A medida que los países pasen de establecer compromisos climáticos a ponerlos en práctica, deberán integrar la ciencia del clima, una supervisión eficaz y la rendición de cuentas junto con las prioridades nacionales. Los consejos asesores sobre el clima —órganos formados por científicos y expertos que ofrecen asesoramiento basado en datos científicos para orientar la elaboración de políticas en al menos 25 países— constituyen una innovación institucional prometedora que puede respaldar estas funciones.  

Estudios anteriores han demostrado cómo los consejos climáticos han reforzado la ambición y la supervisión de las políticas climáticas en otras partes del mundo. Sin embargo, la mayoría de los estudios se han centrado en consejos que cuentan con recursos relativamente abundantes, principalmente en Europa. Los consejos que carecen de ese nivel de apoyo institucional se enfrentan a más dificultades operativas que limitan su influencia. No obstante, se puede considerar que aportan valor a la gobernanza climática de los países, con potencial para hacer aún más.

Esta es una de las principales conclusiones de un nuevo documento de trabajo elaborado por el Instituto de Recursos Mundiales y el Instituto de Investigación Grantham de la London School of Economics, que ofrece la primera evaluación empírica comparativa de estos consejos climáticos en América Latina. Nuestro estudio arroja luz sobre cómo los consejos climáticos de Chile, Guatemala y México están contribuyendo a la gobernanza climática de sus respectivos países. Asimismo, esboza las medidas que los responsables políticos y los socios podrían adoptar para reforzar la capacidad de dichos consejos a la hora de aumentar la ambición y facilitar la implementación.

En este contexto, basándonos en los datos de los tres países que hemos analizado, destacamos algunas de las condiciones —entre ellas, los recursos y los mandatos— que permiten que los consejos climáticos sean una herramienta aún más eficaz para hacer frente a los retos a los que se enfrenta la política climática y para apoyar una gobernanza climática eficaz.

¿Cómo funcionan los consejos climáticos y de dónde proceden?

Los consejos climáticos son órganos de expertos con un mandato oficial —a menudo, aunque no siempre, a través de la legislación nacional— para asesorar a los responsables de las políticas climáticas y a los ministerios competentes sobre políticas basadas en la ciencia. Hay 31 consejos de 25 países que forman parte de la Red Internacional de Consejos Climáticos (ICCN), que les brinda apoyo mutuo y potencia su labor. Aunque existen algunas diferencias entre países, en el mejor de los casos, los consejos climáticos están compuestos por científicos reconocidos o expertos del sector que ofrecen asesoramiento sobre una amplia gama de políticas climáticas, convocan a las partes interesadas, realizan un seguimiento y, en ocasiones, pueden exigir respuestas sobre la ambición o la aplicación de las políticas. Al no tratarse de cargos electos, los consejos suelen trabajar más allá de los ciclos presupuestarios y electorales nacionales anuales.

Nuestro estudio se centró específicamente en el Comité Asesor Científico sobre el Cambio Climático (C4) de Chile, el Consejo de Cambio Climático (C3) de México y el Sistema Guatemalteco de Ciencias del Cambio Climático (SGCCC). Los consejos de Chile y México se crearon directamente en virtud de leyes marco sobre el clima en 2024 y 2013, respectivamente. El consejo de Guatemala se puso en marcha en 2014, como consecuencia de su propia ley climática, pero carece de protecciones legales y requiere un acuerdo renegociado entre sus miembros institucionales fundadores cada varios años.

Climate council meeting in Antofagasta, Chile. Courtesy C4 via ICCN.
Consejo sobre el clima en Punta Arenas, Chile. Cortesía de C4 a través del ICCN. 

Existen muchas formas de crear consejos climáticos, pero, a pesar de las importantes diferencias en cuanto a sus fundamentos jurídicos y su diseño institucional, los tres consejos que hemos estudiado tienen como objetivo común ofrecer asesoramiento independiente y especializado para respaldar la elaboración de políticas climáticas.  Las personas a las que entrevistamos para nuestra investigación consideraban, en general, que los consejos eran fuentes técnicamente fiables y legítimas de conocimientos científicos y sectoriales.

