¿Qué es la Transición Justa y por qué es crucial para Colombia?
Este artículo es el primero de una serie de tres que exploran la transición justa de Colombia hacia una sociedad más sostenible y resiliente al cambio climático. El primer artículo presenta el concepto de transición justa, así como sus avances en Colombia. El segundo artículo explora el programa de comunidades energéticas y aborda sus retos y oportunidades como estrategia de transición energética justa. El último artículo describe las transformaciones que plantea la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050. Esta serie compila las reflexiones y los resultados del trabajo que adelanta el programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia desde el 2023.
La transición justa es un pilar fundamental en la transformación de Colombia hacia una economía baja en carbono y resiliente al cambio climático. El cierre de operaciones mineras en el país ejemplifica los profundos impactos que puede generar la transición de un modelo extractivista y alto en emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) hacia una economía más sostenible y diversificada. Esta realidad pone de manifiesto la necesidad de adoptar un enfoque de transición justa en las políticas nacionales y locales, garantizando que los cambios estructurales no profundicen las desigualdades existentes y que las comunidades más vulnerables sean parte activa del proceso. En este artículo, exploramos los avances, desafíos y oportunidades de la transición justa en Colombia, destacando la importancia de fortalecer la articulación entre el sector público y privado para asegurar una transformación equitativa y sostenible.
En 2021, las minas de carbón Calenturitas y La Jagua cesaron sus operaciones mineras en el departamento del Cesar, al norte de Colombia, debido a la baja cotización del carbón térmico en los mercados globales. Esta decisión ha generado importantes impactos sociales y económicos en la región. Uno de los principales efectos ha sido la pérdida de alrededor de 14.000 empleos, lo que ha dejado a muchas familias afectadas. Del mismo modo, municipios como La Jagua de Ibirico, El Paso y Becerril, donde operaban las minas, han visto cómo sus ingresos fiscales se han disminuido considerablemente, debido a la falta de ingresos por regalías, afectando la financiación de proyectos locales y la provisión de servicios públicos.
El departamento del Cesar ha reducido su producción anual de carbón en aproximadamente 20 millones de toneladas entre 2019 y 2023. Esta tendencia podría continuar, ya que en 2025 está programado el cierre de la primera de las cinco minas que aún están en operación, lo que podría empeorar la situación económica de la región.
El reciente fallo de la justicia colombiana sobre el cierre de minas de carbón en el Cesar marca un hito en la transición justa del país. La sentencia establece la obligación de garantizar la reparación integral de los territorios afectados por el cierre de las minas, reconociendo la responsabilidad de las empresas y el Estado en la mitigación de los impactos socioeconómicos y ambientales. Esta decisión refuerza la necesidad de planificar de manera estructurada el proceso de transición, asegurando que las comunidades afectadas no queden en el abandono y que se implementen medidas efectivas para diversificar la economía local.
Este artículo busca explicar qué es la transición justa y resaltar su importancia para Colombia en el contexto de la transformación hacia una sociedad con una economía baja en carbono, así como los avances del país en este tema.
Transición Justa y su Evolución en el Tiempo
La Transición Justa es un enfoque que busca asegurar que la transformación hacia una sociedad más sostenible y baja en emisiones beneficie a todas las personas de manera equitativa. Esto porque los impactos del cambio climático en las comunidades son desiguales, así como los impactos de las acciones o medidas que se adelanten para reducir las emisiones de GEI. La idea principal es distribuir de manera equitativa los costos y beneficios de esta transición, maximizando los beneficios de la acción climática y reduciendo los impactos negativos en las comunidades y en las y los trabajadores.
Sin una adecuada planeación, las políticas para abordar el cambio climático podrían agravar las desigualdades existentes, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables de la sociedad, como las personas con bajos ingresos, las comunidades indígenas, entre otros. Una transición justa reconoce estos riesgos y busca garantizar que las acciones climáticas promuevan la equidad social, protegiendo a quienes podrían enfrentar mayores desafíos en este proceso.
El concepto de transición justa surgió en los años 70 en Estados Unidos como una respuesta del movimiento sindical a la pérdida de empleos en sectores como el carbón y el acero. Inicialmente enfocado en proteger los derechos laborales, el término evolucionó en los 90 para incluir la justicia social y la equidad, abordando los impactos sobre comunidades enteras. En 2015 el Acuerdo de París incluyó transición justa en su preámbulo, destacando el respeto a los derechos humanos y laborales en el marco de las políticas climáticas.
