La transición energética industrial ya no es solo agenda climática: es agenda de competitividad

GIZ, WRI México, FIDE, BBVA, MPP Energía y Cruz Azul coincidieron, en el Mexico Carbon Forum 2026, en que la industria mexicana tiene piezas valiosas para transicionar —capacidad técnica, financiamiento y recursos renovables— pero necesita resolver barreras financieras, técnicas y regulatorias para escalar.

Aguascalientes, 3 de septiembre de 2026. Dentro de la Ruta 2: Oferta, integridad e innovación de proyectos del Mexico Carbon Forum 2026, WRI México participó en el panel "Transición energética en la industria: costos y oportunidades reales", moderado por Alejandro Callejas, Director de Transición Justa y Recuperación Verde de GIZ, quien situó el tema en un momento de definiciones: "La descarbonización industrial va a ser muy importante, no solo para descarbonizar la economía, sino por la reindustrialización y ajustes de frontera como el que ya existe en la Unión Europea".

Lo acompañaron Justino Muciño Carrera, de Cruz Azul; Adriana Lobo, Directora General de Presencia Global y Acción Local de WRI; Daniela Jaime, de FIDE; Irma Acosta, de BBVA; y Alejandro De Keijser, Director General de MPP Energía —un panorama que combinó la mirada de la industria pesada, la banca de desarrollo, la banca comercial y un desarrollador de proyectos renovables.
 

Las barreras reales, más allá del precio de la tecnología
Justino Muciño, con 28 años de experiencia en la industria cementera, ilustró la complejidad técnica de electrificar procesos de alta temperatura: "Cuando tienes un horno o una caldera trabajando 24 horas a 1,400 grados, sustituir esa energía por renovables se complica: para ahorrar 30% necesitábamos más de 6 hectáreas de paneles solares". Para Muciño, uno de los principales obstáculos es organizacional: los objetivos de descarbonización suelen quedar aislados en el departamento ambiental, sin involucrar a las áreas jurídica, de mantenimiento y de finanzas que finalmente deciden la inversión.

Adriana Lobo cuestionó primero la forma en que se plantea la pregunta de las barreras: "hay que preguntarse comparado con qué. Mantener el status quo tampoco es gratis" —hay volatilidad de combustibles, riesgo de interrupción y una exposición futura al carbono que también tiene un costo de competitividad, señaló. Identificó tres tipos de barreras: financieras (la eficiencia energética compite por el mismo presupuesto de capital que otros proyectos de producción), técnicas (falta de datos granulares sobre curvas de carga y líneas base confiables) y organizacionales (la energía se sigue tratando como un gasto operativo y no como una variable estratégica).

Financiar resultados, no solo equipos
Daniela Jaime, de FIDE, describió el cambio de enfoque que impulsa la institución: "Tenemos que pasar de financiar equipos a financiar resultados: la reducción de consumo, la reducción de emisiones y el impacto social de los proyectos". FIDE trabaja en modelos que reduzcan el desembolso inicial de las empresas —como ESCOs y financiamiento a proveedores— y en usar el propio ahorro energético generado como fuente de pago de los créditos, además de explorar el cofinanciamiento con otras instituciones.

Irma Acosta, de BBVA, presentó el ángulo de la banca comercial: "Ya cumplimos nuestra primera meta de movilizar 300 millones de euros. La segunda meta ya es de 700 millones de euros para todo el grupo". El banco ha sectorizado su acompañamiento a clientes industriales y trabaja de la mano con la taxonomía sostenible nacional y con grupos de trabajo conjuntos entre la Secretaría de Hacienda y Semarnat para dar certeza a los proyectos que buscan financiamiento.

El reto regulatorio y el costo de no transicionar
Alejandro De Keijser, de MPP Energía, describió cómo un nuevo esquema regulatorio —en el que los costos de interconexión a la red se absorben de forma colectiva en lugar de individual— ya permitió que las convocatorias de generación distribuida más recientes incorporen más de 2 mil megawatts, superando el resultado de las subastas eléctricas de hace casi una década. Frente a la pregunta de si la transición energética es cara, De Keijser prefirió invertirla: "Yo más bien preguntaría cuál es el costo de no hacer esta transición, en términos de salud, cambio climático y acceso a capital".

Los aciertos de México
En un segundo bloque centrado en lo que ya funciona, Adriana Lobo enumeró varias fortalezas del país: décadas de capacidad institucional en eficiencia energética (con instituciones como FIDE y CONUEE), experiencia real del sector privado en generación en sitio y contratos de suministro, un ecosistema solar y de almacenamiento cada vez más competitivo, y el reconocimiento regulatorio reciente del autoconsumo desde 0.7 megawatts. Cerró con un dato que conecta la transición con la seguridad energética del país: "México genera cerca del 60% de su electricidad con gas natural, pero el 70% de ese gas se importa. Usar más energía limpia nos haría mucho más autosuficientes".

Muciño, por su parte, explicó que la industria cementera ya explora coprocesamiento —el aprovechamiento del poder calorífico de residuos de otras industrias como sustituto parcial de combustibles convencionales— y ajustes en la fórmula del cemento para reducir el uso de clínker, dado que buena parte de sus emisiones no viene de la combustión sino de la calcinación de la materia prima.

Un mercado eléctrico con tres velocidades
De Keijser cerró el panel describiendo un mercado eléctrico mexicano que, tras la desaparición reciente del esquema de generación legada, hoy convive entre el mercado eléctrico abierto y las tarifas de CFE, con espacio para que desarrolladores como MPP Energía diseñen ofertas a la medida de cada industria: precio fijo para quien prioriza presupuesto, energía basal para quien prioriza continuidad, o mayor exposición al mercado para quien busca el menor costo promedio anual.

Callejas cerró el panel recordando que GIZ, junto con su banco de desarrollo KfW, trabaja ya en financiamiento concesional con el gobierno mexicano a través de Bancomext para la transición energética, mientras que la Secretaría de Hacienda coordina con IFC, el Banco Mundial y el BID un fondo para la descarbonización industrial del país —un ecosistema de financiamiento que, coincidieron los panelistas, ya existe y necesita sobre todo mejor coordinación para escalar.