La aplicación de las medidas es un tema central en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (COP31) de este año, ya que el segundo Balance Global presionará a los gobiernos para que demuestren que los compromisos climáticos están dando resultados. Hemos constatado que, incluso con mandatos limitados, sin presupuesto y a pesar de que los organismos gubernamentales no tenían la obligación de seguir sus recomendaciones, los consejos climáticos de México, Guatemala y Chile demostraron su utilidad a la hora de respaldar estos objetivos. Los consejos garantizaron la coherencia de las políticas entre las distintas administraciones, influyeron directamente en el contenido y la elaboración de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) y reunieron a partes interesadas subnacionales y comunidades afectadas que habían quedado al margen de los debates políticos, por citar algunos ejemplos.

Por ejemplo, el C4 influyó directamente en el contenido técnico de la NDC actualizada de Chile (NDC 3.0), mientras que el C3 impulsó el desarrollo de un proceso más participativo que se utilizó para involucrar a las poblaciones afectadas y servir de base para la NDC 3.0 de México y su Programa Especial sobre el Cambio Climático, que traduce los compromisos en acciones.

La SGCCC ha desempeñado un papel fundamental en la preservación de la memoria institucional sobre la acción climática a lo largo de las distintas administraciones de Guatemala, garantizando la coherencia de las políticas y contando con la participación de líderes subnacionales, indígenas y de la sociedad civil. Tal y como nos comentó un miembro de la SGCCC guatemalteca durante la investigación para nuestro estudio: «El sistema ha servido como depósito [a lo largo de las transiciones gubernamentales]... El perjuicio que sufre un país cuando esa memoria institucional no existe es enorme».

En el resto de América Latina, Colombia, Perú y Brasil están aplicando leyes o creando organismos relacionados, mientras que otros gobiernos están diseñando consejos en estos momentos.

Al analizar el funcionamiento de los consejos climáticos en México, Guatemala y Chile, podemos comprender cómo los países sacan el máximo partido a sus consejos climáticos. 

De los voluntarios a las instituciones

Las partes interesadas con las que hablamos consideraban en general que los miembros de los consejos de los tres países eran expertos sectoriales o científicos comprometidos y competentes que dedicaban su tiempo de forma voluntaria a reforzar la estrategia climática de sus países. Sin embargo, las limitaciones en materia de recursos técnicos y administrativos dificultan que los consejos puedan ofrecer análisis rigurosos y formular observaciones sobre múltiples documentos normativos clave en plazos ajustados, además de limitar su capacidad para reunir a las partes interesadas.

Los consejos de los países más ricos suelen contar con una financiación pública estable y con secretarías formadas por entre 10 y 30 personas, algunas de las cuales reciben una remuneración por su tiempo. Los tres consejos que hemos estudiado cuentan con miembros no remunerados y ninguno dispone de un presupuesto específico. Una de nuestras principales conclusiones es que estos consejos han logrado realizar contribuciones enormes en relación con sus recursos, lo que nos lleva a preguntarnos cuánto más podrían hacer si contaran con personal y financiación adecuados.

El C4 de Chile es el único de los tres que cuenta con una secretaría técnica. La financiación externa procedente del Banco Interamericano de Desarrollo y de la Asociación NDC permitió ampliar la plantilla del C4 de un miembro a tres. Los miembros atribuyeron a esa ampliación la capacidad del comité para realizar un trabajo de fondo. En sus primeros meses, los miembros del comité revisaron nueve documentos normativos de más de 100 páginas cada uno, además de sus tareas habituales. Como señaló uno de los miembros: «Sin ello, los miembros del comité están, en esencia, solos».

Cuando se agotó la financiación externa, la secretaría volvió a contar con un único empleado, lo que redujo el apoyo disponible para la comisión y puso de manifiesto su dependencia de acuerdos de financiación temporales, limitando así su capacidad para cumplir con las funciones de la comisión.

La C3 de México no cuenta con secretaría, ni personal, ni dotación presupuestaria que hayamos podido identificar. Los miembros explicaron que corrían con sus propios gastos para asistir a las escasas reuniones presenciales. Aunque sus estatutos exigen la presentación de informes anuales, no se les han proporcionado los recursos ni el apoyo necesarios para llevar a cabo esta función y carecen de un sistema de comunicación operativo.

