Gobernar para ciudades más saludables: autoridades y especialistas coinciden en que el reto es implementar la evidencia

En una mesa redonda de ICUH 2026 moderada por WRI México, representantes del gobierno federal, de la Ciudad de México, de Tlalpan, de Nuevo León y de la academia analizaron cómo convertir la evidencia sobre salud urbana en políticas y programas.

Ciudad de México, 16 de octubre de 2026.– Representantes del gobierno federal, del gobierno de la Ciudad de México, de la alcaldía Tlalpan, del Consejo Nuevo León y de la Universidad de Monterrey (UDEM) participaron en una mesa redonda sobre cómo gobernar ciudades más saludables, en el marco de la International Conference on Urban Health (ICUH 2026). La sesión, moderada por Carina Arvizu, directora de Ciudades de WRI México, abordó cómo pasar de la evidencia sobre salud urbana a políticas y programas. Las personas panelistas coincidieron en que el reto no es la falta de evidencia, sino la capacidad de implementarla: instrumentos con consecuencias claras, capacidades y financiamiento en los gobiernos locales, mecanismos de coordinación metropolitana y continuidad entre administraciones.

Participaron José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU); Lilian Marrero Santana, asesora de la oficina del titular de la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México; Setzin Eunice Gómez Oznaya, directora de Ordenamiento Territorial de la alcaldía Tlalpan; y Juan Alejandro García, coordinador de la Comisión de Desarrollo Sostenible del Consejo Nuevo León. Lilia García Rodríguez, vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UDEM, participó mediante un video.

Academia: de la evidencia a la decisión

En su video, Lilia García Rodríguez afirmó que uno de los principales obstáculos no es necesariamente la falta de evidencia científica, sino la distancia entre el conocimiento que se genera y las decisiones que se toman. Explicó que las universidades producen investigación sobre los determinantes sociales, ambientales y territoriales de la salud, pero que ese conocimiento con frecuencia permanece en publicaciones científicas, mientras que las decisiones públicas se toman bajo presiones presupuestales, tiempos políticos e inercias institucionales.

“La evidencia científica no transforma realidades por el simple hecho de existir” (Lilia García Rodríguez, vicerrectora de Ciencias de la Salud de la UDEM)

García Rodríguez propuso cinco compromisos para la academia:

• Generar evidencia relevante, que responda a los problemas más urgentes de las comunidades.
• Traducir la ciencia en propuestas concretas: qué intervenciones pueden reducir la exposición, cuánto cuestan, quiénes deben implementarlas y cómo evaluar sus resultados.
• Incorporar la equidad territorial para identificar dónde están las mayores vulnerabilidades y priorizar las intervenciones.
• Construir colaboración intersectorial, con una visión de salud en todas las políticas.
• Medir el impacto y rendir cuentas, de modo que la investigación no concluya con la publicación de un artículo.

Añadió que una buena política pública requiere, además de evidencia, liderazgo, voluntad institucional, capacidad financiera y capacidad de ejecución, y mencionó como ejemplo su participación en el programa de cobertura universal para niñas, niños y adolescentes con cáncer en Nuevo León.

Gobierno federal: normas obligatorias sin consecuencias explícitas

Iracheta Carroll respondió a la pregunta sobre los instrumentos normativos de suelo y ordenamiento territorial con los que la federación busca que los criterios de salud pública y bienestar sean vinculantes. Explicó que el orden jurídico asigna las decisiones directas de política urbana a municipios y estados, y que la federación acompaña, apoya, orienta y, en algunos casos, financia.

“El gobierno federal [...] carece en buena medida de dientes para intervenir directamente en los territorios” (José Alfonso Iracheta Carroll, subsecretario de Ordenamiento Territorial Urbano y Vivienda de SEDATU)

Como mecanismos, mencionó tres normas oficiales mexicanas: la NOM-001, que define criterios básicos para el espacio público y que aún no incorpora plenamente el enfoque de cuidados, como una ciudad más amigable para la niñez, las personas mayores y las mujeres en lactancia; la NOM-004, que establece el diseño de calles y cruceros para priorizar la seguridad de quienes se mueven de forma activa, conforme a la pirámide de la movilidad; y la NOM-003, que plantea la planeación con un enfoque de sistema socioecológico, para superar la tradición de separar lo ambiental de lo territorial. Señaló que las normas son de aplicación obligatoria, pero que no existen mecanismos explícitos de repercusión si no se aplican, y que la planeación sigue dependiendo en buena medida de la coordinación con los actores locales.

El subsecretario indicó que se fortalece la política de suelo, con el propósito de poner en el centro la accesibilidad igualitaria a los bienes, servicios y beneficios de la ciudad. Como ejemplo, describió el Valle de México: en las alcaldías del poniente, de mayores ingresos, hay una accesibilidad medianamente adecuada; hacia el oriente y el suroriente, esa accesibilidad se diluye hasta llegar a zonas sin servicios básicos ni transporte público, con vivienda sumamente precaria.

