Crimen organizado en el Amazonas: una amenaza creciente para la selva tropical más grande del mundo

Brasil vuelve a liderar el mundo en pérdida de bosques tropicales primarios. Nuevos datos muestran que el país representó el 42 % de la pérdida global de selva tropical primaria en 2024, debido en gran parte a los incendios generalizados en ese país y en los vecinos Bolivia, Colombia y Perú.

El aumento de la pérdida forestal en el Amazonas en 2024 obedeció en buena medida a una de las peores temporadas de incendios registradas. Pero lo que a menudo se pasa por alto es que los recientes incendios en los bosques tropicales primarios no son en absoluto un desastre “natural”. Más bien, la conflagración representa una tormenta perfecta de condiciones ambientales inducidas por el cambio climático, fallas de gobernanza y crimen organizado sin control.

Los incendios en el Amazonas fueron provocados en gran medida por el hombre^[1] y se relacionaron con actividades criminales asociadas a la agricultura, la tala, la minería y la construcción de carreteras. De hecho, un reciente análisis de datos gubernamentales concluyó que el 91 % de la pérdida de bosque en el Amazonas brasileño está vinculada con actividades ilegales como el despeje de tierras para agricultura y la minería, a menudo orquestadas por empresas criminales internacionales bien estructuradas.

El crimen ambiental ha sido durante mucho tiempo un motor ignorado, pero en crecimiento, de la deforestación en el Amazonas, y ahora avanza hacia nuevos territorios.

Tierras fronterizas: amenazas criminales a las regiones más remotas del Amazonas

La pérdida de bosques en el Amazonas históricamente ha sido mayor en el “arco de deforestación” que se extiende de este a oeste a lo largo del flanco sur del bioma. Allí también se produjeron la mayoría de los incendios de 2024, en donde ha ocurrido la mayor conversión de bosque a agricultura y ganadería, y en donde vive la mayoría de la población amazónica. Pero no es la única parte del Amazonas amenazada.

Las ciudades gemelas de Leticia (Colombia), y Tabatinga (Brasil) se encuentran en el corazón del área de triple frontera del noroeste amazónico donde confluyen Brasil, Colombia y Perú. Esta área metropolitana de 110.000 habitantes, ubicada justo frente al río Amazonas desde Perú, es el centro comercial de una economía criminal que ha prosperado en los últimos 25 años. La proximidad de estas ciudades a sus ricos territorios selváticos, conectados al mundo por el sistema fluvial más grande del planeta, ha sido terreno fértil para el crecimiento del crimen organizado.

Todo comenzó, en gran medida, con la cocaína.

La cocaína echa raíces en el Amazonas

Los grupos criminales de Brasil y Colombia se sintieron inicialmente atraídos por el Amazonas hace décadas debido al comercio de drogas ilícitas, principalmente cocaína. La planta de coca (Erythroxylum coca) ha sido tradicionalmente cultivada en los Andes peruanos durante miles de años. Más recientemente, el cultivo de coca se ha extendido a las tierras bajas amazónicas para abastecer el comercio ilícito de drogas. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito informó en 2023 que el consumo mundial de cocaína estaba en su punto más alto de la historia.

Aprovechando esta insaciable demanda global, una constelación cambiante de empresas criminales brasileñas, peruanas y colombianas ha expandido sistemáticamente el cultivo de coca y la producción de cocaína en el área de triple frontera durante los últimos 25 años, incluyendo la ruta de transporte crítica hacia Manaos (a unos 1.000 kilómetros río abajo) y de allí hacia las ciudades brasileñas, Europa y otros destinos. Un informe de 2025 del medio de investigación Ojo Público determinó que las organizaciones criminales dominantes en el comercio de cocaína en la triple frontera estaban presentes en 54 de 75 pueblos fronterizos. Si bien la tala de selva para producción de coca en esta región no tiene la escala del despeje para agricultura y ganadería en otras partes del Amazonas, sí es localmente significativa, particularmente en la provincia fronteriza peruana de Mariscal Ramón Castilla y en el vecino departamento colombiano del Putumayo.

Además, el desarrollo del comercio de cocaína conduce a otros delitos ambientales que también impulsan la deforestación. En la triple frontera, Ojo Público encontró, por ejemplo, que el narcotráfico está vinculado con el comercio ilegal de madera, una especie de “economía de escala” criminal. La represión gubernamental de las rutas de contrabando aéreo también ha desplazado cada vez más el narcotráfico y la violencia asociada hacia las rutas fluviales, y por ende hacia la región fronteriza amazónica.

