4 preguntas que marcarán la COP30 para los países vulnerables

En un año marcado por el aumento de los efectos del cambio climático, las dificultades económicas, el retroceso de las políticas climáticas y un panorama geopolítico en rápida evolución, el camino hacia la cumbre climática de la ONU de 2025 (COP30) ha estado marcado por la incertidumbre y la urgencia. Al mismo tiempo, el importante aumento de las energías renovables en muchos países supone una gran oportunidad para avanzar.

Mientras los países —incluidos los más vulnerables— actualizan sus planes climáticos, conocidos como contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC), el mundo sigue sin estar en camino de limitar el calentamiento global a 1.5 °C (2.7 °F). El costo de no alcanzar este objetivo ya resulta evidente: las comunidades vulnerables de todo el planeta enfrentan un número creciente de muertes por fenómenos meteorológicos extremos y desplazamientos internos provocados por desastres y la interrupción de las cadenas de suministro mundiales, lo que provoca inseguridad alimentaria y reduce el acceso a la atención sanitaria. Las estrictas condiciones de financiación mundial y el aumento de la deuda son problemas sistémicos que agravan la situación.

Esto no es solo un problema de los países más vulnerables al clima: los efectos del cambio climático no reconocen fronteras y generan repercusiones directas e indirectas que se extienden por toda la economía y la sociedad mundial.

Por eso, la COP30 se encuentra en una encrucijada crítica. Si no se alcanzan resultados sólidos, el riesgo es agravar la exposición de los países vulnerables a los peligros climáticos, perder avances fundamentales en el desarrollo, profundizar la desigualdad y deteriorar aún más la confianza en la cooperación y la diplomacia internacionales.

Por otro lado, la acción climática puede proporcionar importantes beneficios a los países vulnerables, como hemos visto con los calentadores de agua solares que reducen las facturas energéticas de los hogares en Barbados, la mejora de la calidad del aire en Nepal y Etiopía con el aumento de la adopción de vehículos eléctricos y una agricultura más resiliente en toda África. La cumbre de este año será una prueba fundamental para alcanzar un consenso, aumentar la ambición colectiva y convertirla en acciones y apoyos reales.

La COP30 se celebra en los límites de la Amazonía, con la presidencia brasileña destacando la necesidad de un nuevo impulso para detener la pérdida de bosques, fortalecer la financiación climática y traducir las negociaciones en acciones concretas, elementos esenciales para los países más vulnerables al clima. Pero ¿se cumplirán las expectativas? Para ellos, lo que está en juego no podría ser más importante.

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Ahora, la atención se concentra en los temas que definirán el éxito o el fracaso de la cumbre. En la COP30, el consorcio ACT2025 —una coalición de expertos y líderes de pensamiento que amplifican las voces de los países en desarrollo vulnerables al clima en las negociaciones internacionales— participará y observará de cerca cómo responde la conferencia a cuatro cuestiones fundamentales:

1) Con el límite de 1.5 °C en riesgo, ¿qué implica esto para la COP30?

Tras una serie de anuncios en septiembre, más de 60 países presentaron nuevos planes nacionales sobre el clima. Sin embargo, los análisis indican que las cifras no coinciden: la ambición colectiva sigue siendo insuficiente para limitar el aumento de la temperatura global a 1.5 °C (2.7 °F).

En un momento en que la voluntad política se debilita, la COP30 debe ofrecer una respuesta decidida a esta brecha de ambición. Es necesario reconocer que el objetivo de 1,5 °C está en grave peligro y subrayar la urgencia de que los principales emisores —incluidos todos los países desarrollados y los miembros del G20— aumenten su nivel de compromiso antes de 2030, aprovechando las herramientas tecnológicas y financieras de las que disponen. Esto implica reforzar los objetivos del Balance Global para triplicar la capacidad de energías renovables, duplicar la eficiencia energética, abandonar los combustibles fósiles, detener la pérdida de bosques, ampliar el transporte sostenible y mucho más. En la Cumbre de Líderes de la COP30, los jefes de Estado deben demostrar cómo planean ir más allá de los compromisos actuales y alinearse con urgencia con las exigencias de la ciencia.

