Expertos destacados de WRI:
Desarrollar la economía basada en la naturaleza en Colombia podría crear cientos de miles de nuevos empleos
A medida que Colombia avanza hacia una economía baja en carbono y basada en la naturaleza, las políticas adecuadas pueden contribuir a impulsar un crecimiento sostenible y una fuerza laboral inclusiva.
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La transición de Colombia hacia una economía baja en carbono podría generar 775.000 empleos para 2035 en los sectores de agronegocios y turismo de naturaleza. Imagen de
Bruno Malfondet / iStock.
A medida que el mundo avanza hacia una economía más resiliente y baja en carbono, se abre para Colombia una oportunidad significativa para crear cientos de miles de nuevos empleos en sectores emergentes como la infraestructura verde, el transporte limpio y la economía circular.
A nivel mundial, se espera que esta transición genere aproximadamente 375 millones de empleos. Cerca de 280 millones estarán vinculados a la adaptación, y de estos, 195 millones tendrán relación con soluciones basadas en la naturaleza y agricultura regenerativa.
Como el segundo país con mayor biodiversidad del mundo, los ecosistemas de Colombia representan un enorme potencial económico aún sin aprovechar en otros sectores emergentes como el ecoturismo, la bioeconomía y las exportaciones sostenibles. Solo el turismo de naturaleza y los agronegocios podrían crear 775.000 empleos para 2035, muchos de ellos concentrados en los departamentos de Córdoba, Atlántico, Nariño, Caldas, Magdalena y Bolívar, ampliando las oportunidades económicas en regiones cuyos extensos paisajes naturales y potencial agrícola las posicionan favorablemente para estas industrias. La capacidad agrícola de Colombia, sus ecosistemas naturales estratégicos y su diversidad regional también elevan al país como un potencial líder en desarrollo económico basado en la naturaleza en América Latina.
El Gobierno colombiano ya ha identificado más de USD 32.000 millones en oportunidades de inversión verde en sectores de energías renovables, protección de ecosistemas y agricultura sostenible, en donde el país ya cuenta con una ventaja competitiva.
El desafío central: lograr que el crecimiento sea inclusivo
Pero convertir este potencial en realidad exige enfrentar los desafíos del mercado laboral colombiano. Para muchas personas en Colombia, la oportunidad de acceder a un empleo seguro, bien remunerado y protegido todavía depende de su género, edad y lugar de residencia. Las mujeres, las personas jóvenes y las comunidades rurales suelen enfrentar las mayores barreras.
En junio de 2026, por ejemplo, cerca del 55 % de los trabajadores se encontraban en empleos informales, sin contratos formales ni acceso a beneficios como seguridad social, licencias remuneradas o protecciones legales. La participación laboral femenina era de aproximadamente 54 %, frente a 76 % entre los hombres, una brecha impulsada en gran medida por la distribución desigual del trabajo de cuidado no remunerado. El desempleo juvenil se situó alrededor del 15 %, casi el doble del promedio nacional.
Se estima que 4,7 millones de trabajadores, aproximadamente el 22,6 % de la fuerza laboral actual, se encuentran en ocupaciones que se verán directamente afectadas por la transición climática. Entre ellas se encuentran nuevos roles emergentes, como instaladores de sistemas solares fotovoltaicos y economistas ambientales; ocupaciones existentes que requerirán nuevas habilidades como técnicos en ingeniería eléctrica, inspectores de construcción y mecánicos de buses y camiones; y ocupaciones que probablemente experimentarán una mayor demanda, entre ellas instaladores y reparadores de líneas eléctricas, ingenieros químicos, técnicos forestales y de conservación, electricistas y conductores de buses.
Junto con las nuevas oportunidades, la adopción de tecnologías bajas en carbono y la creciente demanda de bienes con menores emisiones podrían desplazar a algunos trabajadores. Los nuevos empleos no necesariamente surgirán en las mismas regiones, requerirán las mismas habilidades ni ofrecerán una remuneración comparable. Sin una gestión deliberada, los trabajadores que enfrenten estos cambios y las personas que ya están excluidas del empleo seguro podrían tener dificultades para acceder a nuevas oportunidades.
