (provincias y municipios) también han participado como aliados en la transición energética. Esta estructura dual, que combina mecanismos consultivos participativos con una unidad operativa de coordinación, ha permitido que Sudáfrica avance del diseño a la implementación.

La lección es clara: la capacidad de gobernanza es tan importante como los recursos técnicos y financieros. Los países necesitan instituciones capaces de integrar las voces de las partes interesadas, construir consensos y monitorear el progreso, al mismo tiempo que garantizan que los ministerios sectoriales, los gobiernos subnacionales y los actores sociales cuenten con la capacidad necesaria para cumplir sus respectivos roles. Cuando la gobernanza es sólida, las transiciones ganan coherencia, legitimidad e impulso. Cuando esta es débil, las políticas corren el riesgo de estancarse o fragmentarse.

5. Movilización de financiamiento a gran escala

Una transición justa no puede lograrse sin financiamiento, no solo para las tecnologías de descarbonización, sino también para las medidas sociales y económicas que la hacen justa y duradera. Se requiere inversión para reentrenar a los trabajadores, diversificar las economías regionales, fortalecer la protección social y construir resiliencia en las comunidades vulnerables. Por ello, movilizar financiamiento a gran escala, tanto de fuentes nacionales como internacionales, públicas y privadas, es fundamental.

De manera crucial, las estrategias de financiamiento deben diseñarse para garantizar una distribución equitativa de los beneficios, llegando no solo a los grandes proyectos de infraestructura, sino también a las pequeñas empresas, los trabajadores informales y las iniciativas comunitarias que son esenciales para transiciones verdaderamente inclusivas.

La experiencia de Indonesia muestra tanto las oportunidades como las brechas en la alineación del financiamiento con los objetivos de una transición justa. En 2022, el Ministerio Coordinador de Asuntos Marítimos e Inversiones del país lanzó la Alianza Global de Financiamiento Combinado (GBFA, por sus siglas en inglés), con el objetivo de movilizar y ampliar los instrumentos de financiamiento mixto para apoyar las metas climáticas y de desarrollo. Al fortalecer la capacidad institucional y fomentar las alianzas multiactor, la GBFA podría desempeñar un papel importante en el financiamiento de los esfuerzos de transición.

Sin embargo, las dificultades para canalizar fondos globales (como la Asociación para la Transición Energética Justa) hacia los actores del sector industrial ponen de relieve un desafío persistente: los recursos suelen fluir hacia los gobiernos y las empresas estatales, mientras que los actores del sector privado, incluidas las empresas locales que generan empleo e impulsan la diversificación regional, siguen enfrentando limitaciones. Por ello, los marcos de financiamiento deben incluir deliberadamente mecanismos que apoyen a las empresas, los trabajadores y las regiones más expuestas a los riesgos de la transición, garantizando que los flujos financieros se extiendan más allá del sector energético hacia las prioridades sociales y económicas más amplias.

Ruanda ofrece otra perspectiva sobre cómo el financiamiento puede impulsar los resultados de una transición justa. Con el apoyo del Banco Mundial, el Fondo de Energías Renovables amplió el acceso a la electricidad a más de dos millones de personas, generó más de cuatro mil empleos y catalizó la inversión privada en el país. Estos son importantes co-beneficios sociales y económicos. Sin embargo, el gobierno ha identificado una brecha significativa de financiamiento para alcanzar la electrificación universal y enfrenta obstáculos como altas tasas de interés locales y limitados mecanismos financieros especializados. La lección aquí es que las estrategias de financiamiento deben estructurarse de manera intencionada para promover la equidad y la resiliencia: al fortalecer la capacidad del sector financiero local, adaptar instrumentos, como los bonos verdes o los bonos de impacto, a los contextos nacionales y priorizar la asequibilidad para los hogares vulnerables, el financiamiento puede convertirse en un motor no solo para el acceso a la energía, sino también para la participación económica inclusiva y el desarrollo regional.

Estos ejemplos demuestran que movilizar financiamiento a gran escala no se trata solo de obtener capital para infraestructura baja en carbono, sino también de diseñar mecanismos financieros que incorporen las prioridades de una transición justa. Al financiar explícitamente la capacitación, la diversificación económica, el apoyo social y la resiliencia, las estrategias de financiamiento pueden liberar los beneficios socioeconómicos de la transición y generar un apoyo público y político duradero a la acción climática.

Intercambiar lecciones aprendidas entre países para apoyar transiciones justas

Las experiencias de Brasil, Colombia, Etiopía, India, Indonesia, Kenia, Ruanda y Sudáfrica muestran que, aunque las trayectorias difieren, la lección de fondo es la misma: las transiciones justas funcionan mejor cuando combinan ambición con inclusión. En todos estos contextos, cinco mecanismos (participación e inclusión; comprensión de los impactos sociales y económicos; alineación de políticas; capacidad de gobernanza; y estrategias de financiamiento) han surgido como elementos clave para garantizar que la acción climática genere no solo reducciones de emisiones, sino también empleo, resiliencia y equidad.

Descuidar estas dimensiones implica riesgos de desarticulación social, resistencia política y estancamiento del progreso. En cambio, fortalecerlas otorga legitimidad, amplía la base social de la acción climática y abre oportunidades económicas que hacen de la transición un proceso tanto justo como viable. Es importante subrayar que la dimensión de equidad no se limita a la descarbonización: los impactos del cambio climático recaen con mayor fuerza sobre las comunidades vulnerables, lo que convierte a la resiliencia y la protección social en componentes esenciales de una transición justa.

Las experiencias de los países analizados destacan la importancia del intercambio de aprendizajes entre naciones. Aunque ningún modelo puede replicarse íntegramente, los desafíos y soluciones comunes subrayan el valor de compartir conocimiento y buenas prácticas entre contextos. Construir plataformas para este intercambio, especialmente entre los países del Sur Global, será fundamental para acelerar el progreso.

Las transiciones justas no son solo un imperativo moral, sino también una necesidad práctica para una acción climática eficaz y políticamente viable. Al incorporar las prioridades sociales y económicas en las estrategias de transición, los países pueden transformar los riesgos del cambio climático en una oportunidad para un crecimiento inclusivo y un desarrollo resiliente.

Este artículo fue publicado originalmente en inglés en WRI.org