Al mismo tiempo, la COP30 debe acoger y fomentar el refuerzo de los compromisos, celebrar la década de avances desde el Acuerdo de París y ofrecer una visión de futuro basada en la aplicación, la transparencia y la rendición de cuentas. Las NDC no pueden tratarse como documentos independientes, sino que deben alinearse con estrategias a largo plazo, planes nacionales de adaptación (PNA) y vías sectoriales en materia de energía, transporte, uso de la tierra e industria que propicien una transformación real de toda la sociedad. Los planes climáticos también deben abordar el doble reto de la mitigación y la adaptación, garantizando que las vías reflejen la equidad al abordar tanto la necesidad urgente de reducir las emisiones como las realidades apremiantes de los impactos climáticos a los que se enfrentan las comunidades vulnerables.

Aunque la Tierra superó los 1,5 °C de calentamiento en 2024, este umbral no funciona como un interruptor, sino como un termostato que se ajusta gradualmente. Cada fracción de grado cuenta, y los cambios firmes y sostenidos marcan la diferencia entre mantenerse dentro de los límites seguros o rebasarlos. La batalla no está perdida, pero la recuperación depende de una acción inmediata y decisiva.

2) ¿Cómo se puede lograr un progreso real en las prioridades de los países vulnerables al clima durante las negociaciones de la COP30?

Será fundamental avanzar en tres cuestiones:

Hacer un seguimiento de la aplicación del nuevo objetivo de financiación climática.

Para los países en desarrollo más vulnerables, disponer de financiamiento suficiente y de calidad para aplicar medidas climáticas tiene importantes beneficios catalizadores a largo plazo, al fortalecer su resiliencia y su capacidad de adaptación. Por ello, los países desarrollados deben ofrecer este apoyo de manera rápida y oportuna.

El éxito de la COP30 dependerá de que el Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG) logre impulsar una respuesta financiera que combine subvenciones públicas y otros instrumentos altamente concesionales, sin agravar la carga de la deuda, y que movilice inversiones privadas de calidad, especialmente en los países más expuestos al cambio climático.

Las negociaciones, tanto formales como informales, deben enfocarse en definir cómo acelerar la implementación del NCQG para alcanzar al menos 300 mil millones de dólares anuales y elevar esa cifra a 1.3 billones de dólares para 2035, con los países desarrollados al frente y con señales claras sobre cómo triplicar los flujos financieros de los fondos multilaterales para el clima (con base en los niveles de 2022, hacia 2030).

Para los países vulnerables al clima, este nivel de financiamiento es indispensable para poner en marcha sus planes climáticos y transformar los compromisos en acciones concretas.

La Hoja de Ruta de Bakú a Belém para alcanzar 1.3 billones de dólares será un instrumento clave de implementación, ya que puede fortalecer las interrelaciones y sinergias con iniciativas externas al régimen de la CMNUCC. Entre ellas destacan las relacionadas con la deuda soberana, las reformas de las instituciones financieras internacionales —incluidos los bancos multilaterales de desarrollo (BMD)— y los instrumentos innovadores como los gravámenes solidarios, todos ellos esenciales para avanzar de manera integral en la acción climática.

Para los países más vulnerables al clima, resulta fundamental que esta hoja de ruta se mantenga alineada con el propósito del Nuevo Objetivo Colectivo Cuantificado sobre Financiación Climática (NCQG): apoyar la aplicación de los planes climáticos de los países en desarrollo, contribuir a elevar y acelerar la ambición, y reflejar sus necesidades y prioridades cambiantes. Asimismo, debe ofrecer orientación clara para ampliar la financiación pública basada en subvenciones destinada a la adaptación, la resiliencia y la gestión de pérdidas y daños, además de incorporar mecanismos sólidos de transparencia y rendición de cuentas.

Mejorar la financiación y el seguimiento de la adaptación

La definición de la manera en que se implementará el Objetivo Mundial de Adaptación (GGA) será uno de los temas centrales de la COP30. En primer lugar, se prevé que los países adopten un conjunto de indicadores para medir los avances hacia el cumplimiento del GGA y de sus objetivos marco, los cuales abarcan distintos sectores y etapas del ciclo de políticas de adaptación.

