Cómo incorporar mujeres conductoras al transporte público: lecciones desde México

México enfrenta una falta de personas conductoras de transporte terrestre, tanto de pasajeros como de carga, lo que afecta directamente la calidad y eficiencia del servicio. La incorporación de mujeres conductoras es una oportunidad para beneficiar a miles de mujeres y sus familias, promover el desarrollo económico en el país, y remediar uno de los principales problemas que enfrenta hoy el sector transporte.

De acuerdo con los datos más recientes de los Censos Económicos de INEGI (2019), de las casi 157 mil personas que trabajaban en transporte terrestre de pasajeros en México (exceptuando ferrocarriles), el 90% son hombres y el 10% mujeres. La representación de mujeres es menor en los servicios específicos de autobuses y sistemas BRT donde sólo representan un 7% de los empleos; por otro lado, su representación es mayor en servicios de tren ligero/trolebuses y en el metro, con proporciones de 18% y 36%, respectivamente. Esta brecha es el resultado acumulado de una serie de barreras estructurales históricas a la incorporación de las mujeres en sectores productivos, y el transporte es un sector que se percibe como particularmente masculino. 

La baja participación de mujeres en la economía genera costos en productividad y desarrollo económico. De acuerdo con el Banco Mundial (2020), si en México las mujeres participaran en el mercado laboral en la misma proporción que los hombres, se tendría un incremento del 22% del Producto Interno Bruto (PIB).

En este contexto, y adicional a otras iniciativas, la Cooperación Técnica Alemana en México (GIZ México) ha acompañado el diseño e implementación del Programa de Mujeres Conductoras en Oaxaca, y junto con WRI México se ha apoyado a que otras ciudades puedan iniciar la réplica de este Programa. A continuación, se presentan los aprendizajes derivados de estos procesos, identificando qué ha funcionado, qué puede mejorarse y qué condiciones son necesarias para implementar un programa de este tipo.

¿Qué es un Programa de Mujeres Conductoras?

Un Programa de Mujeres Conductoras es una política pública enfocada en el transporte que incorpora la perspectiva de género. Se tienen dos objetivos complementarios: incrementar la oferta de personas conductoras para el transporte y reducir la brecha de desigualdad laboral y salarial que enfrentan las mujeres en un sector históricamente masculinizado. 

Estos objetivos se logran a través de procesos de capacitación y certificación de competencias que permiten a las mujeres obtener licencias de conducción profesionales para el servicio público. A ello se suman apoyos económicos para la formación y los trámites administrativos, lo que contribuye a reducir las barreras de entrada. Asimismo, la vinculación laboral con empresas de transporte es un factor clave para garantizar el éxito de estos programas.

Beneficios documentados

En 2023, el equipo de WRI México analizó la implementación del Programa de Mujeres Conductoras en Jalisco en colaboración con GIZ México, en el marco de la iniciativa TUMI E-Bus Mission: acelerando la adopción masiva de buses eléctricos a nivel mundial. Entre los beneficios destacan:

• Para las mujeres: acceso a empleo formal con mejores salarios y beneficios acorde a la ley, mejorando también la situación económica de sus familias.
• Para las empresas operadoras: menor rotación de personal, menor ausentismo y conducción más segura.
• Para las personas usuarias: percepción de mayor seguridad en el transporte, en particular para infancias y mujeres.

Seis condiciones para una implementación exitosa

Si bien estos beneficios son claros y consistentes en diversas experiencias en México y América Latina, es necesario entender las condiciones para su implementación y evitar errores comunes. Con base en los casos de Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo, WRI ha identificado un conjunto de elementos habilitadores que las autoridades deben considerar antes de diseñar e implementar un Programa de Mujeres Conductoras.

1. Marco normativo: identificar y remover barreras

En el caso de Jalisco, una barrera relevante era la exigencia de contar con una licencia de chofer por al menos cuatro años para acceder a la de transporte público. Esto limitaba la incorporación de mujeres, cuya participación en el sector es baja. El reglamento se reformó para requerir cualquier tipo de licencia por dos años.

El aprendizaje es que se necesita revisar la forma en que el marco normativo vigente puede suponer una restricción a los objetivos del programa, e identificar los ajustes razonables que son necesarios para el éxito del programa, sin descuidar los principios de la movilidad segura.  Esto implica analizar leyes estatales de movilidad y reglamentos de licencias. Los cambios deben iniciarse antes de implementar el programa.

