Llaman a cerrar la brecha entre movilidad y finanzas
La propuesta plantea movilizar inversiones de entre 100 mil y 200 mil millones de pesos para modernizar el transporte público, reducir emisiones contaminantes e impulsar el empleo y la industria nacional, impulsa cartera de proyectos con rentabilidad social para transporte público
TIJUANA, Baja California, 28 de octubre de 2026. Durante el 36.º Encuentro Nacional de Autoridades de Movilidad, Francisco Barnés, director ejecutivo de WRI México, presentó una propuesta para impulsar un Programa Nacional para la Transformación del Transporte Público, con el objetivo de posicionar la movilidad urbana como una inversión estratégica para la productividad, la salud pública, la competitividad y el desarrollo económico del país.
La propuesta parte de un desafío que enfrentan las ciudades mexicanas: los largos tiempos de traslado, la congestión vehicular y las limitaciones operativas del transporte público representan costos para las personas, las empresas y las economías urbanas. Frente a este panorama, fortalecer los sistemas de transporte colectivo permitiría mejorar la accesibilidad, aprovechar mejor el tiempo de la población y generar condiciones para un desarrollo urbano más eficiente e incluyente.
“Por ejemplo, en un escenario, si logramos reducir 20 minutos en 5 millones de viajes (alrededor de 10% de los viajes a nivel nacional), representaría un ahorro económico en 25 mil millones de pesos. La evidencia expuesta también señala que las zonas conectadas a sistemas de transporte masivo registran una reducción de 6.2% en el empleo informal, lo que apunta a la relación entre accesibilidad y formalización de empleo”, indicó.
El transporte público como inversión estratégica
La propuesta de contar con un Programa Nacional busca cambiar la perspectiva desde la cual se planea y financia la movilidad urbana: más que un gasto operativo o de infraestructura, la transformación del transporte público representa una inversión con beneficios económicos y sociales de largo plazo.
Las estimaciones presentadas estiman una inversión de entre 100 mil y 200 mil millones de pesos para modernizar los sistemas de transporte.
Descarbonizar el transporte para mejorar la salud y la seguridad energética
La transformación del transporte público también representa una oportunidad para reducir las emisiones contaminantes y la dependencia de los combustibles fósiles. De acuerdo con las cifras presentadas, el autotransporte genera 23% de las emisiones nacionales y concentra 75.3% del consumo de diésel en México.
Ante este escenario, la electrificación gradual de las flotas de transporte público podría contribuir a disminuir las emisiones del sector hasta en 46% hacia 2050. Las estimaciones expuestas también apuntan a un potencial de ahorro de entre 6 mil y 12 mil millones de pesos anuales por la sustitución de diésel por electricidad.
En materia de salud pública, la transición tecnológica podría contribuir a evitar entre 13 mil y 15 mil muertes prematuras anuales asociadas a la exposición a partículas contaminantes PM2.5, de acuerdo con las proyecciones presentadas. Estos beneficios requieren considerar las condiciones de generación eléctrica, la calidad del aire y las características de cada sistema de transporte.
La propuesta de Programa plantea, por tanto, que los proyectos de transporte público se sumen a la estrategia de desarrollo económico sustentable, con criterios de eficiencia energética, reducción de emisiones y mejora del servicio para las personas usuarias.
Diseñando una hoja de ruta para Transporte Público
Para avanzar en la propuesta a su implementación, el Programa Nacional para la Transformación del Transporte Público plantea una ruta de trabajo de 12 meses, orientada a preparar proyectos en México.
La estrategia contempla cuatro componentes para fortalecer la preparación técnica, financiera e institucional de los proyectos: desarrollar la evidencia económica de la transformación del transporte; integrar un diagnóstico de las flotas en coordinación con las 32 entidades federativas; identificar barreras financieras y regulatorias, y elaborar fichas técnico-económicas que permitan evaluar y estructurar cada proyecto.
El propósito es contar con una cartera de proyectos priorizados, consensuados con los diferentes órdenes de gobierno, para acceder a fuentes de financiamiento, facilitar la participación de la banca de desarrollo y del sector privado.
La propuesta coloca al transporte público en el centro de una agenda de desarrollo económico que vincula productividad, inclusión laboral, salud, descarbonización y fortalecimiento industrial. Avanzar hacia sistemas accesibles, eficientes y de bajas emisiones requiere coordinación entre los distintos órdenes de gobierno, mecanismos de financiamiento adecuados y una visión de largo plazo que permita traducir las inversiones en mejores condiciones de movilidad y calidad de vida para la población.
Llaman a cerrar la brecha entre movilidad y finanzas
Durante el encuentro, en el panel conversatorio Del proyecto de movilidad a la inversión: Construyendo el puente entre transporte y finanzas, moderado por Fernando Páez, director de WRI Colombia, aseguró que la falta de proyectos bien estructurados, fuentes de pago confiables y certidumbre financiera limita la transformación del transporte público.