El SGCCC de Guatemala cuenta con un gran talento científico procedente de los miembros de las universidades, pero su base jurídica es frágil. No está constituido como entidad jurídica, por lo que no puede recibir subvenciones directamente; los fondos deben canalizarse a través de sus universidades miembros. En el momento de nuestra investigación, su acuerdo fundacional de cinco años había caducado, lo que dejaba al sistema «en un limbo jurídico», según uno de sus miembros.

Todas estas carencias pueden subsanarse, aunque la mayoría de ellas requeriría la intervención de los responsables políticos para reforzar los mandatos legales y garantizar recursos suficientes.

Del asesoramiento a la respuesta

Para garantizar que las recomendaciones de un consejo tengan repercusión, es necesario que exista la obligación legal de que el gobierno las tenga en cuenta y responda a ellas. En México, Guatemala y Chile, los gobiernos no están obligados explícitamente a publicar una respuesta a las recomendaciones recibidas de los consejos climáticos. Esto puede cobrar importancia si la colaboración y la consulta se ven limitadas únicamente por normas y no por reglas: antes del actual Gobierno de México, el C3 quedó marginado en el proceso de toma de decisiones y se le trató como algo secundario, según las partes interesadas a las que entrevistamos y que formaron parte del C3 y del Gobierno durante ese periodo. Al carecer de un mandato explícito para recabar aportaciones y publicar una respuesta, resultaba más fácil ignorar al C3 y sus recomendaciones.

En otros lugares, la existencia de mecanismos más sólidos hace que resulte difícil ignorar a estos comités. Por ejemplo, el Gobierno del Reino Unido está legalmente obligado a responder a las recomendaciones del Comité sobre el Cambio Climático en materia de presupuestos de carbono. Un estudio sobre una década de debate parlamentario reveló que todos los principales partidos del Reino Unido se basan en los análisis de dicho comité, a menudo para exigir responsabilidades al Gobierno y presionar a favor de políticas más ambiciosas. Del mismo modo, el Gobierno de Dinamarca debe responder al informe anual de su Consejo sobre el Cambio Climático.

La mayoría de los consejos consultivos sobre el clima de todo el mundo tienen en su mandato una función de supervisión: hacer un seguimiento de los avances y exigir responsabilidades a los gobiernos. Ninguno de estos tres consejos tiene la misión de evaluar periódicamente los avances en materia de política climática ni de informar al respecto para generar visibilidad, credibilidad y rendición de cuentas, tanto a nivel nacional como internacional. Para garantizar que los futuros líderes tengan en cuenta y respondan a los consejos de expertos y científicos cualificados, los responsables políticos deberían plantearse establecer obligaciones legales claras que obliguen al gobierno a recabar y responder a las aportaciones de sus consejos consultivos.

De la capital a los territorios y a los ciudadanos

En los casos de Chile, Guatemala y México, los consejos han ampliado, en general, sus actividades más allá de sus mandatos formales por iniciativa propia, más que mediante facultades legales explícitas o recursos específicos. Por ejemplo, el C4 de Chile creó una red de investigación con más de 500 expertos y una red comunitaria con más de 150 participantes. Además, organizó diálogos científicos regionales fuera de Santiago.

El papel que pueden desempeñar los consejos para subsanar de la mejor manera posible las deficiencias de gobernanza en sus países puede evolucionar con el tiempo. Aunque en un principio se creó para sintetizar la ciencia del clima de cara a los responsables políticos, los miembros del SGCCC de Guatemala han cuestionado hasta qué punto el Gobierno tiene en cuenta sus recomendaciones. Por otra parte, el SGCCC fue elogiado por funcionarios del Gobierno y partes interesadas por su papel improvisado al liderar un Congreso Nacional sobre el Cambio Climático que reunió a la sociedad civil de fuera de la capital en torno a una agenda definida en parte por los propios participantes.

En México, 12 estados cuentan ya con sus propios consejos climáticos operativos y existe un interés mutuo entre ellos y el C3 por profundizar en la colaboración y el intercambio para representar mejor las prioridades climáticas a nivel estatal en las recomendaciones nacionales. Australia, que preside las negociaciones de la COP31, ofrece un modelo a seguir: en 2025, puso en marcha una red que conecta sus consejos climáticos federales y subnacionales.

