Rumbo a la COP26: la necesidad de presentar metas ambiciosas para evitar una catástrofe climática
Si bien ya hay 70 países con metas de cero emisiones netas a 2050, es necesario que el resto de los signatarios, a través de la entrega de nuevas NDC, muestren que existe progreso respecto a sus metas de reducción iniciales.
En menos de tres semanas, alrededor de 140 países y unos 30 mil representantes del sector privado, organizaciones no gubernamentales, gobiernos subnacionales y organismos internacionales se reunirán en Glasgow, Reino Unido, en el marco de la 26a Conferencia de las Partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC). La COP26 es una de las últimas oportunidades para detener el avance hacia una catástrofe climática que nos amenaza como especie. Todavía existe una ventana de oportunidad, aunque cada vez más estrecha, para que los países con las mayores emisiones presenten en Glasgow compromisos de reducción de emisiones de Gases de Efecto Invernadero (GEI) más ambiciosos, apegándose al espíritu y reglas del Acuerdo de París, con los que se aspira a no rebasar los 2° C de elevación de la temperatura media global (con respecto a la era preindustrial) y a mantenernos por debajo los 1.5° C.
La ciudad de Edinburgo, en Escocia, durante la protesta global por el clima de septiembre de 2021. Crédito: Magnus Hagdorn en Flickr
Un estudio reciente del World Resources Institute (WRI) estima que, si los países desarrollados y emergentes del G20 –del cual México es parte- establecieran metas de cero emisiones netas, el incremento de temperatura sería de 1.7°C hacia finales de siglo, lo que nos acerca por mucho a alcanzar el umbral de los 1.5° C. Los países del G20 concentran cerca del 75% de las emisiones, 80% del PIB y dos terceras partes de la población mundial.
A pesar del urgente llamado realizado principalmente por las naciones más vulnerables y quienes enfrentan los mayores impactos climáticos, como la Alianza de los Pequeños Estados Insulares, y de millones de personas alrededor del mundo, el nivel de ambición de los compromisos nacionales que hasta hoy se han establecido nos llevaría a sobrepasar umbrales peligrosos de temperatura. El último informe de revisión de Contribuciones Nacionalmente Determinadas (NDC, por sus siglas en inglés) que realiza Naciones Unidas (a partir de las NDC disponibles a julio de 2021), indica que las emisiones globales se incrementarán 16% en 2030 respecto a las emisiones de 2010, lo cual coloca al mundo en un peligroso escenario, en el que se rebasarían los 1.5°C en menos de 9 años y podrían alcanzarse los 2.6%° C de calentamiento global a finales de este siglo.
Si bien ya hay 70 países con metas de cero emisiones netas a 2050, se necesita que el resto de los signatarios de la CMNUCC, a través de la revisión y entrega de nuevas NDC, muestren que existe progresión respecto a las metas de reducciones iniciales, y así den una señal de su intención y compromiso de alcanzar el punto máximo de emisiones lo antes posible y la neutralidad de emisiones a mediados de este siglo.
En diciembre de 2020, México publicó su NDC revisada, en la cual establece el mismo porcentaje de reducciones que se había presentado en 2015 -22% de emisiones GEI y 51% de carbono negro al 2030- y ajusta ligeramente al alza la línea base de emisiones (es decir, la trayectoria que seguiría el país de “no hacer nada”, también conocida como Business as Usual). Dicho ajuste reduce en 14 millones de toneladas de CO2e el volumen de emisiones comprometidas, las cuales son equivalentes a un poco más de las emisiones provenientes de la refinación de petróleo actualmente. Mantener estas metas es contrario al principio de progresividad establecido en el Acuerdo de París y no va en línea con la ruta de emisiones decrecientes que es urgente establecer.
Este ajuste de la trayectoria es una de las causas por las que el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa suspendió el pasado primero de octubre los actos de ejecución de la Revisión de las NDC 2020 de México, a partir de un amparo presentado por Greenpeace en marzo de este año. Este fallo se suma a los más de mil procesos judiciales que se han abierto alrededor del mundo para demandar a gobiernos e industrias la suspensión de procesos de deforestación y quema de combustibles fósiles, así como el establecimiento de metas de abatimiento de emisiones más ambiciosas, así como estrategias claras para alcanzarlas. Se prevé que el recién publicado reporte del IPCC y la creciente evidencia sobre la cadena causal entre emisiones, calentamiento global e impactos climáticos sobre sistemas sociales y ecosistémicos dará a la sociedad mayores elementos para demandar por la vía jurídica avances más claros y rápidos para descarbonizar las economías de todo el mundo.
Si bien hay algunos avances, y la tasa de crecimiento anual de las emisiones en México se ha ido desacelerando (entre 2010 y 2019 fue del 0.07% comparado con el 4.7% de incremento anual entre 2000 y 2009, de acuerdo a las estimaciones del recién publicado Inventario de Emisiones de Gases de Efecto Invernadero 1990-2019), ni el ritmo ni las metas establecidas orientan al país hacia las emisiones netas cero.
Una ruta de descarbonización para México implica llegar a 450 millones de toneladas hacia 2030, un volumen 40% menor respecto a la meta de emisiones del país en la NDC actualizada.
Protesta de Fridays for future en marzo de 2019 en CDMX. Crédito: Francisco Colín Varela en Flickr.
El llamado a México y otros países con una alta contribución a las emisiones causantes del cambio climático es que fijen nuevas metas alineadas a la trayectoria que la ciencia establece, apegadas a objetivos de equidad, desarrollo sostenible y erradicación de la pobreza. Al ser un país altamente expuesto y vulnerable a eventos asociados al cambio climático, México debiera alinear sus metas e inversiones hacia un modelo resiliente y de bajo contenido de carbono a través de medidas que, además de ser costo-efectivas se estima que la implementación de la NDC en México puede arrojar ganancias netas de alrededor de 5 mil millones de dólares), generan grandes beneficios económicos vinculados a la disminución de riesgos a eventos climáticos, muertes y enfermedades asociadas a la contaminación atmosférica provenientes de la quema de combustibles fósiles, además de propiciar la creación de empleos y el mejoramiento de la calidad de vida de la población y medios de subsistencia de las comunidades.
México tiene grandes oportunidades para aumentar su ambición climática más allá de lo que se pueda o no hacer en el sector energía. Por ejemplo, una de las vías es estableciendo una ruta de descarbonización para el sector transporte que se base en el enfoque “Evitar-Cambiar-Mejorar” y fomente viajes en modos de baja emisión de carbono, aceleración de la electrificación de flotas y ahorro de combustibles. Otro de los caminos involucraría acciones locales para mitigar las emisiones de metano (además de aquellas en el sector petróleo y gas) a través de mejores prácticas en la agricultura y la ganadería y en el aprovechamiento de este gas dentro de rellenos sanitarios y en plantas de tratamiento de aguas residuales. Asimismo, mediante el impulso de las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SBN) en los sectores urbano, forestal y agropecuario, con sistemas de monitoreo y evaluación robustos e integrales. De igual manera, al involucrar al sector privado en la acción climática a través del mercado de carbono, el establecimiento de objetivos basados en la ciencia y el impulso a mejores prácticas en sus cadenas de valor. Y, por último, pero no menos importante, al sumar esfuerzos y experiencias de los gobiernos estatales y municipales, que han demostrado liderazgo en el establecimiento de metas ambiciosas.