Estos indicadores irán más allá de una evaluación técnica: permitirán construir un catálogo más detallado y coherente de acciones y apoyos para la adaptación y la resiliencia. Esto favorecerá una mayor armonización y transparencia entre sectores y facilitará la coordinación entre gobiernos, empresas y actores financieros.

Para los países más vulnerables al clima, una prioridad clave será garantizar que el conjunto final de indicadores incluya aquellos que permitan evaluar con precisión la entrega de financiamiento de calidad, así como el fortalecimiento de capacidades y el acceso a tecnología. Estos elementos son esenciales para lograr una implementación efectiva del GGA y de sus objetivos marco.

En segundo lugar, los países deben definir el siguiente paso en materia de financiación para la adaptación, ya que el compromiso de Glasgow —que establecía duplicar los recursos con respecto a los niveles de 2019— concluye este año. Esta meta podría ampliarse mediante un nuevo objetivo de financiamiento para la adaptación, nuevos compromisos y reposiciones de fondos (especialmente del Fondo de Adaptación), así como mediante compromisos de los bancos multilaterales de desarrollo para invertir más en adaptación y resiliencia climática en los países vulnerables.

A pesar de los avances alcanzados desde la adopción del Objetivo de Glasgow en 2021, la adaptación aún carece del financiamiento necesario. Se estima que el déficit actual asciende a 359 mil millones de dólares anuales. Existe el riesgo de que los recursos destinados a la adaptación se estanquen si no se establecen mecanismos claros de priorización y ejecución. Por ello, varios países proponen medidas como triplicar la financiación para la adaptación respecto a los niveles de 2022 hacia 2030, o fijar un nuevo objetivo basado en las necesidades reales, capaz de responder a los retos de adaptación en constante evolución de los países en desarrollo, conforme lo señalan las evaluaciones del IPCC, los resultados del Balance Global y los planes climáticos nacionales (NDC y PNA).

Combinar un mayor flujo de recursos con un seguimiento más eficaz de las acciones de adaptación puede fortalecer los incentivos para invertir en proyectos de alto impacto y ofrecer una visión más precisa del progreso global. En otras palabras, una mejor rendición de cuentas puede elevar los estándares internacionales de financiamiento para la adaptación y asegurar que los fondos impulsen acciones nacionales concretas donde más se requieren.

La inversión en resiliencia y adaptación climática no solo reduce riesgos, sino que fortalece las economías nacionales y protege la seguridad humana, al resguardar infraestructuras, garantizar sistemas de alimentación y agua, y disminuir las crisis relacionadas con el clima. Para acelerar el progreso, será indispensable no solo mejorar el seguimiento, sino también integrar la adaptación y la resiliencia en las estrategias nacionales de planificación e inversión en todos los sectores.

Creación de una arquitectura coherente para las soluciones en materia de pérdidas y daños

Las medidas y el financiamiento vinculados con las pérdidas y los daños han recibido menos atención en la antesala de la COP30, pero continúan siendo prioridades esenciales para los países en desarrollo más vulnerables al clima. Existe una urgencia creciente por seguir capitalizando el Fondo para Responder a las Pérdidas y los Daños (FRLD), recientemente creado, con recursos suficientes, predecibles y que superen las promesas actuales.

Para brindar un apoyo más eficaz a los países, el FRLD debe priorizar instrumentos financieros que no generen deuda, establecer mecanismos de acceso directo para entidades nacionales mediante procedimientos simplificados y garantizar financiamiento rápido para atender necesidades urgentes en los países más expuestos.

Asimismo, es fundamental mantener y fortalecer la Red de Santiago, que ofrece asistencia técnica para implementar medidas destinadas a evitar, minimizar y abordar las pérdidas y los daños. Con alrededor de 40 millones de dólares comprometidos, la Red está en condiciones de recibir y aprobar nuevas solicitudes de apoyo técnico. La COP30 debe movilizar recursos adicionales que aseguren su funcionamiento continuo, su capacidad de respuesta ante las demandas de los países y su expansión regional.

La conferencia también representa una oportunidad para aprovechar la tercera revisión del Mecanismo Internacional de Varsovia (WIM) y avanzar hacia una coordinación más sólida entre el WIM, el FRLD, la Red de Santiago y los mecanismos nacionales. Este momento es clave para construir una arquitectura global coherente, equitativa y basada en los derechos humanos en materia de pérdidas y daños. Actuar con rapidez permitirá establecer diálogos orientados a soluciones y asegurar que estén impulsados por las voces de las naciones más vulnerables al clima.

