Desde el Instituto de Recursos Mundiales México (WRI México, por sus siglas en inglés) creemos que el País tiene la oportunidad de impulsar una transición económica justa, sostenible y baja en emisiones de carbono, basada en evidencia científica y construida mediante procesos colaborativos en sectores clave.

El objetivo de este documento es compartir un panorama de esas oportunidades, que sea de utilidad para personas y organizaciones involucradas en el desarrollo de los futuros planes de gobierno a nivel federal, estatal y municipal, de modo que contribuya a alcanzar un futuro más sostenible. El trabajo que desarrollamos en el Instituto busca aportar a una narrativa de desarrollo desde una posición de neutralidad partidaria, de forma abierta y transparente, respetuosa de las distintas plataformas y movimientos, basada en la ciencia y el conocimiento.

Un aspecto central de nuestra visión es la necesaria conexión entre la mejora simultánea de la calidad de vida de las personas, la protección de la naturaleza y la acción climática. Con esta transición se alcanzarán mejoras en la salud de las personas, un crecimiento económico sostenible, la creación de empleos de calidad, mayor igualdad e inclusión, así como el respeto y la protección al medio ambiente y la naturaleza.

Nuestro objetivo es transformar sustancialmente los sistemas que impulsan una producción y consumo más sostenibles, como un mejor manejo de los recursos naturales, un incremento en el uso de las energías renovables y el diseño de ciudades más habitables, todo esto mediante la alineación de la política económica, financiera y de gobernanza que los sustentan.

Desde 2019, WRI trabaja en detectar oportunidades para desarrollar conocimiento y documentar estas opciones sectoriales:

  • Movilidad sustentable y electromovilidad
  • Desarrollo urbano inclusivo y bajo en emisiones
  • Energía renovable y eficiencia energética
  • Soluciones basadas en la naturaleza
  • Financiamiento

A través del trabajo en nuestras teorías de cambio, del diálogo con actores gubernamentales, de la colaboración con los esfuerzos e iniciativas impulsadas por organizaciones de la sociedad civil, de la retroalimentación de nuestro Consejo asesor y de ejercicios de modelación, identificamos oportunidades de acción en los tres sistemas, con el potencial no sólo de reducir la contaminación del aire y las emisiones de gases de efecto invernadero que causan el calentamiento global, sino también de generar beneficios acumulados en los ingresos, los empleos y el bienestar social.

Género e inclusión social como un eje transversal

México es un país profundamente desigual. Casi la mitad de la población vive en situación de pobreza. Los datos oficiales más recientes revelan que la proporción de la población por debajo de la línea de pobreza ha aumentado, pasando del 41.9% en 2018 al 43.9% en 2020 (CONEVAL, 2022).

De acuerdo con los datos de la ENIGH (2022), la desigualdad de ingresos en México disminuyó en años recientes, ya que el coeficiente de Gini pasó de ser 0.516 en 2016 a 0.472 en 2022. Sin embargo, considerando el subreporte de la población con mayores ingresos y al utilizar el ajuste de los ingresos con la información reportada en Cuentas Nacionales (CN), hubo un incremento en la desigualdad de ingresos, y el decil X (el de mayores ingresos) acumula 53.6% de las percepciones del País, frente al 31.5% reportado por la ENIGH.

Vivir en una localidad rural o urbana puede significar diferencias relevantes en el bienestar y en las condiciones de vida de una persona. El porcentaje de la población que vive en la pobreza en las zonas rurales es del 56.8%, y aumenta a 76.8% si sólo se considera a la población indígena, y a 83.5% en el caso de las mujeres indígenas (CONEVAL 2022). Lo anterior repercute en la calidad de vida de las mujeres, ya que en sus familias no existen ciertos enseres que facilitan el trabajo doméstico, carecen con frecuencia de servicios en la vivienda, y entre ellas estas situaciones se recrudecen.

La división sexual del trabajo y los roles de género tradicionales generan desigualdades en el uso del tiempo y en la distribución de los ingresos. La brecha de género por ingresos es de 34.8%, es decir, por cada 100 pesos que percibieron los hombres, las mujeres ganaron 65 pesos (ENIGH 2022). Esta brecha aumenta a 56.6% en el caso de hombres y mujeres que tienen cuatro hijos o más (ENIGH 2022).

Por otro lado, las personas y comunidades en condiciones de pobreza experimentan de manera desproporcionada los impactos de las crisis climática y ambiental sin ser los principales responsables. Asimismo, 80% de las personas desplazadas por el cambio climático son mujeres, y las mujeres e infancias tienen mayor posibilidad de morir a causa de un desastre natural. Además, aspectos como el estrés ambiental y la escasez de recursos aumentan la violencia de género (ONU 2022).