Aquí, la infraestructura criminal construida principalmente para la cocaína está facilitando cada vez más la deforestación ilegal, el tráfico de madera y la minería ilegal de oro, mediante el control de rutas de transporte, la corrupción y la intimidación de autoridades locales y comunidades, así como el miedo a la violencia.

La pérdida de cobertura arbórea ha aumentado de manera constante en el área de triple frontera, a menudo impulsada por actividades ilegales. Datos: Global Forest Watch.

La convergencia entre los delitos ambientales y el narcotráfico en el Amazonas también se ve enormemente facilitada por las redes de “dinero volador”, administradas por grupos del crimen organizado chino. Esencialmente, se trata de un sistema combinado de trueque y lavado de dinero, en donde los precursores químicos provenientes de China para la fabricación de fentanilo y otras drogas ilícitas en América Latina se intercambian fuera de los libros contables por fauna amazónica, oro y otros productos derivados de delitos ambientales, sirviendo así tanto como sistema de pago como método de lavado de fondos ilícitos.

Entre los más afectados por esta ola de criminalidad se encuentran los pueblos indígenas. El Amazonas alberga a alrededor de 1,5 millones de indígenas, cuyos territorios ancestrales son algunas de las áreas de conservación forestal más efectivas. Sin embargo, muchos territorios indígenas en el Amazonas no están protegidos de manera efectiva por la ley ni por las autoridades gubernamentales. Esto, combinado con su relativa abundancia de madera valiosa, fauna y oro, hacen de estas áreas objetivos atractivos para la minería y la tala ilegal.

Todo lo que brilla: la minería ilegal de oro alimenta la destrucción ambiental

El precio del oro se ha disparado en los últimos 20 años, y los flujos anuales de oro ilegal ahora superan los 30.000 millones de dólares. La minería de oro es una parte masiva de la economía ilegal en el área de la triple frontera amazónica y más allá, generando mayores ganancias que la cocaína. Si bien algunas explotaciones mineras despejan directamente los bosques, otras son de tipo aluvial. Estas afectan a todo el ecosistema forestal, incluidos los ríos Puré y Cotuhé que atraviesan áreas protegidas en el lado colombiano de la frontera.

La minería de oro daña directamente los bosques mediante el despeje y el dragado de los ríos con maquinaria pesada. El uso generalizado de mercurio (un potente neurotóxico) como agente de amalgamación para separar el oro del mineral no solo envenena a las personas, sino que también daña los árboles, las aves y los peces. Los problemas de salud humana suelen persistir incluso cuando la minería se detiene, como ha sucedido en el territorio indígena Mundurukú en Brasil.

Los grupos criminales participan en la minería de oro de diversas maneras. Es una fuente principal de ingresos para los grupos armados no estatales en Colombia. Otros usan el oro para lavar las ganancias ilícitas del narcotráfico, financiar enormes dragas y otra maquinaria minera, extorsionar a pequeños mineros artesanales o establecer sus propias operaciones, a menudo recurriendo al trabajo forzado. Las redes criminales en toda América Latina también participan en el tráfico de mercurio.

La minería ilegal de oro también es frecuente en otra área de triple frontera amazónica donde convergen Brasil, Colombia y Venezuela. El comercio ilegal de oro allí ha sido promovido abiertamente por el régimen de Maduro en Venezuela. La utilidad criminal de las fronteras porosas se ilustra claramente aquí: hasta 2022, el oro ilegal venezolano era regularmente contrabandeado hacia Brasil y de allí a Estados Unidos y otros mercados internacionales. Después de que Inácio Lula da Silva asumió la presidencia de Brasil en 2023 y tomó medidas enérgicas contra la minería ilegal de oro, el flujo se invirtió y los traficantes comenzaron a contrabandear oro brasileño ilegal hacia Venezuela, así como hacia Guyana y Surinam.

El oro no es el único mineral valioso que se encuentra en el Amazonas. Se informa que los grupos criminales organizados buscan casiterita, el principal mineral del estaño y un recurso crítico para la transición hacia la energía verde (a veces llamado “oro negro”), incluso en el territorio indígena Yanomami del estado brasileño de Roraima.

Asunto turbio: la sobreexplotación del pirarucú

El Amazonas es tanto una selva como el sistema fluvial más grande del mundo. Dada la riqueza pesquera del Amazonas, no sorprende que un floreciente comercio ilícito de peces de alto valor, como el protegido pirarucú (Arapaima gigas), se haya convertido en otro centro de ganancias criminales en el Amazonas brasileño. El pez de agua dulce más grande del mundo es capturado por su carne, sus escamas y para el comercio de acuarios.