“El reto no es solo conseguir recursos, es convertir una necesidad social y urbana en un proyecto sostenible”, dijo.
La mesa reunió a representantes de secretarías de finanzas estatales, dependencias federales, banca de desarrollo, instituciones financieras e industria para abordar uno de los principales obstáculos para transformar el transporte público en México: la falta de proyectos estructurados con modelos financieros sólidos, fuentes de pago previsibles y condiciones que permitan atraer inversión de largo plazo.
Uno de los principales desafíos identificados es la diferencia entre la tarifa que pagan las personas usuarias y el costo real de operar el sistema. Cuando esta brecha no cuenta con mecanismos de compensación claros y sostenibles, se generan déficits operativos que deterioran el servicio y elevan los riesgos para quienes invierten.
A ello se suman presupuestos públicos inciertos, estudios incompletos de demanda y costos, modelos operativos fragmentados y una coordinación insuficiente entre las autoridades responsables de movilidad, finanzas y energía.
Ante este panorama, los participantes destacaron la importancia de diversificar las fuentes de fondeo, fortalecer la eficiencia operativa, preparar mejor los proyectos, asignar los riesgos a quienes pueden gestionarlos y establecer mecanismos permanentes de coordinación institucional.
Como se planteó durante la mesa, un proyecto puede ser socialmente rentable sin ser financieramente autosuficiente. Por ello, es necesario definir qué costos deben cubrir las tarifas, cuáles requieren aportaciones públicas y cómo garantizar que esos recursos estén disponibles a lo largo del tiempo.
Certeza financiera para movilizar inversión
Los participantes también señalaron oportunidades para ampliar las fuentes de financiamiento mediante asociaciones público-privadas, mecanismos de pago por kilómetro, garantías y esquemas de cofinanciamiento plurianual. Entre las alternativas discutidas se encuentran nuevas fuentes de ingresos vinculadas al uso del automóvil, así como instrumentos que permitan compartir los costos de modernización y renovación de flotas.
La experiencia de otras ciudades de América Latina muestra que la distribución adecuada de riesgos, los compromisos públicos previsibles y los proyectos con estructuras financieras claras pueden facilitar la participación del sector privado y el acceso a los mercados de capitales.
Sin embargo, los instrumentos financieros no sustituyen la necesidad de contar con ingresos suficientes para cubrir la inversión y sostener la operación. La planeación, los datos verificables, la certeza jurídica y los mecanismos transparentes de contratación son condiciones fundamentales para reducir riesgos y mejorar las condiciones de financiamiento.
El conversatorio concluyó con un mensaje clave para la transformación de la movilidad en México: los recursos deben acompañarse de proyectos sólidos, modelos de negocio sostenibles y coordinación entre los sectores público y privado. Construir ese puente entre movilidad y finanzas permitirá convertir las necesidades de las ciudades en sistemas de transporte público capaces de operar, mantenerse y mejorar a largo plazo.
Inauguración
La movilidad, un derecho que transforma la vida
Durante la inauguración, la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, destacó que la movilidad debe entenderse como una política pública que impacta directamente el bienestar, el tiempo y las oportunidades de las familias.
“La movilidad se traduce en calidad de vida y esa es la importancia porque te da un impacto directo en el bienestar de las familias”, afirmó.
En su intervención, la mandataria subrayó que garantizar el derecho a moverse no puede depender de las condiciones económicas de las personas.
“La movilidad es un derecho social y nuestro trabajo es garantizarlo. No puede ser un privilegio ni una carga que consuma el tiempo, el ingreso y las oportunidades de las familias”, señaló.
La gobernadora también presentó los avances de Baja California en movilidad con perspectiva de género, entre ellos el programa Transporte Violeta, que opera 47 rutas en cinco municipios y ha beneficiado a más de 120 mil mujeres, niñas y niños con un servicio gratuito, seguro y confiable.
“Transporte Violeta, con 47 rutas de cinco municipios, ha beneficiado a más de 120 mil mujeres, a sus hijas, a sus hijos, ofreciendo una alternativa de movilidad segura, confiable y 100 por ciento gratuita”, detalló.
Compartir experiencias para encontrar soluciones
Diego Monraz Villaseñor, presidente de la AMAM y secretario de Transporte de Jalisco, planteó que la movilidad determina de manera directa la calidad de vida, el tiempo libre y las oportunidades de la población.
“La movilidad es mucho más que solo transporte, tiene que ver con la calidad de vida de las personas, con el tiempo que pasan trasladándose de un punto a otro”, expresó.
Monraz destacó que ningún gobierno puede resolver por sí solo los retos del sector y que el intercambio de experiencias entre estados, municipios, federación, sector privado y organismos financieros es indispensable.
“Ningún estado tiene todas las respuestas, pero cuando compartimos nuestras experiencias, tenemos así más posibilidad de encontrar soluciones”, afirmó.