Un paso central para revertir los altos niveles de desigualdad es incorporar una perspectiva de género e inclusión, de forma transversal, en las iniciativas ambientales y de desarrollo sustentable. También reconocer cómo interseccionan las distintas desigualdades (por motivos de raza u origen étnico o nacional, clase, edad, orientación sexual, identidad de género, etc.).

La transición económica debe tener a la igualdad social y a la premisa de no dejar a nadie atrás como eje rector y abordar los desafíos que enfrentan las comunidades y las personas trabajadoras a medida que avanzan hacia medios de vida más sostenibles. Todas las personas, especialmente aquellas que históricamente puestas en condiciones de vulnerabilidad, deben tener la posibilidad de aprovechar las oportunidades sociales, económicas, políticas y ambientales.

Recursos naturales

México es uno de los doce países más megadiversos del mundo. Sin embargo, se calcula que, a nivel nacional, se pierde cobertura forestal a una tasa neta de 128 mil hectáreas por año (FAO, 2020). La deforestación y degradación de los ecosistemas como consecuencia del cambio de uso de suelo para actividades ganaderas y agrícolas, desarrollos turísticos, proyectos inmobiliarios y minería, afecta las condiciones biológicas de los suelos, la reproducción de cientos de especies de flora y fauna silvestres, y la capacidad de los ecosistemas para proveer bienes y servicios ambientales como alimentos, agua, fibras, mejorar la calidad del aire y regular el clima. En México, más del 51% de la superficie forestal se encuentra en un esquema de propiedad social, ya sea en ejidos o comunidades (Comisión Nacional Forestal, 2022).

En el País viven 14.7 millones de mujeres en localidades rurales (menores de 2 mil 500 habitantes). Ellas representan el 22.7% del total de las mujeres y el 11.7% de la población total del País (ENADID, 2018). Sin embargo, únicamente el 25% de las mujeres son ejidatarias, y el 29% comuneras (Registro Agrario Nacional 2021). Debido al bajo porcentaje de mujeres y jóvenes titulares de la tierra, estos grupos enfrentan limitaciones para participar en la toma de decisiones en actividades productivas y acciones de conservación de los bosques y la biodiversidad.

Actualmente, la producción agropecuaria enfrenta como retos, en primer lugar, los costos de insumos y servicios, y en segundo, el cambio climático (Censo Agropecuario 2022). La dinámica de cambio de uso del suelo ya alteró más de dos tercios de los bosques originales de México, y produjo un aumento de más del 30% en las emisiones de GEI en 2015. Los fenómenos climáticos extremos son cada vez más frecuentes, los cultivos y actividades productivas se desarrollan en tierras de escaza productividad, hay poco acceso al financiamiento y hay una alta dependencia a subsidios.

A esto se suman la falta de incentivos del mercado, escasas oportunidades y capacidades para monetizar los servicios ecosistémicos de una forma sustentable y contextos de debilidad institucional.

Las Soluciones Basadas en la Naturaleza (SbN) con enfoque climático, como la recuperación de coberturas forestales, la producción de alimentos en sistemas agroecológicos, el aprovechamiento forestal sostenible, la restauración del suelo y el manejo de pastizales, pueden contribuir con más del 20% de las metas de reducción de emisiones de GEI de México para 2050.

La restauración de los ecosistemas es entendida como un conjunto de acciones dirigidas a detener y revertir la degradación de los ecosistemas terrestres, acuáticos y marino-costeros, al tiempo que protege y mejora los medios de subsistencia de las personas que dependen de ellos. También ayuda a controlar la propagación de enfermedades, plagas agroalimentarias y reducir el riesgo de desastres. Para su implementación, requiere una inversión significativa, pero genera retornos financieros de entre 7 y 30 pesos por cada peso invertido (ONU 2021), lo que genera cobeneficios como la regeneración del hábitat para la biodiversidad, y secuestra importantes cantidades de carbono.

Los beneficios de la protección, restauración y manejo sostenible de los ecosistemas forestales son 2.7 veces más altos que los costos (INECC, 2021). En el sector agrícola, se estima que los costos de mitigación oscilan en 1.6 dólares por tonelada de CO2e para 2030 (INECC, 2021).

En cuanto a los ecosistemas costeros-marinos, su protección puede beneficiar al 46% de la población nacional que vive en estados costeros y que dependen de sus servicios ambientales directa o indirectamente. Además, evitar la degradación y deforestación de manglares, puede representar entre 6% y 10% del total de mitigación de la meta de AFOLU de la NDC (Adame et al, 2018).

