México es uno de los principales productores y exportadores de vehículos pesados del mundo, exportando aproximadamente el 77% de lo que se produce (INEGI, 2024). Sin embargo, menos del 0.1% de su producción/exportación es de vehículos eléctricos y esto compromete la posición competitiva de México. El país fabrica y exporta camiones pesados hacia algunos de los mercados que más rápido están electrificando sus flotas —Estados Unidos, Canadá—, pero apenas empieza a construir la demanda interna y el marco regulatorio que le permitirían capturar valor de esa misma transición dentro de sus propias fronteras. Si estos mercados consolidan estándares de cero emisiones antes que México, la industria nacional corre el riesgo de quedar rezagada frente a competidores que ya están alineando su producción con esas exigencias.


Adicionalmente, menos de 1% de las ventas internas de camiones pesados corresponde a vehículos eléctricos, y cerca de 40% de la flota tiene más de veinte años de antigüedad. Esto genera impactos, directos sobre la calidad del aire, la salud pública y las emisiones de gases de efecto invernadero y otros contaminantes, especialmente en corredores logísticos, zonas metropolitanas y regiones con alta concentración de actividad industrial. De acuerdo con el Inventario Nacional de Emisiones de Gases y Compuestos de Efecto Invernadero 2024, en 2022 el sector transporte emitió 191,173 ktCO₂e, equivalentes a 23.6% de las emisiones brutas del país. De ese total, 93.9% correspondió al transporte por carretera o autotransporte.


Avanzar hacia tecnologías de cero emisiones es una oportunidad para reducir impactos ambientales y mejorar la competitividad del sector. México ya ha incorporado objetivos de descarbonización del transporte en distintos instrumentos de política climática, incluida su Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), y ha acompañado estos esfuerzos mediante compromisos internacionales como el Memorandum of Understanding (MoU) sobre vehículos medianos y pesados de cero emisiones. En conjunto, estas iniciativas apuntan hacia una transformación progresiva del transporte de carga durante las próximas décadas. Sin embargo, entre esas metas y la realidad actual del mercado mexicano existe una brecha difícil de ignorar.


La pregunta, entonces, no es si la electrificación ocurrirá, sino qué políticas pueden acelerar la transición de manera ordenada, escalable y compatible con las necesidades de la industria, los operadores y el país.


Durante el último año, WRI México desarrolló una investigación en el marco de la coalición Drive Electric Campaign para entender qué regulaciones del lado de la oferta podrían implementarse en México para impulsar la electrificación del transporte de carga. El trabajo incluyó el análisis de experiencias internacionales, la evaluación de factibilidad de distintos instrumentos regulatorios y el desarrollo de un modelo para estimar los impactos asociados al cumplimiento de metas nacionales de electrificación bajo escenarios que incorporan este tipo de medidas. Los resultados ponen sobre la mesa un concepto que todavía ha recibido poca atención en el país: las regulaciones del lado de la oferta, o Supply Side Regulations (SSR, por sus siglas en inglés).


Cambiar lo que está disponible para comprar


La mayoría de las políticas de electromovilidad en América Latina se han concentrado en la demanda: subsidios, exenciones fiscales o incentivos para quienes compran vehículos eléctricos.


Estas medidas son importantes porque ayudan a activar mercados emergentes y reducen barreras iniciales de adopción. Pero tienen una limitación evidente: dependen de recursos públicos permanentes y no necesariamente modifican la estructura del mercado.


Las SSR operan desde otra lógica: en lugar de enfocarse en el comprador, actúan sobre fabricantes, ensambladores e importadores. Su propósito es influir en qué vehículos llegan al mercado, qué tecnologías están disponibles y cuáles son los estándares mínimos que deben cumplir los nuevos productos.


La experiencia internacional muestra que los mercados que más han avanzado en electrificación combinan incentivos a la demanda con señales regulatorias claras desde la oferta.


China construyó una estrategia basada en política industrial, infraestructura y requisitos para fabricantes. La Unión Europea estableció estándares obligatorios de desempeño para vehículos pesados. California introdujo mandatos de ventas que obligan a los fabricantes a incorporar progresivamente vehículos de cero emisiones en sus portafolios.


Los enfoques son distintos, pero el principio es similar: la transformación tecnológica ocurre más rápido cuando el mercado recibe señales claras sobre hacia dónde debe evolucionar. Para México, estas tendencias no son solo referencias regulatorias: son también señales de mercado. Conforme estos países imponen estándares más estrictos a sus fabricantes, la competitividad de la industria automotriz mexicana dependerá cada vez más de su capacidad para producir y adoptar internamente las mismas tecnologías que el resto del mundo ya exige.


