Adaptación al cambio climático en Colombia: cómo conectar la evidencia económica con las decisiones de política pública
Incorporar la adaptación al cambio climático en las decisiones económicas y fiscales del país requiere mejores herramientas para evaluar riesgos, priorizar inversiones y orientar los recursos públicos. En este webinar organizado por WRI Colombia, Diorama Group y el DNP, se brindaron recomendaciones para conectar la evidencia con la política pública, fortalecer la colaboración institucional y ampliar el financiamiento para proteger la economía y el bienestar de la población.
- En Colombia, las acciones de adaptación al cambio climático todavía no cuentan con herramientas macroeconómicas que, con rigor, estimen sus efectos positivos y negativos.
- Se proyecta que el país podría tener pérdidas económicas anuales por eventos climáticos superiores a los 4 billones de pesos; solo en 2023 se registraron más de 350.000 desplazamientos internos por desastres asociados al cambio climático.
- El principal desafío es convertir las capacidades de modelación en insumos recurrentes para priorizar medidas de adaptación y evaluar sus consecuencias sobre la economía y el bienestar de la población.
- Los modelos macroeconómicos representan, de manera simplificada, el funcionamiento de una economía y permiten evaluar los efectos de escenarios sobre variables de interés que pueden cubrir temas variados como la generación de empleo y las emisiones de gases de efecto invernadero.
Bogotá D. C., septiembre 23 de 2026. ¿Cuánto puede perder la economía colombiana si no se prepara para los impactos del cambio climático? ¿Qué inversiones se deben priorizar para reducir esas pérdidas, proteger los sectores económicos y salvaguardar el bienestar de las personas? Para responder estas preguntas es necesario contar con mejores herramientas que respalden, con rigor, la formulación de política pública sobre adaptación al cambio climático.
Con este objetivo, WRI Colombia, Diorama Group y el Departamento Nacional de Planeación (DNP) organizaron hoy el seminario web “¿Cómo cerrar la brecha entre la información macroeconómica y las decisiones de política pública sobre adaptación al cambio climático?”. Esta brecha toma especial relevancia al recordar que el país podría tener pérdidas económicas anuales por eventos climáticos superiores a los 4 billones de pesos, y que solo en 2023 se registraron más de 350.000 desplazamientos internos por desastres asociados al cambio climático.
Durante este diálogo, fue clara la urgencia de incorporar la adaptación al cambio climático en la planificación económica y fiscal del país. “El riesgo climático es un riesgo fiscal”, sostuvo Daniel Garzón, economista de la Dirección General de Política Macroeconómica del Ministerio de Hacienda y Crédito Público. Agregó que los eventos extremos que ocurren como consecuencia del cambio climático podrían aumentar el gasto en emergencias y en reconstrucción, reducir el recaudo y presionar para aumentar el nivel de deuda. Por esto, al analizar las inversiones en adaptación se debe considerar su capacidad de reducir pérdidas futuras y proteger los recursos públicos.
Germán Romero, CEO de Diorama Group, reiteró la importancia de esta relación entre adaptación y finanzas públicas. Tras un desastre, se tiene la urgencia de responder y reconstruir, y esto puede aumentar los costos de financiamiento. Por tanto, cuando se incorporan los efectos del cambio climático en los modelos macroeconómicos se puede evaluar cómo las inversiones en prevención podrían reducir impactos negativos en la deuda y en el presupuesto: “la adaptación puede ser una forma de evitar problemas de endeudamiento de largo plazo”.
En este sentido, es conveniente conocer y evaluar tanto los costos de las medidas a implementar como los beneficios que estas traigan en la economía y finanzas del país. “¿Cuál sería esa ganancia de invertir, por ejemplo, en infraestructura más resiliente? ¿Cuál sería esa ganancia en términos del PIB en el futuro, y en la reducción de la deuda?”, preguntó Brigitte Castañeda, asistente posdoctoral en el Departamento de Ingeniería Industrial de la Universidad de los Andes. Estas preguntas son fundamentales ya que permiten avanzar hacia una planificación adecuada al comparar alternativas de inversión y examinar cómo prepararse frente a los riesgos que podrían materializarse.
Por su parte, Fabián Villalba, líder técnico de Estudios Económicos para el Desarrollo Sostenible en la Dirección de Ambiente y Desarrollo Sostenible del DNP, recordó que para realizar y fortalecer este análisis se necesita combinar herramientas y capacidades institucionales. Explicó además que la adaptación tiene características distintas según el territorio, el sector y los grupos poblacionales de las regiones y, por tanto, se requiere un ecosistema de modelación y de generación de información que conecte entidades públicas, academia y otros actores.
