México necesita instituciones capaces de hacer realidad el derecho a la movilidad

Autoridades, especialistas y operadores coincidieron en que reconocer la movilidad como un derecho humano es apenas el punto de partida: el reto está en construir instituciones coordinadas, con capacidad técnica, financiamiento y mecanismos para medir resultados.

Ciudad de México.— México ya reconoce constitucionalmente la movilidad como un derecho humano. Ahora el desafío es convertir ese reconocimiento en sistemas de transporte que funcionen todos los días para millones de personas.

Ésta fue una de las principales conclusiones del panel “Instituciones que Integran y Transforman la Movilidad”, realizado en el marco del Foro Ruta México de Mobility ADO, que reunió a autoridades, organismos internacionales, especialistas, sociedad civil y operadores para discutir cómo fortalecer la gobernanza del transporte público.

El panel fue moderado por Dionisio González, director Global de Incidencia y director para América Latina de la UITP.

Instituciones fuertes para cerrar las brechas

Angélica Vesga, directora de Asuntos Públicos de WRI México y secretaria técnica de la AMAM, puso el foco en la fragmentación institucional.

“La institucionalidad no es solo el fortalecimiento de capacidades estatales o municipales; también tenemos que atender el problema de la interinstitucionalidad nacional”, explicó.

Para Vesga, México necesita una ruta de proyectos de mediano y largo plazo que permita identificar dónde están las mayores necesidades de movilidad, las emisiones y los requerimientos de infraestructura y resiliencia.

Eso requiere instituciones fuertes en los tres niveles de gobierno y, sobre todo, capacidad de articulación.

“Necesitamos inversiones plurianuales de la Federación y de los gobiernos estatales y municipales”, apuntó.

También llamó a revisar los modelos de contratación y el papel de las autoridades: “Es la autoridad la que debe planear, coordinar, regular y definir el modelo de crecimiento”.

De la ley a los resultados

Emmanuel Reyes Carmona, senador y secretario de la Comisión de Zonas Metropolitanas y Movilidad, señaló que el reconocimiento del derecho a la movilidad debe traducirse en políticas públicas medibles y responsabilidades claras entre los distintos órdenes de gobierno.

Aunque la movilidad ya es un derecho humano, apuntó que solo 20 congresos locales han armonizado sus leyes.

“Se requieren mecanismos de gobernanza donde participen todos los órdenes de gobierno y la iniciativa privada”, afirmó, al destacar la necesidad de medir desempeño, transparencia y resultados.

El senador llamó a acelerar la armonización legislativa y a fortalecer la coordinación entre Federación, estados y municipios.

“Urge a la autoridad actuar. Lo fundamental es trabajar unidos para visibilizar los nuevos retos”, sostuvo.

Voluntad política y capacidad técnica

Para Bernardo Baranda, director para Latinoamérica de Transporte y Desarrollo del ITDP, la transformación requiere voluntad política, pero también instituciones capaces de ejecutar.

“Se necesita mucha voluntad política al más alto nivel y competencias técnicas para implementar”, señaló.

Baranda planteó fortalecer las agencias metropolitanas de transporte y dotarlas de acceso a financiamiento, además de avanzar hacia esquemas contractuales con indicadores de desempeño, pago por kilómetro y herramientas de monitoreo.

También destacó la necesidad de priorizar al transporte público en el espacio urbano y acelerar la transición hacia tecnologías limpias.

“Las tecnologías limpias no son una opción, ante la crisis climática”, afirmó.

Certeza jurídica y capacidad técnica

Desde la perspectiva de los operadores, Francisco Trueba, director Divisional de Urbanos de Mobility ADO, señaló que la transformación debe comenzar por armonizar las leyes y generar certeza para autoridades y empresas.

“En la medida en que estén alineados los instrumentos jurídicos habrá certeza para todos”, afirmó.

Pero la certeza jurídica, advirtió, no es suficiente. Las autoridades necesitan capacidades técnicas para estructurar proyectos, contratos y mecanismos de financiamiento.

“Una autoridad puede ser potente, pero si no tiene al financiero que estructure un instrumento para hacerse de recursos, no resuelve el problema”, señaló.

Trueba también llamó a integrar a los distintos actores del transporte y a incorporar a la sociedad civil en el diseño de las soluciones.

“Tenemos que buscar un lenguaje común, un entendimiento y un ingrediente que no he visto tanto: la sociedad civil”, dijo.

Continuidad más allá de los gobiernos

Para Constanza Delón, directora de Integración de Transporte de ATTRAPI, reconocer la movilidad como derecho implica garantizar continuidad en las políticas públicas.

“Ya no depende de la voluntad política”, afirmó.

Delón llamó a establecer mecanismos de monitoreo y evaluación que permitan dar seguimiento a los proyectos independientemente de los cambios de administración.

“Lo que no se mide no se puede mejorar”, sostuvo.

También advirtió que la política de movilidad debe ir más allá de construir infraestructura y considerar desde el inicio aspectos como mantenimiento, frecuencia, niveles de servicio e intermodalidad.

Una agenda que necesita coordinación

El panel coincidió en que el reto de México ya no es únicamente construir más infraestructura, sino fortalecer las instituciones que deben hacer funcionar los sistemas de movilidad.

Leyes armonizadas, autoridades coordinadas, capacidad técnica, financiamiento de largo plazo, contratos claros, evaluación de resultados y participación ciudadana forman parte de una misma ecuación.

El desafío es pasar del derecho reconocido en la Constitución a un derecho que las personas puedan experimentar todos los días en sus trayectos.

Porque garantizar la movilidad no es solamente mover personas: es garantizar acceso a oportunidades, servicios y una mejor calidad de vida.