En 2015, Sudáfrica fue el único país que mencionó una transición justa en su Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y fue solo a partir de la COP26 en 2021 que los principios de Transición Justa comenzaron a integrarse en los planes climáticos nacionales y en las NDC de los demás países. En América Latina y el Caribe, países como Colombia, México, Chile, Argentina, Bolivia, Costa Rica, República Dominicana, entre otros, han incorporado el concepto de transición justa en sus NDC.
En la COP28 de Dubái, se definieron siete elementos clave para orientar las transiciones justas, como la creación de empleos decentes, la inclusión social, la cooperación internacional y la adaptación local, enfatizando la necesidad de enfoques participativos y sostenibles. Del mismo modo, se busca hacer un especial énfasis en la participación de grupos vulnerables, incluidas comunidades indígenas, mujeres y jóvenes, en la planificación y ejecución de las transiciones. También se destacó la necesidad de cooperación internacional y la movilización de recursos financieros para apoyar a los países en desarrollo en sus transiciones.
En 2024, los diálogos del Programa de Trabajo Sobre Transición Justa (JTWP, por sus siglas en inglés) en Bonn y Sharm el-Sheikh destacaron desafíos como barreras financieras, la necesidad de empoderar a comunidades locales y la coherencia en las políticas nacionales. Estos espacios resaltaron la importancia de la cooperación multilateral y el intercambio de conocimientos para superar obstáculos comunes.
Transición Justa en Colombia
Colombia ha incluido la transición justa como un componente central de sus políticas climáticas. La NDC del país, presentada en 2020, reconoce que la transición justa de la fuerza laboral es uno de los elementos transversales e integradores de la acción climática y la relaciona directamente con las metas sobre educación, formación y sensibilización, para incorporar el tema en la educación formal y en la educación para el trabajo y el desarrollo humano.
Una aproximación más amplia se encuentra en la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050). La E2050 propone una Transición Socio-Ecológica (TSE) con una línea de tiempo con hitos a alcanzar a 2030, 2040 y 2050. Las TSE se refieren a los cambios integrales en los sistemas sociales y ecológicos que buscan un equilibrio más sostenible entre la actividad humana y el entorno natural. Estas transiciones suelen implicar una transformación profunda en la manera en que las sociedades organizan sus actividades económicas, políticas y sociales en relación con el medio ambiente. Del mismo modo, la E2050 incluye una apuesta específica sobre la transición justa de la fuerza laboral que lidera el Ministerio de Trabajo.
El Ministerio de Trabajo, con el apoyo de la Organización Internacional de Trabajo (OIT), formuló la Estrategia Nacional de Transición Justa de la Fuerza Laboral, que incluye hojas de ruta específicas para los sectores minero-energético; agropecuario y transporte; comercio, industria y turismo; y sector de la construcción. La estrategia busca abordar las necesidades de reconversión laboral, de modo que se potencialice la creación de empleos decentes que contribuyan a preservar y restaurar el medio ambiente, fomentar empresas productivas y garantizar el bienestar de los trabajadores.
Por otro lado, el Ministerio de Minas y Energía también ha sido un actor relevante, con iniciativas para descarbonizar el sector energético y fomentar la diversificación económica en regiones dependientes de la minería y los hidrocarburos, especialmente en los departamentos productores de petróleo y carbón, tales como Meta, Casanare, Arauca, La Guajira, Cesar y Putumayo.
Diálogos sectoriales impulsados por WRI
De cara a la COP29 en Bakú, Azerbaiyán, WRI Colombia organizó junto con el Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible diálogos para abordar el tema de transición justa con actores del sector público como los ministerios de Trabajo; Minas y Energía; Hacienda y Crédito Público; Agricultura y Desarrollo Rural; Igualdad y Equidad; Vivienda, Ciudad y Territorio; Educación Nacional y otras entidades gubernamentales, y actores del sector privado como asociaciones de empresarios, empresas del sector minero-energético, construcción, alimentos y bebidas, entre otros.
Estos diálogos tuvieron como objetivo reunir actores involucrados o relacionados con la transición justa en Colombia con el fin de identificar colectivamente las necesidades, retos, desafíos y perspectivas que implica este proceso en el país. Entre los principales resultados de los diálogos se destaca:
- Necesidades, claves para avanzar en la transición justa: Es necesario fortalecer los diálogos sociales para garantizar que la transición no genere nuevos conflictos y pueda contribuir a la construcción de paz. También se planteó la importancia de implementar plataformas de aprendizaje y centros de formación para la transición justa en todo el país.