De esta manera, para Villalba, el trabajo conjunto permitiría responder preguntas como las realizadas por Castañeda, reconocer las limitaciones de cada herramienta y aportar evidencia en los tiempos que exige la toma de decisiones y la formulación de política pública.
La conversación también subrayó la importancia de integrar biodiversidad y clima en el análisis económico. Liliana Corzo, especialista en desarrollo de capacidades del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), resaltó que comprender la contribución de la naturaleza en la economía permite abrir discusiones con el sector público para incorporar información de valor en instrumentos como el Marco Fiscal de Mediano Plazo.
En cuanto al financiamiento, Castañeda propuso explorar la posibilidad de contar con seguros paramétricos que faciliten recursos de respuesta ante desastres, teniendo en cuenta que los municipios cuentan con un limitado margen fiscal. De igual manera, rescató la oportunidad de diseñar políticas para atraer la inversión privada que financie la adaptación. Con ello, se busca ampliar las fuentes de recursos y promover incentivos que involucren a las empresas junto con las instituciones públicas.
Y frente a la formulación del Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, se planteó una agenda de trabajo para conectar la información disponible, fortalecer la colaboración entre quienes desarrollan modelos y quienes toman decisiones, e integrar los riesgos climáticos en el análisis fiscal y de inversión. En concreto, el principal desafío a enfrentar es convertir estas capacidades en insumos recurrentes para priorizar medidas de adaptación y evaluar sus consecuencias sobre la economía y el bienestar de la población.
¿Qué es la modelación macroeconómica y cuál es su importancia?
Los modelos macroeconómicos representan, de manera simplificada, el funcionamiento de una economía en particular. Para ello, utilizan datos y ecuaciones, por ejemplo, para explorar y determinar los escenarios qué podrían ocurrir ante determinadas condiciones (contexto) y decisiones (políticas, entre otras).
Esto es de especial relevancia en Colombia en donde las medidas de adaptación al cambio climático no cuentan con el suficiente respaldo en información cuantitativa para prever los efectos de la política pública sobre el tema.
Al aplicar la modelación macroeconómica a la adaptación al cambio climático, el país podría conocer cuánto cuesta prepararse para sus impactos (adecuación de vías ante posibles inundaciones, o mejorar el abastecimiento de agua en una región ante una sequía) y qué pérdidas se podrían evitar, en términos económicos. De la misma manera, se contaría con estimaciones sustentadas para orientas estas inversiones y ayudar a financiarlas.
“Este trabajo es importante no porque los modelos macroeconómicos sean un fin en sí mismos, sino porque pueden ayudarnos a construir un lenguaje cuantitativo común entre la información climática, la economía y las decisiones de política pública”, sostuvo Fernando Páez, director ejecutivo de WRI Colombia.
Esta conversación cobra una mayor relevancia con miras al cumplimiento de los compromisos de adopción formulados por el país en diciembre pasado bajo sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) 3.0. “Colombia ha avanzado de manera importante en la definición de sus compromisos y prioridades en materia de adaptación. Sin embargo, uno de los desafíos que seguimos teniendo es poder traducir esos desafíos climáticos en información que sea útil para las decisiones económicas y de planificación”, agregó el director ejecutivo de WRI Colombia.
Al respecto, WRI Colombia, el DNP y Diorama Group desarrollaron un estudio con miras a fortalecer las capacidades de modelación macroeconómica y la toma de decisiones en materia de adaptación al cambio climático, para integrarlas en la planificación del desarrollo nacional.
Dicho estudio evalúa dos enfoques: el impacto de las medidas de adaptación, y la incorporación de decisiones de empresas y hogares sobre cómo adaptarse, considerando costos, beneficios y recursos disponibles. Este trabajo además plantea una agenda de 25 preguntas de investigación agrupadas en cinco áreas: sostenibilidad fiscal y financiamiento; eficacia de las medidas y capacidad de adaptación; incertidumbre y retornos de inversión; efectos sobre los sectores económicos; y bienestar y distribución social.
“Desde WRI Colombia esperamos que este trabajo sea una contribución a una conversación de largo plazo sobre cómo mejorar la evidencia que sustenta las decisiones de adaptación en el país”, concluyó Páez.