Nada de esto cambiará por sí solo. Se necesitan políticas enfocadas en el desarrollo de la fuerza laboral, el fortalecimiento de capacidades y la creación de nuevas oportunidades económicas que contribuyan a impulsar la competitividad de Colombia en el largo plazo.
El país ya ha dado varios pasos: se espera que para 2030 el 100 % de las universidades e instituciones de educación técnica ofrezcan programas alineados con las necesidades de una economía carbono neutral, y que los empleos verdes representen el 45 % del empleo total para 2050, de acuerdo con la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia (E2050).
Los próximos cuatro años, que coinciden exactamente con los compromisos de la contribución determinada a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés) de Colombia y con el próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030, representan una oportunidad estratégica para traducir sus compromisos climáticos en programas concretos, metas, responsabilidades institucionales y financiamiento. La amplia población en edad de trabajar de Colombia también representa una ventaja para el país, pero esta ventana de oportunidad no permanecerá abierta indefinidamente.
Herramientas de política para un crecimiento sostenible e inclusivo
Un nuevo estudio de WRI plantea tres áreas prioritarias en las que Colombia deberá enfocarse para orientar su economía hacia una dirección baja en carbono, resiliente y competitiva:
1) Gobernanza y voluntad política
Colombia ya ha avanzado en la incorporación de los principios de transición justa en sus compromisos climáticos nacionales, incluida la NDC y su Estrategia Climática de Largo Plazo. Estos principios apoyan a los trabajadores y las comunidades afectadas por el alejamiento de industrias con altas emisiones y les permiten beneficiarse de las oportunidades generadas por una economía baja en carbono. Asimismo, el Ministerio del Trabajo ha avanzado en este propósito mediante la creación de una estrategia para la fuerza laboral. La tarea ahora es ponerla en práctica.
El Plan Nacional de Desarrollo debe traducir estos compromisos y estrategias en programas concretos, como iniciativas regionales de diversificación económica que brinden desarrollo empresarial y acceso a mercados para la agricultura sostenible, el turismo de naturaleza, la restauración de ecosistemas y los negocios de bioeconomía; apoyo para la transición de trabajadores y comunidades afectados por el declive de determinadas industrias, como programas de reconversión y fortalecimiento de habilidades; y medidas para garantizar que las nuevas inversiones generen empleos formales.
Estas medidas podrían incluir acuerdos entre desarrolladores de proyectos y autoridades locales que establezcan metas explícitas para la contratación local y la creación de empleo formal en las regiones en donde se desarrollan los proyectos. La implementación de estos programas requerirá responsables institucionales claramente definidos, cronogramas y fuentes de financiamiento, idealmente mediante la articulación de las políticas laborales, educativas, de inversión y climáticas.
Estas áreas suelen planificarse e implementarse por separado, lo que genera iniciativas desconectadas e impide que las políticas y las inversiones trabajen hacia un mismo objetivo. Las metas nacionales deben complementarse con acuerdos locales de transición: planes adaptados a cada contexto que reúnan a gobiernos, sindicatos, empresas y comunidades, y que estén alineados con estrategias más amplias de desarrollo local y regional.
2) Innovación en formación
Una economía baja en carbono y resiliente al clima no se construye únicamente mediante políticas; también construyen las personas, con sus manos y sus habilidades. Será necesario reconvertir y fortalecer las capacidades de los trabajadores a una velocidad mayor de la que permite la educación tradicional. Para responder a esta demanda, los programas cortos de formación, modulares, flexibles y acumulables pueden ayudar a los trabajadores a actualizar con mayor rapidez sus habilidades técnicas. Esto es especialmente importante en Colombia, en donde muchas personas que forman parte de la fuerza laboral informal no cuentan con licencias remuneradas ni formación financiada por sus empleadores, y no pueden darse el lujo de dejar temporalmente sus trabajos mientras se capacitan nuevamente.