La frontera norte, laboratorio de soluciones
Jorge Alberto Gutiérrez Topete, director del Instituto de Movilidad Sustentable de Baja California (IMOS), destacó la importancia de cuestionar los modelos actuales y construir soluciones desde la evidencia y el diálogo.
“No nos podemos conformar con lo que nos dicen, sino que tenemos que cuestionar y, entre ese debate, construir las soluciones que todos necesitamos”, expresó.
Topete presentó experiencias de la región fronteriza que evidencian el potencial de esquemas de financiamiento público para fortalecer el transporte público. Refirió que, en San Diego, por cada dólar aportado por las y los usuarios en tarifa, el gobierno aporta cuatro dólares adicionales.
“El sistema de San Diego, por cada dólar que pagan los usuarios, el gobierno pone cuatro más”, explicó.
También destacó el papel de la conectividad transfronteriza en la demanda del transporte público.
“El tren ligero de San Diego mueve 22 millones de personas en esta ruta, y es porque nos unimos muchos mexicanos a ella”, señaló.
Topete subrayó, además, la necesidad de atender el transporte de personal en zonas fronterizas e industriales, un segmento de gran relevancia económica que requiere mayor análisis y fortalecimiento institucional.
“El transporte de personal es un sector que no se había analizado, no se había estudiado, y está ahí; tenemos que lidiar con él y fortalecerlo”, afirmó.
La escala del reto nacional
Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos y Comunicación de WRI México y secretaria técnica de la AMAM, planteó la necesidad de convertir la movilidad y el transporte público en motores de desarrollo, productividad y competitividad.
“¿Cómo convertimos la movilidad y el transporte público en una palanca de desarrollo, de productividad y de competitividad para nuestro país?”, cuestionó.
Vesga presentó datos que dimensionan la relevancia del transporte público en México: en las más de 103 ciudades y zonas metropolitanas con más de 100 mil habitantes se realizan diariamente casi 50 millones de viajes en transporte público.
La representante de WRI México destacó que el país requiere un programa nacional de transporte público que ordene prioridades, articule proyectos y genere certidumbre para la inversión y la operación de los sistemas.
“Avanzar en la construcción del programa nacional de transporte público que identifique prioridades, articule proyectos y dé certidumbre a las inversiones y a la operación de los sistemas”, señaló.
También destacó la importancia de atender el transporte de personal y el autotransporte de carga, sectores clave para la economía regional y nacional.
“En un estudio que hicimos de más de 15 ciudades de la frontera, se realizan alrededor de 2.4 millones de viajes en este modo de transporte”, explicó.
Asimismo, precisó que el autotransporte federal moviliza más de 570 millones de toneladas de mercancías, equivalentes al 58 por ciento de la carga transportada en el país.
Sostenibilidad financiera, base de las inversiones
Representantes del sector público y financiero coincidieron en que la sostenibilidad financiera de los sistemas de transporte es indispensable para respaldar inversiones de largo plazo y garantizar el derecho a la movilidad.
“Coincidimos en un momento en el que todos los sectores tenemos un mismo foco, que es buscar la sostenibilidad financiera de los sistemas; es el pilar de todas las inversiones que se están haciendo”, señaló Fabiola Olivares Rodríguez, Directora General de Política Territorial y Movilidad de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
Tijuana, anfitriona de un encuentro estratégico
El alcalde de Tijuana, Ismael Burgueño, dio la bienvenida a las y los participantes y destacó la relevancia de la ciudad como un polo económico y una metrópolis fronteriza en constante transformación.
“Bienvenida a esta ciudad donde comienza la patria, una frontera dinámica, en continuo crecimiento y auténtico motor económico de la región”, expresó.
Burgueño señaló que los desafíos urbanos de Tijuana exigen planeación, coordinación metropolitana y una visión de futuro.
Desafíos de renovación de parque vehicular
Rogelio Arzate Tapia, presidente ejecutivo de la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), señaló que México enfrenta el desafío de renovar su parque vehicular y desarrollar mecanismos financieros que permitan acelerar la incorporación de nuevas tecnologías al transporte público.
“Hoy enfrentamos realmente un desafío que también presenta una enorme oportunidad: modernizar nuestro sistema de transporte público, hacerlos financieramente sostenibles y sustentables, y avanzar hacia una movilidad más limpia, segura, eficiente e incluyente”, afirmó.
Para lograrlo, destacó tres prioridades estratégicas: impulsar un Programa Nacional de Transporte Público con visión de largo plazo que permita renovar las flotas; construir mecanismos de financiamiento sostenibles con la participación de los gobiernos federal y estatales, la banca de desarrollo y el sector privado; y acelerar la transición hacia tecnologías más limpias. Sobre este último punto, subrayó la importancia de reconocer la diversidad de soluciones disponibles: “No existe una solución tecnológica única y debemos aprovechar todas las alternativas disponibles para reducir emisiones y mejorar la seguridad”.