Existe la oportunidad de aumentar la visibilidad entre el público y las partes interesadas de las actividades, recomendaciones e influencia de los consejos en los tres países. El comité chileno solo es conocido, en su mayor parte, en los círculos gubernamentales y especializados. Un ciudadano mexicano no podría encontrar ninguna de las recomendaciones, actas o informes anuales del C3. Este reto está estrechamente relacionado con la falta de personal, presupuesto y capacidad institucional para comunicarse de forma más coherente y estructurada con los principales actores de la gobernanza climática más allá del Ministerio de Medio Ambiente —como los órganos legislativos, las autoridades subnacionales, las asociaciones sectoriales y los líderes indígenas—.

Cómo lograr que los consejos climáticos tengan peso

Los tres países que hemos analizado en nuestro documento de trabajo se encuentran en un momento político propicio para reforzar la capacidad de sus consejos a la hora de apoyar la acción climática. El comité de Chile se enfrenta a su primer cambio de gobierno desde que se aprobó la ley marco. El acuerdo constitutivo de Guatemala debe renovarse. México está modificando su Ley General de Cambio Climático, y las autoridades afirman que se está debatiendo el papel del C3.

En el caso de estos tres países, observamos que las siguientes condiciones institucionales podrían potenciar la capacidad de los consejos climáticos para reforzar las políticas y la gobernanza:

  • La obligación de responder. Se debería exigir a los gobiernos que respondieran formalmente a las recomendaciones de los consejos y que hicieran públicas dichas respuestas, tal y como ocurre en el Reino Unido, Dinamarca o Canadá. En México, Guatemala y Chile, esto requeriría la aprobación de nuevas leyes o la modificación de las ya existentes.
  • Una secretaría permanente y dotada de fondos. Cuando los presupuestos nacionales no sean suficientes, los financiadores internacionales pueden aportar fondos de respaldo de manera que se proteja la independencia del consejo.
  • Participación más temprana de los ayuntamientos en los procesos de elaboración de políticas, con un mayor acceso a los datos. Se debería invitar a los ayuntamientos a participar mientras aún se están elaborando los borradores, con plazos mínimos de revisión para los instrumentos clave y pleno acceso a los datos en los que se basan.
  • Mayor visibilidad ante el público y las partes interesadas del papel, el funcionamiento y las actividades del consejo climático. Debido principalmente a la falta de recursos y de personal, las actividades y el impacto de estos consejos no son muy conocidos más allá de los organismos a los que asesoran, lo que limita su capacidad para generar un apoyo más amplio a las políticas climáticas basadas en la ciencia.
  • Canales más allá del poder ejecutivo. Es necesario dotar a los ayuntamientos de las competencias y los recursos necesarios para llegar a las asambleas legislativas, a los gobiernos subnacionales y a la ciudadanía.

Estas reformas también abordan directamente lo que se pedirá a los gobiernos que demuestren en la COP31. Los consejos asesores sobre el clima representan una innovación en la gobernanza climática que está demostrando su impacto a la hora de reforzar la aplicación nacional creíble de las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC) en todo el mundo. Ahora que se pone en marcha el segundo balance global para evaluar el progreso colectivo, los consejos climáticos pueden desempeñar un papel a la hora de facilitar aportaciones sobre la aplicación de las medidas climáticas nacionales. Un consejo climático bien dotado se nutre de conocimientos especializados nacionales, independientes y científicos procedentes de universidades, centros de estudios y otras fuentes de la sociedad civil para armonizar las políticas climáticas con un asesoramiento científico adecuado a los contextos de cada país. Los consejos deben contar con un mandato claro para asesorar sobre los objetivos, examinar los planes y realizar un seguimiento de los avances, contribuyendo así a mejorar la credibilidad de las políticas, su nivel de ambición y la rendición de cuentas en la aplicación.

Las citas textuales que aparecen en este artículo proceden de entrevistas realizadas en el marco de una investigación formal. De acuerdo con las normas éticas del WRI para la investigación con participantes humanos, se garantizó el anonimato a los entrevistados, que se identifican únicamente por su afiliación.

 

Imagen destacada de Cortesía de C4 a través del ICCN

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