Fueron traficantes de pirarucú quienes en 2022 asesinaron al periodista británico Dom Phillips² y a Bruno Pereira, miembro de la agencia brasileña de protección indígena FUNAI, para frustrar su investigación sobre actividades ilegales en el aislado Valle del Javari, en la frontera con Perú. La región alberga una de las mayores poblaciones de pueblos indígenas no contactados del planeta, pero también se ha convertido en un refugio para el narcotráfico y los delitos ambientales.

Si bien algunas comunidades indígenas y ribereñas pescan de manera sostenible el pirarucú y han ayudado a que las poblaciones del pez se recuperen en algunas áreas, el comercio ilegal aún prospera, habiéndose intensificado durante la pandemia de COVID-19.

Nuevas fronteras: la crisis de los delitos ambientales en Ecuador

Y el crimen ambiental no se limita al área de la triple frontera del Amazonas. El Amazonas ecuatoriano estuvo en gran medida a salvo de la plaga de los delitos relacionados con los recursos naturales hasta hace poco. Esto cambió drásticamente en los últimos cinco años: se estima que al menos 22 grupos “narcoterroristas” organizados operaban en el país en 2024. Al igual que en los países vecinos, las bandas de narcotráfico en Ecuador se han expandido rápidamente hacia la tala ilegal y la minería de oro, a menudo en parques nacionales y territorios indígenas.

El auge mundial de la energía eólica también ha alimentado el crimen organizado en Ecuador, que posee grandes existencias de balsa (Ochroma pyramidale), la madera preferida para las aspas de los aerogeneradores. Ecuador produce más del 90 % de la balsa del mundo, pero la creciente demanda china durante la última década ha diezmado las reservas del país y ha impulsado una ola de tala ilegal que se ha extendido a Perú.

Estrategias para reducir los delitos ambientales en el Amazonas

En una región tan vasta, rica en recursos y con gobernanza limitada, los delitos relacionados con los recursos naturales no pueden erradicarse por completo, especialmente dada la arraigada durabilidad del comercio de cocaína y otras drogas ilícitas. Sin embargo, los gobiernos pueden reducir el crimen si trabajan juntos en medidas de disuasión y protegen los territorios y derechos de los pueblos indígenas.

Fortalecer la cooperación sobre delitos ambientales entre las naciones amazónicas

El crimen ambiental prospera en regiones fronterizas con gobernanza débil, donde los delincuentes aprovechan las jurisdicciones fragmentadas de los países, cruzando fronteras para ocultar delitos y evadir la captura. Los Estados necesitan cooperar de manera más efectiva de lo que lo hacen hoy para cambiar esta situación, particularmente en las vulnerables zonas fronterizas.

En agosto de 2023, una cumbre de jefes de Estado de los ocho miembros de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica (OTCA) emitió la Declaración de Belém, comprometiendo a los signatarios a “promover el intercambio de información y la cooperación en políticas e inteligencia para combatir las actividades ilegales y los delitos ambientales que afectan a la región amazónica”. Brasil dio seguimiento en 2024 con el establecimiento de un centro internacional de seguridad y policía en Manaos que eventualmente albergará oficiales de todos los países miembros de la OTCA.

Para cumplir con este compromiso, los países necesitan fortalecer y armonizar sus leyes pertinentes al crimen forestal; aumentar el intercambio de información en tiempo real entre agencias de inteligencia, incluyendo datos de teledetección; y organizar operaciones transfronterizas sobre el tráfico de narcóticos, madera, oro y fauna silvestre. La cooperación entre las unidades de inteligencia financiera nacionales para detectar y sancionar el lavado de dinero y otros delitos financieros también es crítica.

Brasil ya ha mostrado algunos éxitos en frenar la minería ilegal de oro en el territorio indígena Yanomami, que abarca la frontera con Venezuela. El país lanzó más de 4.000 operaciones de represión desde 2024, lo que redujo la minería ilegal en el territorio en más del 90 % a principios de 2025.

Los países también necesitan fortalecer sus marcos legales nacionales. En abril de 2025, el Tribunal Supremo de Brasil ordenó al gobierno federal confiscar las propiedades privadas cuyos dueños causen deforestación o incendios ilegales. Aunque probablemente enfrente apelaciones, el fallo es un gran paso para bloquear la “regularización”, el proceso mediante el cual las tierras públicas en el Amazonas despejadas y adquiridas ilegalmente se convierten en legales, uno de los principales impulsores de la deforestación. Lamentablemente, ese mismo mes, legisladores del estado amazónico de Rondônia aprobaron una ley que concede amnistía a cientos de ganaderos que habían despejado ilegalmente la selva, en abierta oposición al fallo del Tribunal Supremo.

