Llaman a cerrar la brecha entre movilidad y finanzas

La propuesta plantea movilizar inversiones de entre 100 mil y 200 mil millones de pesos para modernizar el transporte público, reducir emisiones contaminantes e impulsar el empleo y la industria nacional, impulsa cartera de proyectos con rentabilidad social para transporte público

TIJUANA, Baja California, 28 de octubre de 2026. Durante el 36.º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, Francisco Barnés, director ejecutivo de WRI México, presentó una propuesta para impulsar un Programa Nacional para la Transformación del Transporte Público, con el objetivo de posicionar la movilidad urbana como una inversión estratégica para la productividad, la salud pública, la competitividad y el desarrollo económico del país.

La propuesta parte de un desafío que enfrentan las ciudades mexicanas: los largos tiempos de traslado, la congestión vehicular y las limitaciones operativas del transporte público representan costos para las personas, las empresas y las economías urbanas. Frente a este panorama, fortalecer los sistemas de transporte colectivo permitiría mejorar la accesibilidad, aprovechar mejor el tiempo de la población y generar condiciones para un desarrollo urbano más eficiente e incluyente.

“Por ejemplo, en un escenario, si logramos reducir 20 minutos en 5 millones de viajes (alrededor de 10% de los viajes a nivel nacional), representaría un ahorro económico en 25 mil millones de pesos. La evidencia expuesta también señala que las zonas conectadas a sistemas de transporte masivo registran una reducción de 6.2% en el empleo informal, lo que apunta a la relación entre accesibilidad y formalización de empleo”, indicó.

El transporte público como inversión estratégica

La propuesta de contar con un Programa Nacional busca cambiar la perspectiva desde la cual se planea y financia la movilidad urbana: más que un gasto operativo o de infraestructura, la transformación del transporte público representa una inversión con beneficios económicos y sociales de largo plazo.

Las estimaciones presentadas estiman una inversión de entre 100 mil y 200 mil millones de pesos para modernizar los sistemas de transporte. 

Descarbonizar el transporte para mejorar la salud y la seguridad energética

La transformación del transporte público también representa una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los combustibles fósiles. De acuerdo con las cifras presentadas, el autotransporte genera 23% de las emisiones nacionales y concentra 75.3% del consumo de diésel en México.

Ante este escenario, la electrificación gradual de las flotas de transporte público podría contribuir a disminuir las emisiones del sector hasta en 46% hacia 2050. Las estimaciones expuestas también apuntan a un potencial de ahorro de entre 6 mil y 12 mil millones de pesos anuales por la sustitución de diésel por electricidad.

En materia de salud pública, la transición tecnológica podría contribuir a evitar entre 13 mil y 15 mil muertes prematuras anuales asociadas a la exposición a partículas contaminantes PM2.5, de acuerdo con las proyecciones presentadas. Estos beneficios requieren considerar las condiciones de generación eléctrica, la calidad del aire y las características de cada sistema de transporte.

La propuesta de Programa plantea, por tanto, que los proyectos de transporte público se sumen a la estrategia de desarrollo económico sustentable, con criterios de eficiencia energética, reducción de emisiones y mejora del servicio para las personas usuarias.

Diseñando una hoja de ruta para Transporte Público

Para avanzar en la propuesta a su implementación, el Programa Nacional para la Transformación del Transporte Público plantea una ruta de trabajo de 12 meses, orientada a preparar proyectos en México.

La estrategia contempla cuatro componentes para fortalecer la preparación técnica, financiera e institucional de los proyectos: desarrollar la evidencia económica de la transformación del transporte; integrar un diagnóstico de las flotas en coordinación con las 32 entidades federativas; identificar barreras financieras y regulatorias, y elaborar fichas técnico-económicas que permitan evaluar y estructurar cada proyecto.

El propósito es contar con una cartera de proyectos priorizados, consensuados con los  diferentes órdenes de gobierno, para acceder a fuentes de financiamiento, facilitar la participación de la banca de desarrollo y del sector privado.

La propuesta coloca al transporte público en el centro de una agenda de desarrollo económico que vincula productividad, inclusión laboral, salud, descarbonización y fortalecimiento industrial. Avanzar hacia sistemas accesibles, eficientes y de bajas emisiones requiere coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, mecanismos de financiamiento adecuados y una visión de largo plazo que permita traducir las inversiones en mejores condiciones de movilidad y calidad de vida para la población.

Llaman a cerrar la brecha entre movilidad y finanzas 

Durante el encuentro, en el panel conversatorio Del proyecto de movilidad a la inversión: Construyendo el puente entre transporte y finanzas, moderado por Fernando Páez, director de WRI Colombia, aseguró que la falta de proyectos bien estructurados, fuentes de pago confiables y certidumbre financiera limita la transformación del transporte público. 

“El reto no es solo conseguir recursos, es convertir una necesidad social y urbana en un proyecto sostenible”, dijo. 

La mesa reunió a representantes de secretarías de finanzas estatales, dependencias federales, banca de desarrollo, instituciones financieras e industria para abordar uno de los principales obstáculos para transformar el transporte público en México: la falta de proyectos estructurados con modelos financieros sólidos, fuentes de pago previsibles y condiciones que permitan atraer inversión de largo plazo.

Uno de los principales desafíos identificados es la diferencia entre la tarifa que pagan las personas usuarias y el costo real de operar el sistema. Cuando esta brecha no cuenta con mecanismos de compensación claros y sostenibles, se generan déficits operativos que deterioran el servicio y elevan los riesgos para quienes invierten.

A ello se suman presupuestos públicos inciertos, estudios incompletos de demanda y costos, modelos operativos fragmentados y una coordinación insuficiente entre las autoridades responsables de movilidad, finanzas y energía.

Ante este panorama, los participantes destacaron la importancia de diversificar las fuentes de fondeo, fortalecer la eficiencia operativa, preparar mejor los proyectos, asignar los riesgos a quienes pueden gestionarlos y establecer mecanismos permanentes de coordinación institucional.

Como se planteó durante la mesa, un proyecto puede ser socialmente rentable sin ser financieramente autosuficiente. Por ello, es necesario definir qué costos deben cubrir las tarifas, cuáles requieren aportaciones públicas y cómo garantizar que esos recursos estén disponibles a lo largo del tiempo.

Certeza financiera para movilizar inversión

Los participantes también señalaron oportunidades para ampliar las fuentes de financiamiento mediante asociaciones público-privadas, mecanismos de pago por kilómetro, garantías y esquemas de cofinanciamiento plurianual. Entre las alternativas discutidas se encuentran nuevas fuentes de ingresos vinculadas al uso del automóvil, así como instrumentos que permitan compartir los costos de modernización y renovación de flotas.

La experiencia de otras ciudades de América Latina muestra que la distribución adecuada de riesgos, los compromisos públicos previsibles y los proyectos con estructuras financieras claras pueden facilitar la participación del sector privado y el acceso a los mercados de capitales.

Sin embargo, los instrumentos financieros no sustituyen la necesidad de contar con ingresos suficientes para cubrir la inversión y sostener la operación. La planeación, los datos verificables, la certeza jurídica y los mecanismos transparentes de contratación son condiciones fundamentales para reducir riesgos y mejorar las condiciones de financiamiento.

El conversatorio concluyó con un mensaje clave para la transformación de la movilidad en México: los recursos deben acompañarse de proyectos sólidos, modelos de negocio sostenibles y coordinación entre los sectores público y privado. Construir ese puente entre movilidad y finanzas permitirá convertir las necesidades de las ciudades en sistemas de transporte público capaces de operar, mantenerse y mejorar a largo plazo.