Sobre el Programa de Ordenación de la Zona Metropolitana del Valle de México, afirmó que el instrumento parte de un diagnóstico y estrategias, pero que el reto es establecer mecanismos de implementación. Consideró que el debate público se ha concentrado en aspectos superficiales, como el temor a mayores cobros o a expropiaciones, y planteó la necesidad de construir una ciudadanía urbana y metropolitana, pues en las ciudades vive 80 % de la población del país. Carina Arvizu recordó que el programa vigente data de 1998.

Nuevo León: gobernanza multiactor y planeación a largo plazo

Juan Alejandro García explicó que el Consejo Nuevo León es el órgano de planeación estratégica del estado, creado por ley, de carácter multiactor, multisectorial y multinivel, con representación de los niveles de gobierno, la academia, las organizaciones de la sociedad civil, el sector ciudadano y el sector empresarial. Surgió a partir de la devastación del huracán Alex, en 2010, y de la violencia de 2008 a 2012, que llevaron a los distintos sectores a coordinarse para la reconstrucción con rendición de cuentas y transparencia. Posteriormente se estableció como organismo permanente, con un fideicomiso público-privado en el que, por cada peso que aporta el gobierno, el sector empresarial aporta otro.

El Consejo tiene tres atribuciones: elaborar el Plan Estratégico 2040, vinculante para los planes de desarrollo municipales y estatales; diseñar proyectos estratégicos; y monitorear y evaluar políticas públicas.

“Somos un puente entre la mejor información disponible y el tomador de decisión” (Juan Alejandro García, Consejo Nuevo León)

García señaló que los temas económicos, de cuidados, de desarrollo social y de pobreza se resuelven con rapidez cuando se presentan los datos, pero que en movilidad, vivienda, uso de suelo, agua, aire y energía el avance se detiene, por tres razones: la coexistencia de demasiadas visiones sobre cómo resolver estos temas, la inercia de décadas sin planear, con modelos mentales centrados en el automóvil, y la ausencia de un mecanismo que ponga a todas las personas de acuerdo. Indicó que la zona metropolitana de Monterrey tiene 16 municipios y 6.2 millones de habitantes, según el último censo, y propuso un mecanismo de gobernanza metropolitana con un ente político balanceado por un ente técnico, supervisado por un ente ciudadano y respaldado por mecanismos financieros e incentivos.

Ciudad de México: bienestar, cuidados y enfoque territorial

Lilian Marrero Santana describió cinco pilares de la política de bienestar del gobierno de la Ciudad de México: educación, salud, protección social, igualdad sustantiva y cuidados. Explicó que la Secretaría de Bienestar e Igualdad Social trabaja en tres ejes: el derecho al mínimo vital, que busca redistribuir ingresos mediante programas de transferencias monetarias priorizados según los índices de desarrollo humano de los territorios; la articulación de un sistema de cuidados; y la atención a poblaciones prioritarias, entre ellas personas con discapacidad, mujeres víctimas de violencia, personas en situación de calle, infancias y adolescencias.

Indicó que, por instrucción de la jefa de Gobierno, Clara Brugada, el enfoque territorial busca redistribuir no solo ingresos, sino también el acceso a infraestructura y servicios. Sobre los cuidados, explicó que los servicios públicos de cuidados integrales incluyen salud, capacitación, ocio, deporte y cultura, y atención a las personas cuidadoras, en su mayoría mujeres. Las casas de las tres erres del cuidado son centros para brindar esos servicios y buscan reconocer, reducir y redistribuir la carga de cuidados, con enfoque de género e interseccional.

“El cuidado en la Ciudad de México es un derecho reconocido en una ley” (Lilian Marrero Santana, Secretaría de Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México)

Marrero recordó que la ley del sistema de cuidados se aprobó por unanimidad y que el reto actual es institucionalizar el sistema con todas las dependencias del gobierno de la ciudad.

Tlalpan: suelo de conservación y proximidad

Setzin Eunice Gómez Oznaya habló en representación de la alcaldesa de Tlalpan. Señaló que 60 % del territorio de la alcaldía es suelo de conservación y que la ciudadanía no distingue las atribuciones de los tres niveles de gobierno.

“Los ciudadanos no reconocen los tres niveles de gobierno. Ven al gobierno como un solo plano” (Setzin Eunice Gómez Oznaya, alcaldía Tlalpan)

Tras un diagnóstico del territorio, la alcaldía impulsó dos estrategias. La primera, Nuestra Colonia se Transforma, consiste en que los directores generales acudan de manera obligatoria a cada colonia, recojan peticiones y alimenten una plataforma de monitoreo de indicadores que permite focalizar el presupuesto; al final de cada recorrido se realizan mesas de seguridad con autoridades de la ciudad. La segunda, Territoriales 24/7, divide la alcaldía en cinco frentes para acercar la atención de emergencias a las y los vecinos.

