Once impuestos, cinco estados, una misma apuesta: así avanza el precio al carbono en las regiones de México

En el Mexico Carbon Forum 2026, WRI México reunió a las autoridades ambientales de Querétaro, Aguascalientes, Colima, Tamaulipas y Guanajuato para comparar cinco años de aprendizajes sobre impuestos estatales a las emisiones y sellos bajos en carbono.

Aguascalientes, 3 de septiembre de 2026. Dentro de la Ruta 1: Regulación y competitividad del Mexico Carbon Forum 2026, WRI México moderó el panel "Estructuración del mercado de carbono en México a nivel subnacional y sellos bajos en carbono", que reunió a las autoridades ambientales de cinco estados en momentos muy distintos de esa misma carrera: desde esquemas voluntarios hasta impuestos ya en operación y con mercado de compensaciones activo.

Adriana Lobo, Directora General de Presencia Global y Acción Local de WRI, moderó la conversación con Lizeth Rivera Cabrera (Aguascalientes), Ricardo Torres (Querétaro), Sergio Domínguez (Guanajuato), Humberto Calderón (Tamaulipas) y Francisco Castellón (Colima). "Las ciudades concentran más de 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero y 80% del PIB mundial. De ahí la importancia enorme de todo lo que hacemos a nivel subnacional", planteó Lobo al abrir el panel, recordando que México ya cuenta con 11 impuestos subnacionales a las emisiones de gases de efecto invernadero, cada uno con un diseño distinto.

Cinco estados, cinco caminos
Lizeth Rivera Cabrera, Jefa del Departamento de Cambio Climático de Aguascalientes, explicó por qué el estado optó por un esquema voluntario en lugar de un impuesto: primero construyó las bases —un inventario de gases de efecto invernadero con año base 2022 y un reglamento de su ley estatal de cambio climático— antes de regular. "El sello bajo carbono contempla tres modalidades: reducciones directas, reducciones indirectas y compensación. Primero deben demostrar que ya están reduciendo para darles el sello", detalló. El programa, dijo, también sirve como preparación de las empresas ante una futura regulación obligatoria.

Ricardo Torres, Subsecretario de Medio Ambiente de Querétaro, describió un mercado más maduro, con impuesto vigente desde 2021 y compensaciones aceptadas desde 2022.

 "Querétaro demanda apenas medio millón de toneladas al año, pero representa alrededor del 70% de las transacciones de créditos de carbono en el país", señaló. El modelo da preferencia de precio a proyectos locales alineados con la trayectoria de descarbonización del estado —de 6-7 USD por tonelada fuera de Querétaro a 10 USD dentro, y hasta 30 USD para soluciones basadas en la naturaleza—, lo que ya ha permitido desarrollar ocho proyectos forestales, de ganadería regenerativa, reciclaje electrónico y compostaje.

Sergio Domínguez, Director General de Cambio Climático y Sustentabilidad Energética de Guanajuato, describió un enfoque deliberadamente gradual: "El impuesto empezó con un enfoque gradual: la tonelada arrancó en 45 pesos y hoy está en 100. Ese enfoque busca preparar al mercado para los distintos mercados de carbono", explicó. El estado trabaja además en digitalizar por completo la cédula de operación anual para facilitar el reporte de la base gravable y mejorar la comunicación entre las áreas fiscal y ambiental.

Humberto Calderón, Coordinador de Fortalecimiento Institucional de SEDUMA Tamaulipas, relató el camino más accidentado: un gravamen en 2020 que derivó en litigio, una figura de "derecho" en 2022 mientras se resolvía la competencia legal, y finalmente un impuesto formal en 2024. Entre los principales retos, dijo, está traducir el lenguaje ambiental al lenguaje contable de las empresas reguladas, y aclarar que el impuesto no se traslada al usuario final, como si ocurre con el IVA. Sobre por qué el impuesto —siendo compensable— no ha generado compensaciones, fue directo: "La principal barrera es el precio: con el descuento por uso de gas natural, terminan pagando alrededor de 40 pesos la tonelada, y así es difícil encontrar créditos más baratos que convengan". Tamaulipas trabaja ya en una reforma para 2027 que reestructuraría el cálculo de la exención y abriría más espacio a la compensación.

Francisco Castellón, Director de Protección Ambiental y Patrimonio de Colima, presentó el caso más reciente: un impuesto vigente apenas desde 2025, con su primera convocatoria de proyectos abierta en 2026 y alrededor de 35 mil toneladas compensadas en su primer ejercicio. El estado otorgó estímulos fiscales que redujeron la base gravable entre 40% y 45% durante la transición, lo que explica en parte por qué muchas empresas optaron por pagar el impuesto directo en lugar de buscar el sello bajo carbono. Castellón subrayó también la apuesta por la regionalidad: "Colima tiene uno de los principales puertos de entrada de mercancías hacia el Bajío. Pensar la regionalización de los proyectos y las economías regionales es una realidad que buscamos avanzar".

La integridad, por encima de todo
En una ronda rápida, Lobo pidió a los panelistas elegir, en una palabra, la condición más importante para que un instrumento subnacional funcione: precio, MRV, integridad, coordinación fiscal-ambiental, oferta de proyectos o aceptación política. Sergio Domínguez respondió "integridad" —"si hay buena integridad, todo lo demás puede ser gestionable"—, mientras que Lizeth Rivera, Humberto Calderón y Francisco Castellón coincidieron en "coordinación fiscal ambiental" como el factor decisivo para sostener estos instrumentos en el tiempo.

Resultados que ya son medibles
A nivel nacional, los instrumentos subnacionales ya han recaudado cerca de 1,590 millones de pesos y compensado 346,000 toneladas de CO2, de acuerdo con datos de MÉXICO2 citados durante el panel. Lobo cerró con tres mensajes: que el diseño de cada instrumento debe responder al contexto económico e institucional de cada estado; que la calidad técnica —medición, adicionalidad, trazabilidad— importa tanto como la decisión política para que una tonelada reducida o compensada tenga credibilidad; y que, a medida que crecen los instrumentos, la coordinación entre autoridades fiscales y ambientales deja de ser deseable para volverse indispensable.

Para WRI México, acompañar a los gobiernos subnacionales en el diseño y perfeccionamiento de estos instrumentos —desde impuestos ya consolidados como el de Querétaro hasta esquemas apenas en construcción como el de Colima— seguirá siendo un eje central de su trabajo de política climática subnacional en los próximos meses.