2. Gobernanza: la importancia de la colaboración

En Jalisco y Oaxaca, los programas se construyeron mediante coordinación interinstitucional entre autoridades de transporte, instancias de género e instituciones educativas, sumando en algunos casos salud, trabajo y finanzas.

Este enfoque permite aprovechar capacidades complementarias y mitigar riesgos ante cambios administrativos. Resulta necesario establecer una mesa interinstitucional con roles definidos, así como mecanismos claros de decisión y seguimiento.

3. Financiamiento: suficiente, sostenible y colaborativo

En Jalisco se observó una paradoja: un presupuesto acotado limita cobertura, pero facilita su sostenibilidad. Se requieren recursos suficientes, sin que el monto se vuelva una barrera política.

La coordinación interinstitucional permite aprovechar recursos existentes. Se debe financiar el diseño curricular, materiales, herramientas (vehículos o simuladores), becas durante la capacitación y costos administrativos como licencias, además de acciones de comunicación.

El financiamiento no tiene que ser exclusivamente público; puede incluir cooperación internacional o cofinanciamiento con empresas de transporte. En cualquier caso, el gobierno debe mantener control sobre el diseño curricular y su alineación con movilidad sostenible y perspectiva de género.

4. Formación: diseño con perspectiva de género

El diseño curricular no debe limitarse a componentes técnicos. Debe adaptarse a las condiciones de las participantes e integrar una visión amplia de movilidad y desarrollo profesional.

El análisis del perfil de las participantes —incluyendo empleo y responsabilidades de cuidado— resulta fundamental. Horarios rígidos o sedes inaccesibles reducen la participación. En Jalisco, la flexibilización y modalidad remota aumentaron la finalización del 60% al 75%.

En Oaxaca, el programa se estructuró en tres bloques: técnico, habilidades socioemocionales y proyecto de vida. Incorporar la perspectiva de género permite no sólo formar conductoras, sino fortalecer trayectorias personales.

5. Convocatorias: llegar a las personas correctas

Este componente tiene dos retos. Primero, comunicar que el transporte es una opción viable para mujeres, muchas sin experiencia previa, y ofrecer información clara sobre requisitos y beneficios.

Segundo, usar canales adecuados. Medios tradicionales son insuficientes; conviene sumar redes sociales, espacios del transporte público y sesiones informativas en zonas accesibles. Esto mejora alcance y reduce barreras de entrada.

6. Condiciones laborales: promover la permanencia

El programa no termina con la formación. Su éxito depende de que las mujeres accedan a empleos formales, seguros y con posibilidad de desarrollo.

Es indispensable la coordinación con empresas para asegurar inserción laboral. Sin esto, el programa pierde atractivo.

También se requiere infraestructura básica: baños segregados, espacios de descanso, lactancia o cuidado infantil.

Finalmente, la flexibilidad laboral es clave. La distribución desigual de cuidados sigue afectando la permanencia. Esquemas más flexibles mejoran la retención y benefician a toda la plantilla, no sólo a las mujeres.

Lecciones desde Jalisco, Oaxaca y Quintana Roo

Los Programas de Mujeres Conductoras son un componente clave dentro de un proceso más amplio para transformar la calidad del transporte público y la cultura laboral del sector. La evidencia muestra resultados consistentes: mayor acceso de mujeres a empleo y mejores ingresos, menor rotación, reducción de siniestralidad vial, mejora en la calidad del servicio y disminución del déficit de personas conductoras.

Si bien cada ciudad debe diseñar e implementar estos programas según su contexto, el análisis de experiencias previas permite aprovechar aprendizajes acumulados por mujeres, empresas, autoridades y especialistas, identificando elementos esenciales para reducir riesgos en nuevos programas.

Incorporar más mujeres al transporte público no debe entenderse como una medida aislada de inclusión, sino como una estrategia para fortalecer la operación, mejorar la calidad del servicio y construir sistemas de movilidad más sostenibles y resilientes.

GIZ México es financiadora de WRI México. Los puntos de vista expresados en este artículo son de las autoras y no reflejan necesariamente las posiciones de GIZ México.