Colombia enfrenta desafíos significativos en su sistema energético, altamente dependiente de la generación hidroeléctrica, lo que lo hace vulnerable a fenómenos climáticos extremos como los fenómenos de El Niño y La Niña. Esta vulnerabilidad se traduce en riesgos para la seguridad energética, la producción de alimentos y el acceso al agua, afectando especialmente a las zonas rurales y a las comunidades más desfavorecidas. En este contexto, la Estrategia de Comunidades Energéticas (CE), lanzada por el Gobierno nacional en 2024, se presenta como una iniciativa clave para avanzar hacia un modelo energético bajo en carbono y resiliente al cambio climático. Las CE permiten que comunidades, empresas locales y autoridades colaboren en la generación, distribución y consumo de fuentes renovables, fomentando la autosuficiencia energética y reduciendo la dependencia de combustibles fósiles.

El enfoque de las CE va más allá de la provisión de electricidad, proponiendo un modelo integral que vincula la energía con la seguridad alimentaria y hídrica mediante el nexo agua-energía-alimentos. Este enfoque reconoce la interdependencia de estos recursos y busca optimizar su uso, reduciendo presiones sobre los ecosistemas y garantizando beneficios sociales y ambientales sostenibles. La gestión conjunta de agua, energía y alimentos permite planificar soluciones que se adapten a los riesgos climáticos locales, incorporando factores como la geografía, la vulnerabilidad y la variabilidad climática. Así, las CE se convierten en un mecanismo de adaptación y mitigación del cambio climático, promoviendo prácticas sostenibles y fortaleciendo la autonomía de las comunidades frente a fenómenos asociados a un clima cambiante.

El desarrollo de CE en Colombia también está estrechamente ligado a la transición energética justa, cuyo objetivo es construir un sistema energético más equitativo, inclusivo y sostenible. Las comunidades se convierten en líderes activas del proceso energético, participando en la administración y propiedad de los recursos y asegurando que la generación local contribuya al desarrollo socioeconómico. Casos piloto en regiones del Caribe, Pacífico y Andina han demostrado que la implementación de sistemas híbridos de energía renovable, apoyados en la colaboración pública, privada y comunitaria, permite mejorar la confiabilidad del suministro eléctrico, fomentar la economía local y garantizar la sostenibilidad de proyectos energéticos a largo plazo.

En suma, las CE representan un modelo transformador que integra la acción climática con la participación comunitaria y el desarrollo territorial. Su diseño estratégico, basado en el nexo agua-energía-alimentos y adaptado a la realidad local, ofrece un camino hacia un futuro más resiliente y sostenible, promoviendo no solo el acceso a energía limpia, sino también la seguridad hídrica y alimentaria, y fortaleciendo la capacidad de las comunidades para enfrentar los desafíos del cambio climático.

Comunidades energéticas en Colombia
Foto: WRI Colombia