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Solo 6 de cada 100: lo que FinAdapt revela sobre el financiamiento climático que no llega a las organizaciones locales
Un nuevo documento de trabajo de WRI México, el INECC y Ethos identifica cuatro barreras que excluyen a las organizaciones locales del financiamiento para la adaptación al cambio climático en México — y muestra que un acompañamiento técnico cercano puede multiplicar por cuatro sus probabilidades de conseguirlo.
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Presentación del documento de trabajo "Barreras y oportunidades para el acceso a financiamiento climático para la adaptación local en México" con autores y colaboradores del documento. Imagen de
Erika Vilchis
De las organizaciones locales mexicanas que asistieron a un taller de capacitación sobre financiamiento climático y luego intentaron solicitar recursos por su cuenta, solo seis de cada cien lo consiguieron. De las que, además del taller, recibieron acompañamiento técnico personalizado, una de cada cuatro lo logró. Ante un entorno en el que las capacidades técnicas-financieras y las desigualdades estructurales limitan el acceso a financiamiento climático, los procesos de acompañamiento pueden generar la diferencia al traducir el trabajo de las organizaciones locales al lenguaje que piden los financiadores.
Ese contraste —seis por ciento frente a veinticinco por ciento— es uno de los hallazgos centrales de “Barreras y oportunidades para el acceso a financiamiento climático para la adaptación local en México”, un nuevo documento de trabajo de WRI México, el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) y Ethos Innovación en Políticas Públicas. El documento sistematiza los aprendizajes del proyecto “Fortalecimiento de capacidades y guías para el acceso a financiamiento climático para pequeños implementadores de medidas de adaptación al cambio climático” (FinAdapt), que entre 2022 y 2024 trabajó directamente con organizaciones locales del sur y sureste del país para entender, desde adentro, por qué el financiamiento climático rara vez llega a quienes están en primera línea frente a sequías, huracanes e inundaciones cada vez más severos.
La pregunta de fondo que plantea el documento no es si hace falta más dinero para la adaptación —aunque, en efecto, hace falta—, sino si ese dinero está diseñado para llegar a donde se necesita. Y la respuesta, con datos de campo obtenidos en el sur y sureste de México, es que en su mayoría no lo está.
Un problema de diseño, no sólo de escala
A nivel global, la brecha de financiamiento para la adaptación se estima entre 203 y 388 mil millones de dólares al año, según el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Pero incluso los recursos que sí existen tienen dificultades para bajar de las oficinas centrales de los fondos internacionales hasta el territorio: entre 2017 y 2021, apenas 17 por ciento del financiamiento público internacional para la adaptación se destinó a proyectos con enfoque local. En México, la fotografía es todavía más ajustada: entre 2017 y 2018, sólo cinco por ciento de los recursos climáticos que recibió el país se destinaron a adaptación; el resto se fue a mitigación.
FinAdapt nació para entender qué pasa del otro lado de esa brecha: qué encuentran las organizaciones locales legalmente constituidas (OLLC, en la jerga del proyecto) cuando intentan cruzarla. El equipo mapeó organizaciones y fuentes de financiamiento, organizó talleres territoriales en Ciudad de México, Chiapas, Oaxaca y Yucatán, acompañó de cerca a un grupo de organizaciones seleccionadas y aplicó cuestionarios de seguimiento meses después. De 147 organizaciones que respondieron un primer formulario de diagnóstico, 90 participaron en talleres regionales y seis recibieron acompañamiento técnico y financiero completo. Un año después, el equipo volvió a preguntarles qué había pasado.
De ese ejercicio se identificaron cuatro problemas que se repiten con tanta consistencia que el documento los presenta como categorías, más que como anécdotas.
El diseño del financiamiento rara vez está pensado para la escala local: los montos más pequeños que otorgan algunas fuentes sobrepasan la capacidad administrativa y financiera de las organizaciones locales, los procesos privilegian proyectos grandes y hay poca oferta de donaciones para organizaciones que todavía no tienen historial financiero. En las respuestas del cuestionario, la razón más citada para no conseguir recursos —31 por ciento de los casos— fue simplemente que el proyecto propuesto no encajaba con las prioridades de la convocatoria.
