Colombia enfrenta el reto de cumplir sus metas climáticas en un mercado laboral marcado por la informalidad y profundas desigualdades de género, edad y territorio. Avanzar hacia una economía baja en carbono no es solo un asunto ambiental, sino también una transformación del mercado laboral. Algunas ocupaciones cambiarán, otras desaparecerán y muchas nuevas surgirán.

La evidencia muestra que la transición climática provocará una fuerte rotación del empleo en la próxima década. Bien gestionada y acompañada de políticas deliberadas de empleo, formación y protección social, esa transformación puede traducirse en una creación neta de puestos de trabajo, sobre todo en sectores como la energía, la construcción y la economía basada en la naturaleza. En Colombia, se estima que cerca de 4,7 millones de trabajadores están en ocupaciones que se verán afectadas por la transición climática. Sin políticas explícitas que incluyan a quienes hoy enfrentan mayores barreras de acceso al trabajo decente, esos beneficios podrían concentrarse en unos pocos y las brechas existentes podrían ampliarse.

Empleos verdes
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El periodo 2026–2030 será decisivo. Coincide con la ventana de implementación para alcanzar las metas climáticas para 2030 establecidas en la Contribución Nacionalmente Determinada (NDC) y en la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050). En ese marco, el próximo Plan Nacional de Desarrollo (PND) representa una oportunidad clave: como principal instrumento de planeación del país, puede traducir los compromisos climáticos de Colombia en programas concretos, con metas claras, responsables institucionales, cronogramas y fuentes de financiamiento.

Empleo informal
Pedro Szekely - Flickr 

Esta nota experta ofrece recomendaciones de política pública para incluir en el próximo PND, con el fin de impulsar la reconversión laboral, la mejora de competencias y la creación de empleos verdes con un enfoque de equidad. A partir de la literatura disponible, identifica y sintetiza las principales acciones que Colombia debería considerar para planear e implementar una transición laboral justa. Las recomendaciones se organizan en tres pilares estratégicos: gobernanza e intencionalidad política, innovación en formación y financiamiento e incentivos al sector productivo.