Gómez Oznaya describió el desafío del suelo de conservación: el instrumento de planeación vigente data de 2010 y diagnosticó 192 asentamientos, mientras que hoy hay más de 400 sin regularizar. Explicó que la ruta que establece la ley de desarrollo urbano resulta obsoleta, que solo ha habido un cambio de uso de suelo oficial para asentamientos, en 21 casos, y que la alcaldía impulsa uno nuevo para 23 asentamientos, que espera concretar a principios del siguiente año. Las personas que ya viven en esas zonas, señaló, necesitan infraestructura y seguridad, pero no es posible destinar presupuesto público mientras no estén regularizados, por lo que propuso reformar el marco de gobernanza.

Un legado para que las decisiones perduren

Para cerrar, Carina Arvizu preguntó qué legado dejarían las personas funcionarias en su espacio para que las decisiones se sostengan, dado que los efectos en salud pueden medirse años después y que los gobiernos son trianuales o sexenales.

•            Lilian Marrero Santana: un sistema de bienestar y cuidados en funcionamiento, integral, con apego a derechos y horizonte de universalidad, que articule a gobierno, academia, mercado, familias y comunidades, y que reconozca tres dimensiones del derecho al cuidado: ser cuidada o cuidado, brindar cuidados y el autocuidado.

•            Setzin Eunice Gómez Oznaya: elevar el nivel del servicio público, con formación y una visión que integre la perspectiva académica, la del servicio público y la humana.

•            José Alfonso Iracheta Carroll: construir capacidades en los gobiernos locales para romper un círculo vicioso de baja capacidad de gestión, financiamiento e implementación, que se refleja en asentamientos irregulares, falta de acceso a suelo para vivienda e infraestructura de calidad.

•            Juan Alejandro García: reconocer que se vive en un sistema urbano con subsistemas, contar con una visión para transformar su trayectoria y establecer un mecanismo de gobernanza metropolitana. Informó que, el 31 de agosto, el Consejo Nuevo León entregó a una coalición de organizaciones de la sociedad civil, academia y cámaras empresariales la propuesta de ley de coordinación metropolitana, que fue presentada al Congreso.

“Si construimos estas capacidades, poco a poco las ciudades desde la base van a empezar a transformarse desde abajo” (José Alfonso Iracheta Carroll)

Puntos clave

•            La mesa redonda de ICUH 2026 sobre gobernanza para ciudades saludables fue moderada por Carina Arvizu, directora de Ciudades de WRI México.

•            Para la academia, el principal obstáculo no es la falta de evidencia, sino la distancia entre el conocimiento y las decisiones.

•            Las normas oficiales mexicanas sobre espacio público, calles y planeación socioecológica son obligatorias, pero no tienen mecanismos explícitos de repercusión.

•            El Consejo Nuevo León combina planeación a largo plazo, financiamiento público-privado y evaluación, y propone una ley de coordinación metropolitana.

•            La Ciudad de México reconoce el cuidado como derecho en una ley aprobada por unanimidad y prioriza sus programas con enfoque territorial.

•            En Tlalpan, 60 % del territorio es suelo de conservación y hay más de 400 asentamientos sin regularizar, frente a 192 diagnosticados en 2010.

•            Las personas panelistas coincidieron en la necesidad de construir capacidades locales, mecanismos de coordinación y continuidad entre administraciones.

Preguntas frecuentes

¿Quién moderó la mesa redonda de gobernanza en ICUH 2026?

Carina Arvizu, directora de Ciudades de WRI México, quien planteó las preguntas a las personas panelistas y la pregunta de cierre sobre el legado de cada una.

¿Cuál es el principal obstáculo para llevar la evidencia a las políticas públicas?

Según Lilia García Rodríguez, no es la falta de evidencia, sino la distancia entre el conocimiento que se genera y las decisiones que se toman. Otros panelistas señalaron la falta de capacidades locales, de mecanismos de coordinación y de continuidad.

¿Qué instrumentos federales buscan incorporar la salud y el bienestar en el ordenamiento territorial?

José Alfonso Iracheta Carroll mencionó las NOM-001 (espacio público), NOM-004 (diseño de calles y cruceros) y NOM-003 (planeación con enfoque socioecológico), así como una política de suelo centrada en la accesibilidad igualitaria. Son obligatorias, pero sin mecanismos explícitos de repercusión.

¿Qué es el Consejo Nuevo León?

Es el órgano de planeación estratégica de Nuevo León, creado por ley, multiactor, multisectorial y multinivel. Elabora el Plan Estratégico 2040, diseña proyectos estratégicos y evalúa políticas públicas.