Bajo el paraguas de SbN, se encuentran las medidas de adaptación basada en ecosistemas (AbE) como una alternativa para mejorar la capacidad de los productores y productoras rurales y adaptar sus sistemas de producción a las nuevas condiciones climáticas.

Las acciones de restauración involucran políticas coordinadas y simultáneas de varios actores: gobiernos, academia, organizaciones no gubernamentales, sociedad civil, pequeñas y grandes empresas, y deben ejecutarse con el libre, previo e informado consentimiento de la población indígena y de las comunidades locales.

Invertir en la naturaleza puede traer beneficios significativos, que incluyen generación de empleo, mayor resiliencia, aumento de rendimiento y productividad, entre otros.

Energía

El sector energético tiene el potencial de generar empleos y al mismo tiempo aumentar la fuente de energías renovables en México. Es necesario priorizar acciones transversales y conjuntas y aprovechar la innovación digital para el despliegue de acciones en materia de eficiencia energética y generación distribuida.

La generación y el uso de energía contribuyen aproximadamente al 64% de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) en México (INECC, 2021b).

Los combustibles fósiles (incluyendo la generación de electricidad, calor y combustibles para el transporte) aún representan el 87% de la matriz energética de México, por encima del promedio del G20, que es del 80% (Climate Transparency, 2021).

Actualmente, la energía solar, eólica, geotérmica y de biomasa representan sólo el 4.7% del suministro energético de México.

En el proceso de transición, es necesario asegurar que las personas que viven en condiciones de pobreza puedan acceder a fuentes de energía confiables, baratas y limpias, a través de la dotación de servicios públicos.

Energías renovables

Las energías renovables son la fuente de generación de energía más barata para más de dos tercios del mundo debido a que su producción no implica un gasto en combustible y, combinadas con medias de eficiencia energética, pueden traducirse en ahorros sustanciales en las cuentas eléctricas de hogares y negocios e industria, lo que aumenta la competitividad de las empresas. El INEGI ha determinado que las empresas que invierten en energías renovables generan más utilidades y pagan, en promedio nacional, el doble a sus empleados. Además, reducen la contaminación del aire, lo que hace que las personas sean menos vulnerables a enfermedades.

Las energías limpias producen réditos equivalentes a entre 3 y 8 veces la inversión inicial. Una transformación energética costaría 19 billones de dólares más que el enfoque habitual de combustibles fósiles, pero generaría ganancias por un valor de entre 50 billones y 142 billones de dólares para 2050, con lo que el PIB mundial aumentaría en un 2.4% (WRI, 2020).

La Agencia de Cooperación Alemana (GIZ) estima que implementar plenamente los objetivos de la Ley para la Transición Energética acerca de generar el 35% de la energía de México a través de energía limpia, para 2024, y el 50%, para 2050, crearía más de 375 mil empleos directos e indirectos para 2030, y más de un millón para 2050. Bajo un escenario de cero emisiones netas para México, proyecta que se crearían 667 mil empleos para 2030 y casi 2 millones para 2050 (GIZ, 2020).

Eficiencia energética

La eficiencia energética a nivel mundial se ha convertido en una de las formas más rentables y efectivas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. La generación de energía renovable tiene un costo de 30 a 60 dólares por MWh, mientras que la generación de energía fósil tiene un costo de 50 a 170 dólares por MWh (Irena, 2021). Las medidas de eficiencia energética no sólo contribuyen a la reducción de emisiones, sino que generan beneficios económicos y sociales significativos.

El potencial de reducción en el consumo de energía para 2050 podría ser de 41% en industria, 50% en transporte y 35% en el sector de la construcción (CONUEE, 2017). La implementación de medidas de eficiencia energética en la industria podría crear hasta 9 mil empleos directos en sectores que brindan tecnologías y soluciones eficientes, además de mejorar la seguridad energética en todo el País (Gioutsos, 2019).

Economía circular

El sistema económico vigente, sustentado en el modelo lineal de tomar-usar-disponer, ya no es sostenible. El empleo intensivo de recursos naturales ha generado impactos en el entorno en ritmos que sobrepasan la capacidad de los ecosistemas para regenerarlos. A nivel global, la extracción y el procesamiento de los materiales, combustibles y alimentos contribuye con cerca de la mitad (45%) de las emisiones de gases de efecto invernadero, y con más del 90% de la pérdida de biodiversidad y estrés hídrico ​(Oberle B. 2019)​.

