WRI México abre el diálogo hacia ambientes libres de violencia en sectores ambientales

• Las políticas de igualdad deben conocerse, apropiarse y exigirse en todo el sector ambiental, afirmó Itzá Castañeda, directora de Equidad de Género e Inclusión Social de WRI México.
• Solo una minoría de mujeres recibe apoyo tras denunciar violencia, señaló Larissa Gus Brito, asociada en Género y Medio Ambiente del PNUD México.
• Los roles tradicionales aún limitan la participación de las mujeres en los territorios, enfatizó Laura Jiménez, directora técnica de UZACHI.

Ciudad de México.— WRI México organizó el conversatorio "Ambientes libres de violencia: Diálogo por la igualdad de género" para presentar los hallazgos del informe del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) sobre violencias de género en el sector ambiental. El encuentro, que contó con la participación de más de 100 asistentes, reunió a instituciones públicas, organizaciones comunitarias y la sociedad civil con el fin de identificar cómo estas violencias se expresan en los entornos laborales, académicos y territoriales, y de fortalecer mecanismos para construir espacios más seguros y equitativos.

Como moderadora, Itzá Castañeda, directora de Equidad de Género e Inclusión Social de WRI México, condujo el diálogo e introdujo la presentación central del diagnóstico.

Larissa Gus Brito, Asociada en Género y Medio Ambiente del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD México), presentó los principales resultados del estudio y explicó que la falta de datos ha limitado la comprensión de la magnitud de las violencias en el sector ambiental. La encuesta —204 personas de 30 entidades— mostró patrones frecuentes como estereotipos y roles tradicionales, acoso verbal y brechas salariales, además de riesgos diferenciados para las mujeres defensoras del territorio. Gus Brito señaló la debilidad de los sistemas de denuncia, porque solo 7% de las mujeres que reportaron una agresión recibieron apoyo adecuado, y afirmó que el informe plantea la necesidad de transformar estructuras institucionales y de impulsar políticas que coloquen la igualdad como un eje central: “no puede haber justicia climática sin justicia de género”.

En la mesa de comentaristas, Carmen Gómez Lozano, Titular de la Unidad de Género e Inclusión de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR), destacó el valor del diagnóstico para fortalecer acciones preventivas y mecanismos de protección en los espacios donde ocurre el trabajo ambiental y forestal.

Claudia Alfaro Lazo, Coordinadora Microregional del Grupo Autónomo para la Investigación Ambiental – SAbERES Chiapas, expuso que el informe visibiliza violencias que durante años permanecieron normalizadas y que afectan a mujeres, hombres, jóvenes, personas voluntarias y comunidades LGBTIQ+. Señaló que contar con datos claros permite abrir conversaciones necesarias dentro de las organizaciones y en los territorios, y favorece la construcción de espacios seguros y libres de discriminación.

Desde una perspectiva territorial, Laura Jiménez, directora técnica de la Unión de Comunidades Productoras Forestales Zapotecos Chinantecos de la Sierra Juárez de Oaxaca (UZACHI), explicó que los roles tradicionales, la carga de trabajo comunitaria y la falta de derechos agrarios limitan la participación de las mujeres en la toma de decisiones. Destacó la importancia de adaptar los protocolos a las realidades de cada territorio y afirmó que el empoderamiento económico constituye una condición esencial para que las mujeres ejerzan autonomía y fortalezcan su liderazgo en la gestión del territorio.

En sus conclusiones, Itzá Castañeda, directora de Equidad de Género e Inclusión Social de WRI México, señaló que los hallazgos del informe ofrecen una base sólida para fortalecer las políticas de igualdad en el sector ambiental, pero también evidencian la necesidad de revisar las prácticas internas de las organizaciones. Indicó que la transformación empieza por el propio sector y sus prácticas internas, con políticas efectivas de no violencia, mecanismos de protección adecuados y entornos laborales que garanticen respeto, diversidad y participación equitativa.

Explicó que los protocolos requieren adecuación a cada territorio, sobre todo en zonas comunitarias donde las dinámicas culturales y agrarias exigen enfoques diferenciados. Subrayó además que el empoderamiento económico de las mujeres constituye un eje estructural para reducir desigualdades y que cualquier iniciativa ambiental, forestal o climática debe incluir estrategias que fortalezcan esa autonomía.

Finalmente, hizo un llamado a asumir una postura clara en todo el sector ambiental: la violencia de género debe tener tolerancia cero, con salvaguardas y mecanismos aplicables desde los proyectos comunitarios hasta las políticas nacionales. Señaló que existen herramientas y evidencia suficientes para avanzar hacia entornos más seguros, justos e inclusivos.