Boletín de prensa: Acumula transporte público en México pérdidas por 40 mil MDP; familias vulnerables, las más afectadas
- Durante el Primer Foro Nacional de Autoridades de Movilidad, funcionarios y especialistas alertaron sobre el impacto que tendrá en los 160 mil empleos directos del sector
- El 75% de la inversión en movilidad de los últimos años se ha hecho en infraestructura para el automóvil, reportan
- Las familias mexicanas con menores ingresos son las más afectadas por la falta de apoyo al transporte público, puntualizan
- La crisis económica por pérdidas en la demanda, derivada de la pandemia, ha profundizado problemas de cobertura, calidad, emisiones y equidad, señalan
Ciudad de México, 24 de septiembre de 2021.- La crisis financiera derivada de la COVID-19 ha generado pérdidas estimadas para el sector del transporte público que llegarán a los 40 mil millones de pesos entre 2020 y 2021, alertó hoy Fernando Páez, director de movilidad urbana para México y Colombia del Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés). Esto como resultado de las primeras estimaciones realizadas por WRI, con base en una evaluación con instrumentos de análisis estadísticos, donde se tomó como referencia la caída en la demanda de los principales sistemas de transporte proporcionada con el INEGI, se construyó una muestra y se aplicó una suavización exponencial triple, la cual mostró esos datos preliminares.
En el marco del Primer Foro Nacional de Autoridades de Movilidad, celebrado este viernes 24 de septiembre, Páez informó que aún no se ha recuperado la demanda en el transporte, lo que pone en riesgo la seguridad laboral de 160 mil personas que trabajan en el sector.
“Urge atender de manera inmediata la crisis. Los sistemas de transporte hacen ciudades más incluyentes, tienen un beneficio para cerrar la brecha de inequidad. Se requieren servicios con cobertura y calidad, y garantizar (el uso de) tecnologías con la menor afectación al medio ambiente”, afirmó el experto.
En el encuentro, organizado por WRI México, la Asociación Mexicana de Autoridades de Movilidad (AMAM) y la Asociación Nacional de Productores de Autobuses, Camiones y Tractocamiones (ANPACT), Alejandro López, presidente de la AMAM, explicó que más de la mitad de la población se mueve a diario en transporte público, mientras que sólo el 15% de los viajes se realizan en un auto privado.
“Sin embargo, el 75% de la inversión en movilidad de los últimos años se ha hecho en infraestructura para el automóvil. De seguir a este paso, con mejor infraestructura para el auto y descuidando las demás opciones de movilidad, cada vez más mexicanos optarán por un vehículo privado, alejando al país de un futuro más sustentable”, afirmó.
Hizo un llamado para avanzar en el cumplimiento del derecho a la movilidad, que implica repensar y estructurar mecanismos de financiamiento que permitan acelerar la transformación del transporte público como articulador del sistema de movilidad.
López expuso que, a pesar de múltiples avances locales en la materia en los últimos 15 años, los esfuerzos no han sido suficientes, y las y los ciudadanos se enfrentan a condiciones de baja calidad, inseguridad, inequidad, desigualdad y un constante deterioro en el servicio.
“Esto es síntoma del abandono que ha tenido el transporte público y los servicios de movilidad en la agenda nacional, la debilidad institucional, así como su falta de coordinación e integración en los tres niveles de gobierno, a lo cual se suma la insostenibilidad financiera, que resulta en una baja capacidad de capitalización para la inversión y mantenimiento de los servicios, condicionando la calidad y cobertura de los sistemas”, expuso.
Ante esta situación WRI México propuso un Programa de Rescate al Transporte Público para salir de la crisis y mejorar las condiciones de cobertura, calidad y emisiones. Comprende incentivos fiscales, la gestión para la asignación de subsidios y un favorecimiento del otorgamiento de créditos asequibles a las ciudades.
En su intervención, Adriana Lobo, directora de WRI México, recordó que el transporte público es un elemento articulador de la movilidad en las ciudades y expuso que la crisis económica por pérdidas en la demanda, derivada de la pandemia, ha profundizado problemas de cobertura, calidad, emisiones y equidad.
“La crisis económica ha retirado oferta de servicio en múltiples ciudades, ha revertido procesos de transformación tecnológica, así como de integración de sistemas. Establecer un programa nacional de recuperación económica del transporte público es urgente para revertir la tendencia. Se requiere una inversión decidida federal y estatal para el rescate condicionada a procesos de mejora operativa, tecnológica y de calidad de servicio. Invertir en transporte público es garantizar el derecho a la movilidad”, dijo.
Durante el evento, en el participaron representantes del Senado de la República, la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos (BANOBRAS), gobiernos locales y autoridades de Colombia, se realizó también un cambio de estafeta en el liderazgo de la AMAM. Dejará la Presidencia Alejandro López Franco, director del Instituto Queretano de Transporte, y entrará en su lugar Diego Monraz Villaseñor, Secretario de Transporte del Gobierno de Jalisco, quien ostentará el cargo hasta 2023.
Los especialistas que participaron destacaron que las familias mexicanas en el decil con menores ingresos del País son las más afectadas por la falta de apoyo al transporte público, pues destinan el 20% de su ingreso en sus traslados, seis veces más de lo que destinan a cuidar su salud, y el doble de lo que destinan a vivienda.
Asimismo, pidieron que la movilidad no esté limitada para las personas sin discapacidad, pues en el país viven 7.1 millones de personas discapacitadas, las cuales carecen de alternativas de movilidad y por lo tanto la accesibilidad urbana para esta población es limitada. Al elevar el derecho a la movilidad a nivel constitucional, agregaron, se le da suma relevancia a los retos que enfrentan las poblaciones más marginadas de México para poder ejercer su libertad de manera plena.
Concluyeron con que el derecho a la movilidad obliga a México a planear e invertir en un futuro sustentable, en donde el transporte público y la movilidad activa sean alternativas cada vez más atractivas que el auto privado y, sin duda, una palanca para la recuperación económica y promotora de la igualdad de oportunidades.