Se estima que la implementación global de una economía circular permitiría reducir el 45% de los GEI necesarios para alcanzar la meta de 1.5 °C determinada en el Acuerdo de París (Ellen MacArthur Foundation, 2019), y una recuperación de hasta 4.5 billones de dólares al 2030 de recursos perdidos por prácticas lineales (Accenture Strategy, 2015). 

En el caso de México, la implementación de políticas públicas de circularidad ha sido escasa. Esto, debido principalmente a limitaciones en el marco regulatorio e institucional, así como en capacidades y recursos, aunadas a factores de índole política e insuficiente sensibilización de los consumidores. Sin embargo, la economía circular se plantea como una alternativa viable para cambiar el paradigma que rige en el sistema económico actual.

Ciudades sustentables

El trabajo en las ciudades es central, ya que:

  • En 2030, 80% de la población mexicana vivirá en ciudades (IPCC, 2022).
  • Las ciudades consumen dos tercios de la energía mundial (ONU, 2018).
  • 70% de las emisiones se generan en ellas (WRI 2021).

Si se empieza a actuar hoy, medidas como la descarbonización del transporte, el cambio hacia edificaciones eficientes y el tránsito a una economía circular en las ciudades tienen el potencial de reducir en 34% las emisiones de gases de efecto invernadero para 2030, y en 87% al 2050 (CTU, 2019).

Los gobiernos pueden aprovechar la oportunidad de transición urbana sustentable al:

  • Adoptar medidas técnicamente factibles y disponibles para reducir las emisiones en transporte, edificios y gestión de materiales y residuos.
  • Permitir e impulsar el desarrollo de infraestructura y urbanización resilientes al clima.
  • Implementar medidas de apoyo a las comunidades en condiciones de marginación, con beneficios para las poblaciones más vulnerables.

Descarbonización del transporte

En México, el sector transporte es la segunda fuente de GEI, con 23% de las emisiones totales y el 46% del consumo de energía final. El principal modo que contribuye a estas emisiones es el de vehículos ligeros, que representa 32% de las emisiones, seguido por el transporte pesado de carga (27%), y el transporte medio y ligero de carga (21%).

De no tomar acción, bajo un escenario tendencial de crecimiento del PIB (no mayor al 2% anual), para 2050 la flota de vehículos ligeros se triplicaría, y la participación del transporte privado en el número total de kilómetros recorridos por pasajero pasaría de un 42% a un 58%. En este escenario, las emisiones GEI del transporte casi se duplicarían, pasando de 166 a 317 MtCO2 de 2022 a 2049.

La descarbonización del transporte tiene el potencial de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, disminuir el consumo energético y evitar muertes asociadas con la mala calidad del aire.

Bajo el enfoque evitar-cambiar-mejorar pueden desarrollarse soluciones de alto impacto para fortalecer el diseño e implementación de las contribuciones previstas y determinadas a nivel nacional, y así lograr una efectiva descarbonización del sector transporte en México.

  • Evitar y reducir viajes en transporte motorizado a través de políticas de gestión de la demanda.
  • Cambiar hacia modelos de movilidad más sustentables al invertir en más y mejor transporte público, trenes, modos activos (caminata y bicicleta) y nuevos servicios de movilidad.
  • Mejorar la eficiencia energética a través de tecnologías más eficientes, movilidad eléctrica y fuentes de energía renovables.

Los vehículos eléctricos tienen el potencial de disminuir las emisiones e impulsar la transición energética a través de soluciones de integración a las redes de suministro eléctrico. Una visión integral incluye a las cadenas de suministro y el manejo de baterías.

Edificaciones con cero emisiones de carbono

A nivel mundial, las edificaciones producen casi el 40% de las emisiones de gases de efecto invernadero relacionadas con energía (WRI 2020).

México es el segundo mercado más grande para la construcción en América Latina, y dicho sector espera tener un crecimiento significativo en el País, estimado en 2.6 millones en nuevas unidades residenciales y de 286 mil millones de dólares en inversión total entre 2018 y 2025.

Hoy en día es factible realizar edificaciones “cero carbono” en México, y hay señales prometedoras sobre la adopción más amplia de este modelo. Algunas rutas posibles están relacionadas con la reducción de subsidios regresivos, la expansión de opciones de electrificación, la ampliación de programas de asistencia técnica, la apertura de mercados y el aumento del financiamiento.