- Retos y desafíos en la articulación de actores: Entre los principales retos para adelantar una transición justa se reconoció la falta de articulación efectiva entre instituciones del sector público y privado, para orientar entre otros temas cómo adelantar y qué implica la transición justa. Asimismo, se identificaron barreras legales para avanzar en procesos críticos como la transición energética. En el ámbito público, se identificó una fuerte dependencia de los ingresos por combustibles fósiles, lo que limita las posibilidades de financiar una transición sostenible.
- Retos y desafíos para el financiamiento: Persisten dificultades para acceder a financiamiento para hacer la transición a economías más sostenibles, especialmente para pequeñas empresas. Es fundamental diseñar mecanismos financieros e incentivos innovadores que permitan escalar proyectos sostenibles y mejorar la colaboración entre el sector bancario y las empresas, ya que el país tiene un problema de costeo de sus medidas de cambio climático y de transición justa. Actualmente, el país depende de las rentas de la venta de combustibles fósiles para financiar el cierre de brechas sociales y ambientales, lo que genera una relación de interdependencia. Esto plantea retos adicionales para las medidas de transición, especialmente considerando que el país no quiere asumir más deuda para estos fines. Además, los actores públicos y privados coinciden en la importancia de avanzar en el desarrollo y materialización de empleos verdes como parte de las alternativas para una reconversión laboral y el cierre de brechas laborales.
- Perspectivas, adaptar modelos a la realidad colombiana: La transición justa en Colombia debe ajustarse a sus particularidades sociales, económicas y territoriales. No es viable replicar modelos internacionales sin adaptaciones. Por ello, se requiere integrar enfoques diferenciales y de género, tanto en políticas públicas como en iniciativas empresariales, y asegurar que las discusiones locales sean valoradas a nivel nacional. Con una visión cohesionada y adaptada, Colombia puede convertir su transición en una oportunidad para promover equidad, sostenibilidad y paz.
Aunque Colombia viene haciendo importantes esfuerzos en avanzar y acelerar la transición justa, los retos son grandes dadas las circunstancias nacionales respecto a múltiples factores como el orden público, la alta migración interna y extranjera, la falta de empleos de calidad (especialmente para mujeres, jóvenes y población campesina) y la brecha urbano-rural, entre otros. A estos retos se suma la necesidad urgente de fortalecer la comprensión del tema, no solo entre los actores del sector privado, sino también en algunos sectores del ámbito público, para que puedan impulsar y dinamizar su implementación en sus respectivos entornos.
El sector privado juega un rol estratégico para impulsar y acelerar la transición justa en el país, pero reclama la optimización de canales de diálogo con las instituciones públicas, de modo que se reconozca su papel y, a su vez, puedan tener mayor injerencia en la elaboración de las políticas públicas y otros instrumentos en torno al tema. La falta de coordinación y articulación interinstitucional se percibe como uno de los principales obstáculos para desarrollar estrategias coherentes entre las instituciones gubernamentales y, en consecuencia, para avanzar de manera efectiva en la transición justa en Colombia.
Así, Colombia tiene la oportunidad de ajustar algunos de sus procedimientos internos y avanzar en ejercicios de planeación rigurosos que permitan incluir las transiciones justas entre los temas prioritarios que se deben trabajar en el marco de la Comisión Intersectorial de Cambio Climático (CICC), así como también en los Nodos Regionales de Cambio Climático. Estos ajustes pueden contribuir a que el país se posicione como un referente en la región, integrando los principios de justicia social y ambiental en su camino hacia la resiliencia climática, demostrando que el desarrollo sostenible y la equidad no solo son compatibles, sino interdependientes. Frente a todos estos retos y gracias a las valiosas lecciones aprendidas que pudieron ser recogidas durante los diálogos de país, WRI continuará apoyando a los actores públicos nacionales y regionales, así como también a los actores del sector privado para lograrlo.
En nuestra próxima entrega exploraremos el programa de Comunidades Energéticas en Colombia y el papel de estas iniciativas en la Transición Energética Justa del país, destacando su importancia para la democratización del acceso a la energía y el desarrollo sostenible de comunidades vulnerables. A través de estudios de caso en cuatro regiones, analizaremos los retos y oportunidades de las comunidades energéticas, incluyendo financiamiento, regulación y capacitación.