Al mismo tiempo, será fundamental reconocer las habilidades que las personas ya poseen. El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), que ya certifica competencias adquiridas mediante la práctica, llegó a más de 260.000 trabajadores colombianos en 2025. Ampliar este modelo y complementarlo con certificaciones ocupacionales claras ayudaría a los trabajadores informales a convertir su experiencia práctica en credenciales reconocidas y acceder a empleos formales de mejor calidad.
Nada de esto será inclusivo de manera automática. Las mujeres enfrentan barreras que los programas de formación rara vez tienen en cuenta: una proporción desmedida de las tareas no remuneradas de cuidado infantil, cuidado de personas mayores y labores domésticas, lo que les deja menos tiempo para capacitarse; una conectividad rural limitada, que restringe el acceso a cursos virtuales y presenciales; y la exclusión de la formación técnica, que reduce sus posibilidades de acceder a los empleos verdes emergentes. Por lo tanto, los programas deben diseñarse teniendo en cuenta estas realidades cotidianas, y no limitarse simplemente a estar formalmente abiertos para ellas.
3) Financiamiento e incentivos
Financiar la transición exige una forma diferente de pensar los costos. La reconversión laboral y el desarrollo de la fuerza laboral no deben tratarse como un gasto recurrente, sino como una inversión en las personas.
El gasto público también puede funcionar como una herramienta directa: los grandes contratos de infraestructura, energía y transporte financiados con recursos públicos deberían exigir contratación local, certificación de habilidades y formación, de manera que los proyectos también contribuyan al desarrollo de la fuerza laboral.
Los incentivos son especialmente importantes para las empresas más pequeñas. Las micro, pequeñas y medianas empresas generan alrededor del 80 % del empleo nacional, pero son las que tienen menor capacidad para absorber los costos de recapacitar a su personal o adoptar tecnologías bajas en carbono. Una combinación de incentivos fiscales y financieros, acceso al crédito y asistencia técnica (acompañada de avances graduales hacia la formalización) puede ayudar a las empresas a capacitar nuevamente a sus trabajadores y adoptar tecnologías bajas en carbono, al tiempo que mejoran la calidad del empleo.
Finalmente, el financiamiento climático internacional debería avanzar en la misma dirección. Esto es especialmente relevante en Colombia en donde el apoyo internacional para proteger ecosistemas de importancia mundial, como la Amazonía, también podría ayudar a los pueblos indígenas y a las comunidades locales a desarrollar habilidades y acceder a empleos verdes en restauración, manejo forestal sostenible, turismo de naturaleza y emprendimientos de bioeconomía.
La cooperación internacional y los préstamos de los bancos de desarrollo deberían destinar explícitamente una parte del financiamiento climático a una transición laboral verde y equitativa, incluida la reconversión laboral, la protección social y la ampliación de instituciones de formación como el SENA. Al desarrollar capacidades locales y oportunidades de empleo, estas inversiones pueden convertir la conservación y el uso sostenible de los recursos en fuentes viables de empleo e ingresos, reduciendo la dependencia de actividades que degradan los ecosistemas. Integrar el empleo y las habilidades en el financiamiento climático es clave para maximizar los retornos económicos y sociales de la inversión climática.
El momento de Colombia para construir una nueva economía
La oportunidad de Colombia para construir una nueva economía (arraigada en la naturaleza, impulsada por la innovación y diseñada para ser inclusiva) constituye una agenda práctica y alcanzable. Los elementos fundamentales ya están presentes: una biodiversidad extraordinaria, una fuerza laboral joven, una capacidad agrícola comprobada y un creciente interés de los inversionistas en el desarrollo económico basado en la naturaleza.
Ahora es el momento para que Colombia aborde simultáneamente la crisis climática y amplíe su economía en beneficio de su población. Con las políticas adecuadas, esta transición puede mejorar la vida de millones de trabajadores. Aprovechar esta oportunidad requerirá acciones deliberadas en materia de desarrollo de la fuerza laboral, planificación local e inversión climática.