Seguridad hídrica y resiliencia

La ubicación geográfica de México hace que esté expuesto al impacto de fenómenos hidrometeorológicos extremos, sequías e inundaciones, y se prevé esto se exacerbe por el cambio climático. La disponibilidad del agua se afectará de manera considerable al modificarse los patrones de temperatura y pluviales; de igual forma, se incrementará la competencia entre usos y usuarios, lo que puede provocar inestabilidad social y económica (UNAM, 2022).

En los escenarios para la climatología del 2030, se estima que la disponibilidad natural del agua disminuirá por el aumento de la temperatura y la evapotranspiración, además de una ligera disminución en la precipitación anual, lo que lleva a una reducción anual de aproximadamente un 10% a la disponibilidad natural de agua con respecto del año 2000. Esto significa un aumento en la demanda de agua en el sector agrícola en un 10%, pues al disminuir la humedad en el suelo (como se proyecta) se tendrá que extraer más agua para riego (FGLEZ, 2011).

Además de los riesgos por cambio climático es importante garantizar el acceso al agua segura, llevar a cabo el saneamiento de las aguas utilizadas y atender las necesidades alimentarias, energéticas y de desarrollo económico del País, lo cual revela un desafío de gran magnitud y, por añadidura, crea los escenarios relacionados a los conflictos por el agua.

Dada la relación entre la disponibilidad de agua de buena calidad y las actividades fundamentales para el desarrollo, el sector hídrico seguirá siendo estratégico para el desarrollo saludable del País (UNAM, 2022), por lo que se presentan varias oportunidades para atender estas problemáticas.

Desde la perspectiva de las ciudades, un elemento fundamental para la seguridad hídrica es mantener la infraestructura y el funcionamiento de las cuencas para seguir disfrutando de los servicios que provee el ciclo hidrológico, y en este tema una política de ordenamiento territorial es clave en la gestión del agua y en la prevención de riesgos (UNAM, 2022).

Otro tema para atender la seguridad hídrica es contar con el rigor técnico, los recursos y las herramientas de medición y monitoreo para tener claridad en el cálculo de los balances hídricos, y por ende en la disponibilidad de agua con el fin de tomar decisiones en su esquema de distribución ante los escenarios de expansión urbana, estrés hídrico por condiciones hidroclimatológicas, demandas crecientes de la industria y el campo y conflictos sociales asociados.

Asimismo, trabajar en la restauración de los servicios ambientales de la cuenca se considera una prioridad, la implementación de SbN e infraestructura verde en adición a la infraestructura gris son mecanismos que pueden contribuir al saneamiento de las cuencas, la recarga de los acuíferos, y la mitigación de impactos relacionados con la ocurrencia cada vez más frecuente de eventos hidro climatológicos extremos, como islas de calor, inundaciones, etc.

Para llevar a cabo estas acciones, es necesario asegurar su financiamiento y su sostenibilidad, para lo cual se requiere formalizar un sistema financiero del agua, previsto en la ley de aguas nacionales, que permita la concurrencia y diversificación de fuentes de financiamiento públicas y privadas y la transparencia en el manejo de los recursos , así como la consolidación de mecanismos tarifarios justos que permitan atender las situación de precariedad ante necesidades de nueva infraestructura gris, verde y azul, así como su operación y mantenimiento.

En todos estos aspectos, es crítico incentivar la innovación jurídica, financiera y tecnológica que permita cambiar la manera en que se toman decisiones relativas a la gestión del agua en las que persiste una tendencia de sobreexplotación y degradación del ciclo hidrológico.

Finalmente, un elemento central para lograr ciudades más sustentables es proporcionar medios de vida alternativos frente a los cambios en los patrones de producción. El consumo y la producción sustentables ofrecen oportunidades para la creación de nuevos empleos verdes, de garantizar el bienestar de las personas al incrementar las ganancias de las actividades económicas, al tiempo que se reduce el uso, la degradación de los recursos y la contaminación. También brindan opciones para adoptar tecnologías más eficientes, ecológicamente viables y competitivas.

Condiciones habilitadoras

  • Marco regulatorio que habilite el surgimiento de los nuevos sectores en la economía, inclusivos y de menor huella ambiental
  • Política económica coherente y alineada a los objetivos
  • Política fiscal que incentive la inversión privada en soluciones de adaptación y mitigación
  • Mejora de procesos de organización y gobernanza
  • Financiamiento
  1. Crear esquemas de financiamiento para la adaptación
  2. Democratizar el financiamiento
  3. Impulsar el financiamiento privado para SbN
  4. Adoptar mecanismos financieros para la sostenibilidad del transporte público
  5. Modernizar la banca de desarrollo nacional