¿Qué pasaría si México no cambia el rumbo?


Como parte de la investigación, WRI México desarrolló un modelo estratégico de impactos para estimar cómo evolucionaría el sector bajo distintos escenarios de electrificación. El ejercicio compara una línea base (LB) - en la que se mantienen las políticas actuales, con escenarios alineados con las metas de la Estrategia Nacional de Electromovilidad (ENME) y con el Memorandum of Understanding (MoU) sobre vehículos medianos y pesados de cero emisiones.


El modelo proyecta cómo distintas trayectorias de ventas de vehículos eléctricos modificarían la composición de la flota, el consumo energético y las emisiones del sector. Por ello, debe leerse como un análisis de escenarios: no estima el efecto aislado de cada regulación, sino las consecuencias de alcanzar metas de electrificación bajo una arquitectura de política pública más robusta.


El ejercicio parte de una premisa sencilla. Si México mantiene únicamente las políticas actuales, las ventas de vehículos eléctricos crecerán, pero a un ritmo insuficiente para transformar el mercado. En la línea base, la penetración eléctrica sigue siendo marginal incluso hacia mediados de siglo. La flota continúa dominada por tecnologías diésel y las reducciones de emisiones ocurren principalmente por mejoras graduales de eficiencia.

  • LB - Considera los efectos proyectados de las políticas adoptadas hasta 2024. No se consideran nuevas políticas
  • ENME - Considera el compromiso anunciado de México: declaración ZEV para vehículos ligeros y la ENME.
  • MOU - Memorandum of Understanding on Zero-Emission Mediumand Heavy-Duty Vehicles (10 septiembre de 2025)
Emisiones de CO2 Diesel y GNV

Los escenarios alineados con metas más ambiciosas muestran una trayectoria distinta. A medida que aumenta la participación de vehículos eléctricos en las ventas, cambian gradualmente la composición de la flota, el consumo energético y las emisiones. El contraste entre escenarios muestra que adelantar la disponibilidad de vehículos de cero emisiones puede modificar la trayectoria completa del sector.

Costo total de energía
Costo total de energía II


Nota: Se desarrollaron dos modelos de crecimiento para la estimación del costo de los energéticos (diésel, GNV), uno Base y otro superior.

 

El mensaje más importante del modelo no es una cifra aislada. Es que los resultados dependen de que existan instrumentos capaces de modificar la trayectoria de ventas. Sin mecanismos que aceleren la disponibilidad y adopción de tecnologías de cero emisiones, el sistema tiende a reproducir su comportamiento histórico.


Cuatro apuestas para comenzar a mover el mercado


La investigación identificó cuatro líneas de trabajo con potencial de implementación en México.

  • La primera corresponde a los estándares obligatorios de eficiencia y desempeño para vehículos nuevos. México cuenta con estándares ambientales relevantes, como la NOM-044, pero aún existe un vacío importante en materia de desempeño energético para vehículos medianos y pesados. Contar con métricas homogéneas permitiría generar información comparable, orientar decisiones de mercado y establecer una base técnica para futuras regulaciones.
  • La segunda apuesta es la creación de un sistema obligatorio de reporte de desempeño. En términos prácticos, esto significa construir información sistemática sobre consumo energético, operación y desempeño de las distintas tecnologías. Sin datos consistentes es difícil diseñar regulaciones, monitorear resultados o generar confianza entre operadores y fabricantes.
  • La tercera apuesta consiste en desarrollar estándares de disponibilidad o mandatos de ventas de vehículos de cero emisiones. La lógica es sencilla: asegurar que la oferta de tecnologías limpias esté presente en el mercado mexicano y aumente gradualmente con el tiempo. No se trata de imponer cambios abruptos, sino de generar señales claras para fabricantes e importadores.
  • La cuarta apuesta son los corredores estratégicos para tractocamiones. A diferencia de los camiones urbanos o regionales, los tractocamiones enfrentan desafíos adicionales relacionados con autonomía, infraestructura y operación de larga distancia. Por ello, los corredores funcionan como espacios prioritarios para concentrar infraestructura, recopilar evidencia operativa y reducir riesgos tecnológicos.


Las cuatro líneas son complementarias, pero no deberían implementarse como una lista . En el corto plazo, una vía posible es que México avance primero en la base regulatoria y de información: estándares obligatorios de eficiencia y desempeño para vehículos pesados nuevos, acompañados de un sistema obligatorio de reporte. La NOM-044 ya establece límites de emisiones para motores y vehículos pesados diésel, pero el país aún necesita métricas de desempeño energético que permitan comparar tecnologías, orientar decisiones de mercado y preparar futuras obligaciones de cumplimiento.


