La electromovilidad también es una transformación económica

En México, el debate público sobre la electromovilidad se ha concentrado con frecuencia en sus beneficios ambientales: emisiones evitadas, calidad del aire y compromisos climáticos. Es un terreno legítimo y necesario, pero incompleto si no se consideran también sus implicaciones económicas. Detrás de cada decisión regulatoria o de política industrial hay efectos sobre el empleo, las cadenas de valor, la competitividad y la distribución de costos y beneficios entre sectores y territorios que merecen analizarse con el mismo rigor.

Esa es la premisa detrás de un ejercicio que WRI México desarrolla junto con la Iniciativa Climática de México (ICM): un análisis de los impactos económicos de las regulaciones de electromovilidad y de las políticas industriales asociadas. El pasado 30 de julio reunimos, en un taller de retroalimentación de escenarios, a actores de gobierno, sector privado, academia y sociedad civil para discutir no resultados definitivos —que todavía están en construcción—, sino algo igualmente importante: los supuestos, la metodología y las preguntas que deben orientar este tipo de evidencia.

Una pregunta económica que complementa la ambiental

La evaluación ambiental de la electromovilidad responde preguntas indispensables sobre emisiones, calidad del aire y consumo energético. La perspectiva económica agrega otras: ¿qué diseño regulatorio y de política industrial ofrece un mejor balance entre una transición limpia, la generación de empleo, la competitividad de la industria nacional y los costos de transición para los sectores más expuestos? No hay una sola respuesta ni una solución puramente técnica: distintos diseños distribuyen de manera diferente los costos y beneficios, y conviene cuantificar esos efectos antes de tomar decisiones.

Para eso no basta un análisis sectorial aislado. El núcleo del ejercicio es un modelo de Equilibrio General Computable (CGE) calibrado para México, que permite analizar de manera simultánea efectos macroeconómicos, sectoriales y comerciales de distintos diseños de política frente a una línea base. El estudio se complementa con análisis sectoriales, laborales y distributivos para entender mejor cómo se reparte la transición. Esta aproximación permite pasar de afirmaciones generales sobre empleos verdes o costos para la manufactura tradicional a estimaciones sobre magnitudes, sectores afectados y horizontes de tiempo.

Una cuestión especialmente relevante para México es dónde se genera el valor de esta transición. Electrificar el transporte mediante tecnologías mayoritariamente importadas no tendría los mismos efectos que una transición acompañada por mayor producción nacional de vehículos, baterías, componentes, infraestructura y servicios asociados. Por eso, además de cuánto se electrifica, importa cómo participa la economía mexicana en las nuevas cadenas de valor.

Lo que reveló el propio ejercicio de retroalimentación

Sin adelantar resultados que aún están en construcción, el taller deja una lección relevante sobre el proceso mismo. La diversidad de perspectivas de los participantes y la naturaleza de las preguntas planteadas durante la sesión confirman que no existe una narrativa única sobre cómo debe diseñarse la política de electromovilidad en México. Hay preguntas metodológicas y de política genuinas: sobre los supuestos de sustitución tecnológica, los horizontes de tiempo razonables, los efectos distributivos que no se observan en los agregados macroeconómicos y la capacidad de México para capturar valor en las nuevas cadenas productivas.

Esas tensiones no son un problema del ejercicio; son, de hecho, parte de su valor. Un estudio que se somete a retroalimentación de actores con perspectivas distintas antes de cerrar su versión final fortalece sus supuestos y su interpretación. Y es precisamente ese tipo de evidencia —discutida, cuestionada y ajustada— la que puede sostener decisiones de política pública que, de otro modo, podrían tomarse con información incompleta o con supuestos implícitos.

Por qué esto es urgente ahora

México ha establecido una dirección de política hacia la electrificación del transporte en instrumentos como la Estrategia Nacional de Movilidad Eléctrica en desarrollo, la Estrategia Nacional de Cambio Climático 2025 y la NDC 3.0. El desafío es cómo instrumentarla: qué combinación de regulaciones, incentivos industriales, infraestructura y políticas de acompañamiento permite avanzar minimizando costos de transición y maximizando beneficios económicos, en lugar de dejar que esos efectos se resuelvan por inercia.

Mientras más tardemos en generar y discutir evidencia económica robusta sobre estos diseños, más decisiones de inversión y política industrial se tomarán sin ella, y más difícil será corregir el rumbo una vez que la infraestructura, la producción y la regulación estén orientadas en una dirección específica. El costo de no contar con esta evidencia no es abstracto: puede traducirse en estándares regulatorios, programas de renovación de flota, incentivos a la producción o apoyos a la adopción diseñados sin una estimación clara de sus efectos sobre el empleo y las cadenas de valor nacionales.

El argumento de fondo

Mirar la electromovilidad desde la economía no significa restarle urgencia a la agenda climática. Significa reconocer que esta transición también reorganiza la actividad productiva: algunos sectores crecerán, otros enfrentarán ajustes y surgirán nuevas oportunidades en manufactura, servicios e infraestructura. La magnitud de los beneficios para México dependerá, entre otros factores, de cuánto valor agregado, inversión y empleo asociado a las nuevas tecnologías pueda generarse en el país. El objetivo de este ejercicio es, por tanto, complementar el argumento ambiental con evidencia económica que permita diseñar una transición más competitiva, incluyente y capaz de generar valor nacional.