Proteger eficazmente los derechos y territorios indígenas

Aproximadamente 163,8 millones de hectáreas (casi el 20 % de la cuenca amazónica) consisten en territorios indígenas oficialmente reconocidos, hogar de alrededor de 1,5 millones de personas de más de 350 grupos étnicos. Estas áreas están comparativamente mejor conservadas que el resto del Amazonas y son también grandes sumideros de carbono. Pero el reconocimiento legal, por sí solo, no es un talismán contra la invasión. La protección efectiva requiere la expulsión (por la fuerza si es necesario) de mineros, madereros, traficantes y otros forasteros no indígenas. Solo el Estado tiene la autoridad legítima para hacerlo. E históricamente, el Estado a menudo ha estado del lado de los invasores.

Con recursos valiosos en la mira de las bandas criminales organizadas, el control territorial seguirá siendo una lucha, con los pueblos indígenas a menudo en la primera línea. Los aliados pueden apoyar a las comunidades indígenas en el monitoreo de sus territorios contra las incursiones y en el reporte seguro de información a las autoridades de aplicación de la ley nacionales y regionales de confianza.

Las organizaciones de la sociedad civil en Perú han logrado avances en este sentido equipando a las comunidades indígenas con herramientas y capacitación en monitoreo geoespacial, lo que ha llevado a una disminución drástica en la deforestación. Desafortunadamente, este enfoque prometedor fue socavado recientemente por el propio gobierno peruano, que efectivamente legalizó la deforestación en nombre del “desarrollo económico”.

Un ejemplo más esperanzador proviene de Colombia, que a principios de 2025 creó un territorio de un millón de hectáreas para proteger a los grupos indígenas aislados y los bosques prístinos que habitan. Esto se suma a un proceso más amplio para reconocer formalmente 25 territorios de más de 45 pueblos indígenas como Entidades Territoriales Indígenas, que en conjunto cubren el 36 % del Amazonas colombiano.

Protegiendo los “pulmones de la Tierra”

Al pensar en el futuro del Amazonas, es útil reflexionar sobre las vidas de dos personas cuyas trayectorias han estado entrelazadas con él. Marina Silva, quien trabajó estrechamente con el recolector de caucho y activista ambiental Chico Mendes hasta su asesinato en 1988, es ahora la ministra de Medio Ambiente de Brasil, por segunda vez en el cargo. Ella desempeñará un papel fundamental en la próxima cumbre climática de la ONU (COP30) en Belém, Brasil, y es una defensora de la conservación del Amazonas.

Luego está Darci Alves Pereira, el hombre que confesó haber asesinado a Chico Mendes por órdenes de su padre, un violento acaparador de tierras en el estado amazónico de Acre. Padre e hijo fueron condenados en 1990 a 19 años de prisión, pero “escaparon” pocos años después y, cuando fueron recapturados, recibieron liberación anticipada. Para 2024, Alves había cambiado su nombre, se convirtió en predicador evangélico y brevemente se desempeñó como jefe local del partido político de Jair Bolsonaro, el expresidente ultraderechista de Brasil, bien conocido por su oposición a la conservación del Amazonas y su hostilidad hacia los Pueblos Indígenas.

Muchas almas valientes continúan defendiendo a las personas y los bosques defendidos por Chico Mendes, Marina Silva, Dom Phillips y sus compatriotas. Pero los sucesores criminales, mucho más organizados y poderosos, de la familia Alves todavía están entre nosotros, creando obstáculos en un momento en que el impulso por la conservación forestal es más necesario que nunca. Ignorarlos sería un grave error.

Pie de página

1. Bajo condiciones de sequía, un incendio provocado deliberadamente para despejar un área puede expandirse fácilmente a zonas adyacentes. El “incendio intencional” puede tener como objetivo una zona específica, pero extenderse a un territorio mucho mayor. Si el acto original de incendio fue deliberado, el responsable es culpable de todos los daños resultantes, ya sea que estos hayan sido causados de forma intencional o por una indiferencia temeraria ante las consecuencias probables.

2. El libro póstumo de Dom Phillips, How to Save The Amazon: A Journalist’s Fatal Quest for Answers, fue publicado en junio de 2025.