Más allá del financiamiento: mecanismos de mitigación de riesgos a los sistemas de transporte

Por Angélica Mazorra Obando y Jimena David Garza | WRI México

Ciudad de México, agosto de 2026. Los sistemas de transporte público de América Latina se enfrentan a realidades cada vez más complejas. La pandemia redujo drásticamente la demanda y, en consecuencia, los ingresos; los eventos climáticos extremos dañan infraestructura y ponen en riesgo la salud de las personas; las nuevas tecnologías plantean desafíos operativos inéditos; y los problemas de gobernanza pueden deteriorar la confianza entre autoridades, operadores y personas usuarias hasta poner en riesgo proyectos que parecían consolidados.

Ante esta realidad, la pregunta ya no es solo cómo financiar el transporte, sino cómo construir sistemas capaces de anticipar, gestionar y adaptarse a múltiples riesgos que se amplifican entre sí. Un problema de seguridad reduce la demanda; menores ingresos limitan el mantenimiento; una infraestructura en mal estado es más vulnerable al clima; y el deterioro del servicio afecta nuevamente la confianza ciudadana. Los riesgos rara vez ocurren de forma aislada.

Precisamente para reflexionar sobre esta nueva realidad, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), WRI México y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) organizaron el seminario “Más allá del financiamiento: mecanismos de mitigación de riesgos a los sistemas de transporte”. El encuentro reunió experiencias que muestran como la resiliencia del transporte no depende solo de dinero, sino de la capacidad de anticipar riesgos, generar información, fortalecer la gobernanza y construir instituciones adaptables.

Tres aprendizajes que cambian las reglas del juego
 

1. La transición tecnológica cambia el perfil de los riesgos
La electrificación del transporte público es mucho más que un cambio hacia la descarbonización. La experiencia de Metrobús de la Ciudad de México, presentada por Fredy Velázquez, director ejecutivo de Planeación, muestra que incorporar autobuses eléctricos obliga a replantear cómo se diseñan, financian y operan los sistemas de transporte.

Tradicionalmente, la gestión de riesgos se concentraba en el precio de los combustibles, la demanda esperada o los costos de mantenimiento. La electromovilidad incorpora nuevos elementos que deben analizarse desde la planeación: la disponibilidad de infraestructura de recarga, la capacidad de la red eléctrica, el desempeño de las baterías, la autonomía de las unidades y la coordinación entre autoridades, operadores, empresas de energía y fabricantes.

El aprendizaje clave: la incertidumbre disminuye cuando las decisiones se apoyan en evidencia generada durante la operación. Conforme Metrobús ha acumulado experiencia con corredores eléctricos, ha podido sustituir supuestos por información real sobre consumo energético, desempeño de la flota y necesidades de mantenimiento.

2. La confianza también es infraestructura

Cuando se habla de infraestructura para el transporte público, es común pensar en autobuses, estaciones o carriles exclusivos. Pero la experiencia de Albania González, secretaria de Movilidad y Transporte de Chiapas, demuestra que existe otro componente indispensable: la confianza entre las instituciones, las personas concesionarias y la ciudadanía.

El caso del Sistema de Transporte Urbano de Tuxtla (SITUTSA) evidenció cómo un problema de gobernanza puede evolucionar hasta convertirse en un riesgo operativo y social de gran magnitud. La falta de claridad en la toma de decisiones, la interrupción de pagos durante la pandemia y la ausencia de mecanismos efectivos de comunicación deterioraron progresivamente la relación entre la autoridad y las personas transportistas. Lo que inició como un problema administrativo derivó en protestas, conflictos y una pérdida de legitimidad institucional.

La lección principal: la gobernanza constituye un mecanismo de mitigación de riesgos. La resiliencia de un sistema no depende únicamente de la calidad de su infraestructura física o de la disponibilidad de recursos financieros; también está determinada por la capacidad de las instituciones para generar certidumbre, construir acuerdos y mantener canales permanentes de diálogo.

La estrategia de Chiapas partió de un principio sencillo pero frecuentemente subestimado: antes de proponer soluciones, fue necesario comprender el problema con todas sus dimensiones. El proceso incluyó reuniones con las personas socias del sistema, la identificación de los factores que habían originado el conflicto y la construcción de acuerdos para restituir derechos, regularizar concesiones y recuperar la confianza. Más que resolver un litigio, el objetivo fue reconstruir las condiciones institucionales necesarias para que el sistema pudiera operar nuevamente.

3. La crisis climática ya no es un riesgo futuro

Durante mucho tiempo, la adaptación al cambio climático fue considerada un tema paralelo a la planeación del transporte. Hoy esa separación ya no es posible.
 

Las experiencias del seminario coincidieron en que los efectos del cambio climático ya están modificando las condiciones bajo las cuales operan los sistemas de movilidad.

 Lluvias extraordinarias, inundaciones, incendios forestales, olas de calor y daños a la infraestructura no solo generan interrupciones temporales del servicio, sino que incrementan los costos de operación, aceleran el deterioro de los activos y condicionan la viabilidad de nuevas inversiones.

En Chiapas, el colapso de puentes, las vialidades inundadas o la afectación de infraestructura crítica alteran la movilidad cotidiana y obligan a replantear la operación del transporte público. Estas situaciones evidencian que la resiliencia climática no puede depender exclusivamente de las áreas de protección civil o medio ambiente. Las autoridades de movilidad también deben participar activamente en la planeación urbana.

La implicación estratégica: avanzar hacia sistemas de transporte con menores emisiones también exige construir sistemas capaces de adaptarse a un clima cambiante. La resiliencia climática y la descarbonización no son agendas independientes, sino dos objetivos que deben planearse de manera integrada.

¿Qué significa esto para las autoridades de movilidad?
Fortalecer la resiliencia no consiste en eliminar todos los riesgos —algo imposible en un entorno tan dinámico—, sino en desarrollar capacidades institucionales para anticiparlos, gestionarlos y adaptarse cuando ocurren.

En términos prácticos, ello implica al menos cinco líneas de acción:
•    Incorporar el análisis de riesgos desde la planeación, considerando variables financieras, institucionales, climáticas, tecnológicas y sociales.
•    Fortalecer los sistemas de información, de modo que las decisiones se sustenten en evidencia operativa y no únicamente en estimaciones iniciales.
•    Construir mecanismos permanentes de coordinación entre autoridades, operadores, empresas proveedoras, instituciones financieras y otros actores estratégicos.
•    Integrar criterios de adaptación al cambio climático en el diseño de infraestructura, la operación del transporte y la planeación urbana.
•    Promover espacios de intercambio entre ciudades y autoridades, que permitan compartir experiencias, reducir tiempos de aprendizaje y evitar la repetición de errores.

Estas acciones reflejan un cambio de enfoque donde la resiliencia deja de entenderse como una respuesta a las crisis para convertirse en un principio que orienta la forma en que se planea, opera y transforma el transporte público en México y América Latina.
 

Sobre el seminario
El encuentro “Más allá del financiamiento: mecanismos de mitigación de riesgos a los sistemas de transporte” fue organizado por la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM), WRI México y la Cooperación Técnica Alemana (GIZ) a través de su Comunidad de Práctica.