3) ¿Se mantendrá fuerte el multilateralismo en la COP30?

Para que los países más vulnerables al clima tengan mayores posibilidades de alcanzar resultados sólidos, deben contar con una participación equitativa en las negociaciones, principio fundamental de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC).

Sin embargo, además de los crecientes ataques al multilateralismo y a la cooperación internacional, estos países enfrentan limitaciones significativas: disponen de menos recursos financieros y técnicos para participar en los procesos de decisión y en los espacios internacionales sobre cambio climático. Las delegaciones de los países menos adelantados y de los pequeños Estados insulares en desarrollo suelen ser mucho más reducidas que las de los países desarrollados, y alto costo del alojamiento en Belém representa un obstáculo adicional que limita su presencia. Garantizar una representación plena y significativa será, por sí misma, una prueba del compromiso de la COP30 con la inclusión y la equidad.

A pesar de estos retos, la defensa del multilateralismo climático constituye uno de los pilares centrales de la presidencia brasileña en la COP30. Ante el anuncio del Gobierno de Estados Unidos de retirarse del Acuerdo de París y la reducción de la ayuda al desarrollo exterior por parte de varios países donantes, las naciones vulnerables buscan señales claras de que la cooperación mundial sigue siendo una prioridad.

Reafirmar el multilateralismo en la COP30 puede ser decisivo para reconstruir la confianza internacional, acelerar la implementación del Acuerdo de París y vincular la acción climática con las necesidades reales de las comunidades sobre el terreno. Solo así la acción colectiva podrá impulsar un cambio transformador que no deje a nadie atrás.

4) ¿Qué impacto tendrá la reciente sentencia de la CIJ en la COP30?

En julio de 2025, tras una campaña de varios años impulsada por Vanuatu y respaldada por países y comunidades vulnerables, grupos juveniles y aliados de todo el mundo, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya emitió un dictamen consultivo histórico y unánime sobre las obligaciones de los Estados en materia de cambio climático.

El principal órgano judicial de las Naciones Unidas determinó que los Estados tienen la obligación de proteger el medio ambiente de las emisiones de gases de efecto invernadero y de actuar con la debida diligencia y cooperación para cumplir con este deber. El fallo también reafirmó que limitar el calentamiento a 1.5 °C (2.7 °F) constituye un objetivo global vinculante en la práctica, no una opción política.

Los países ahora enfrentan la oportunidad —y la responsabilidad— de responder al estándar establecido por la CIJ, que subraya que los compromisos nacionales deben reflejar su máxima ambición posible. Las naciones con mayores niveles de emisiones estarán sometidas a una presión moral y jurídica creciente a raíz de esta decisión.

Para los países en desarrollo más vulnerables, la sentencia representa una nueva herramienta para exigir responsabilidades a los principales emisores, además de reforzar el deber de cooperación internacional, en especial en materia de financiamiento, transferencia tecnológica y apoyo técnico.

La COP30 ofrece una oportunidad clave para integrar los principios y mensajes de la sentencia de la CIJ en los resultados de la conferencia, fortaleciendo así el vínculo entre la justicia climática, la acción colectiva y la rendición de cuentas global.

La COP30 es nuestra oportunidad para corregir el rumbo

A medida que navegamos por el intrincado panorama de la acción climática mundial en 2025, es imperativo aumentar la ambición y ampliar el apoyo a la implementación. Los resultados de este año deben ser decisivos para establecer un marco mundial sólido capaz de abordar eficazmente los múltiples retos del cambio climático.

Los gobiernos deben aprovechar la COP30 como una oportunidad para ponerse al día con las realidades del mundo, que cambian rápidamente. La tarea es urgente: el mundo debe avanzar más y más rápido para garantizar que los países, las comunidades y las personas más vulnerables puedan desarrollar su propia resiliencia, no solo para sobrevivir, sino para prosperar. El tiempo es un recurso fundamental que no podemos reponer y, para los países vulnerables al clima, se está agotando rápidamente.