Una segunda prioridad son los corredores estratégicos para tractocamiones. A diferencia de los instrumentos que generan señales de largo plazo, los corredores pueden producir resultados visibles en horizontes más cortos al concentrar infraestructura, demanda, disponibilidad de energía y aprendizaje operativo en rutas específicas. También permiten reducir incertidumbre tecnológica y generar evidencia local sobre costos, desempeño y necesidades de infraestructura.


Con este avance —datos, estándares y evidencia operativa— México podría avanzar hacia estándares de disponibilidad o mandatos de ventas de manera gradual y creíble. En otras palabras, avanzar en los estándares y el reporte podrían sentar las reglas del juego; los corredores ayudarían a demostrar que la transición es técnicamente viable; y los mandatos de disponibilidad podrían acelerar la escala cuando el mercado cuente con mejores condiciones para responder.


La investigación también identificó que las SSR pueden fortalecerse mediante instrumentos complementarios de política industrial, mercado, estrategia fiscal  y financiamiento. Entre ellos destacan medidas orientadas a mejorar las condiciones de competencia del mercado nacional, como fortalecer la regulación aplicable a vehículos importados usados y revisar los mecanismos arancelarios asociados a estas importaciones. También son relevantes los instrumentos económicos y financieros dirigidos al desarrollo de capacidades industriales, la infraestructura de recarga y la reducción de riesgos para la adopción temprana de nuevas tecnologías.


¿Qué se necesita para avanzar?


Además de identificar instrumentos regulatorios con potencial de implementación, el análisis permitió reconocer algunas condiciones críticas para acelerar la electrificación del transporte de carga en México.


Otro de los hallazgos es que el país ya cuenta con herramientas que podrían aprovecharse mejor. Por ejemplo, la deducción acelerada para vehículos pesados  ya forma parte del marco fiscal mexicano, pero sigue siendo poco conocida entre muchos actores del sector (no es específico para vehículos eléctricos). En este caso, el reto no parece ser crear un nuevo instrumento, sino difundirlo, facilitar su uso y asegurar que llegue a los operadores que podrían aprovecharlo.


En materia regulatoria, una oportunidad prioritaria es avanzar hacia una norma de eficiencia y desempeño para vehículos nuevos que incorpore explícitamente a los vehículos eléctricos y forme parte de los instrumentos nacionales de normalización y calidad. Este tipo de estándares puede convertirse en una de las principales señales de largo plazo para fabricantes, importadores y operadores.


También será necesario coordinar mejor las políticas industriales, ambientales, fiscales, energéticas y de transporte. La electrificación de camiones pesados no depende únicamente de que existan vehículos disponibles; requiere infraestructura, certidumbre regulatoria, condiciones financieras adecuadas y capacidad institucional para monitorear el desempeño del mercado.


Estos hallazgos son un punto de partida, no una hoja de ruta cerrada. Su implementación exitosa dependerá de un diálogo sostenido con transportistas, empresas de carga y asociaciones del sector, que permita ajustar el diseño de cada instrumento a las condiciones operativas reales de la industria. WRI México seguirá impulsando ese diálogo en los próximos meses como parte de este proyecto.


Una oportunidad para construir mercado


La discusión sobre electromovilidad suele centrarse en la tecnología: baterías, autonomías, cargadores o costos. Pero la evidencia internacional muestra que la verdadera diferencia suele estar en las reglas del juego. Los países que han logrado acelerar la electrificación no necesariamente comenzaron con mejores condiciones de mercado. Lo que hicieron fue construir señales regulatorias estables, reducir incertidumbre y coordinar políticas industriales, ambientales y de transporte.


México cuenta con una industria relevante, compromisos internacionales claros y un mercado con potencial de crecimiento. Lo que todavía falta es una arquitectura de instrumentos que permita convertir esas condiciones en una transformación efectiva.


Las regulaciones del lado de la oferta no son una solución única ni inmediata. Tampoco sustituyen los incentivos, la infraestructura o la innovación tecnológica. Pero sí representan una herramienta para mover la conversación desde la adopción individual hacia la transformación estructural del mercado.


La evidencia presentada en este estudio apunta a un primer paso claro: comenzar desde ahora el desarrollo de un estándar nacional de eficiencia y desempeño para vehículos pesados nuevos y construir, alrededor de él, la coordinación institucional necesaria para alinear las políticas regulatorias, industriales, fiscales y energéticas que harán posible su implementación. Retrasar ese proceso significa también retrasar la capacidad de México para capitalizar su posición como productor y exportador de vehículos pesados, en un mercado global que ya está cambiando de reglas.
 

Expertos destacados de WRI:
Angélica Mazorra -

Gerente Técnico

Iván Islas -

Director de Economía