Los procesos administrativos exigen a organizaciones pequeñas los mismos niveles de rigor que a organizaciones con mayor experiencia y personal: debida diligencia extensa, reportes técnicos y financieros detallados, y comprobación de gastos que en zonas rurales puede ser, literalmente, imposible de cumplir. El propio equipo del INECC recupera un ejemplo: un proyecto en humedales de Veracruz al que había que llegar en lancha, sin que existiera manera de facturar ese traslado ante el donante, lo cual refleja las complejidades de la realidad del uso de recursos en territorio.
La capacidad institucional limitada —en personal suficiente y capacitado, en conocimiento técnico, en experiencia previa administrando fondos y en disponibilidad de tiempo— hace que muchas organizaciones desconozcan qué fondos existen o cómo formular su trabajo en términos de lo que el documento llama “racionalidad climática”: el argumento técnico que conecta la problemática local con la justificación de cómo la solución propuesta es la respuesta ante el cambio climático. En los acompañamientos que el proyecto realizó en Chiapas, Oaxaca y Yucatán, este fue, con frecuencia, un obstáculo difícil de resolver, no por falta de trabajo real en el territorio, sino por falta de las palabras y los datos para nombrarlo de la forma que piden los fondos.
Las desigualdades estructurales, finalmente, atraviesan todo lo anterior. En México, 87 por ciento de la población indígena vive en pobreza multidimensional. Solo 27.3 por ciento de las personas con derechos agrarios son mujeres —una proporción que cae hasta 15 por ciento en Yucatán—, lo que en la práctica excluye a muchas mujeres de liderar proyectos que requieren acreditar la titularidad de la tierra. Estas condiciones no son un tema aparte del financiamiento climático: son la razón por la que, incluso cuando el dinero existe, no llega parejo.
Lo que cambia cuando alguien acompaña el proceso
El hallazgo más contundente del documento, sin embargo, no es sobre las barreras sino sobre lo que ocurre cuando se atienden. El contraste de seis por ciento frente a veinticinco por ciento en las tasas de éxito —entre organizaciones que sólo asistieron a talleres y las que además recibieron acompañamiento técnico personalizado— sugiere que la brecha no es sólo de recursos, sino de traducción: alguien que ayude a una organización a convertir el trabajo que ya hace en una propuesta que un fondo climático pueda leer y aprobar.
Esta lectura coincide con lo que las propias organizaciones pidieron durante el proyecto. En el cuestionario aplicado después de concluido FinAdapt, 77.3 por ciento de las organizaciones señalaron que les interesaría contar con el apoyo gratuito de una persona especializada en gestoría de fondos climáticos: alguien que las acompañe a redactar y fortalecer sus propuestas, no que gestione el dinero en su lugar.
Ninguna de estas cuatro recomendaciones depende, en el fondo, de que exista más dinero disponible; sino de cómo se diseña, se tramita y se distribuye el que ya existe. Es, dicen los autores, una diferencia entre financiamiento pensado desde las oficinas centrales de un fondo y financiamiento pensado desde el territorio donde tiene que aterrizar.
Por qué importa ahora
México actualizó recientemente su contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) 3.0 y la SEMARNAT y el INECC construyen ADAPTAMX, la primera política nacional de adaptación al cambio climático del país. Ambos procesos abren una ventana estratégica para incorporar los aprendizajes de FinAdapt: reconocer que las organizaciones locales no son únicamente ejecutoras de proyectos de adaptación, sino el nivel donde la adaptación se materializa. No incorporarlas en el diseño de los mecanismos de financiamiento climático implica dejar fuera a los actores que poseen el conocimiento más profundo de las necesidades, capacidades y dinámicas del territorio que se busca fortalecer y proteger.
El documento no se queda sólo en el diagnóstico. Como parte del proyecto FinAdapt, el INECC también desarrolló una guía de acceso al financiamiento para la adaptación al cambio climático a nivel local, pensada para acompañar a las propias organizaciones en el proceso, ya disponible en el sitio del instituto. Entre ambos documentos —el análisis de las barreras y la guía práctica para sortearlas— el proyecto deja un mapa de qué falta cambiar y una primera herramienta para empezar a cambiarlo.
Este artículo se basa en el documento de trabajo “Barreras y oportunidades para el acceso a financiamiento climático para la adaptación local en México”, resultado del proyecto FinAdapt (2022-2024), liderado por el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático (INECC) e implementado por WRI México y Ethos Innovación en Políticas Públicas, con financiamiento de la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) a través del Programa Euroclima.
