Detrás de la acción climática: lecciones de las ciudades colombianas

El cambio climático está afectando gravemente a las ciudades de todo el mundo. Pero antes de que puedan implementarse medidas para reducir los riesgos climáticos y las emisiones, mucho debe ocurrir en el interior de los gobiernos locales.

Esto incluye coordinar entre dependencias, planificar, movilizar financiamiento y alinear prioridades. En Colombia, estas responsabilidades se distribuyen entre tres niveles de gobierno. El gobierno nacional define el marco de política pública, incluyendo la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés) y la Estrategia Climática de Largo Plazo (E2050). Los departamentos, 32 entidades subnacionales, cumplen un rol intermedio: brindan asistencia técnica, coordinan entre sectores y planifican la acción climática a través de los Planes Integrales de Gestión del Cambio Climático Territoriales (PIGCCT). También pueden asignar acciones específicas a los 1.103 municipios del país. Los municipios son los principales responsables de la implementación, traduciendo los planes en acciones concretas en el territorio.

En la práctica, este sistema multinivel enfrenta una brecha estructural persistente: las responsabilidades que se esperan de los gobiernos locales suelen superar el financiamiento y las capacidades de las que disponen. Un estudio de 2024 de la Federación Nacional de Departamentos encontró que el 94 % de los municipios colombianos reportaron necesitar recursos adicionales tan solo para cumplir con sus responsabilidades actuales.

Cerrar la brecha entre la ambición y la implementación está en el centro del trabajo de WRI a través de la iniciativa CHAMP en Colombia. Durante el último año, WRI ha trabajado de cerca con los gobiernos de cuatro ciudades: Cali, Montería, Armenia y Valledupar, así como con el gobierno nacional, para fortalecer la acción climática multinivel y contribuir a desbloquear la implementación a nivel urbano.

La iniciativa revisó los planes locales de acción climática y otros instrumentos de planificación municipal para identificar su alineación con políticas nacionales, como la NDC y la E2050. También conectó proyectos con financiadores externos. A través de este trabajo, la iniciativa desarrolló un enfoque escalable y generó aprendizajes clave sobre qué impulsa y qué limita la acción climática en las ciudades colombianas.

Estos son algunos de los principales aprendizajes de WRI y las ciudades participantes.

Los planes de acción climática y de ordenamiento territorial pueden impulsar una acción climática multinivel de largo plazo

La legislación colombiana actualmente no exige ni ofrece incentivos claros para que los municipios formulen planes de acción climática (PAC), lo que podría explicar por qué tan pocas ciudades cuentan con uno. Sin embargo, las ciudades que sí los adoptan, como Cali y Montería, pueden beneficiarse de una visión compartida a largo plazo que permite alinear sectores y ciclos políticos. Por ejemplo, Cali encontró que su PAC ayudó a convertir la acción climática en una responsabilidad de todos, especialmente entre las distintas dependencias del gobierno municipal, y no solo de las áreas ambientales. También promovió una mayor participación y corresponsabilidad por parte de la sociedad civil.

Más allá de los PAC, incorporar consideraciones climáticas en los principales instrumentos normativos que orientan las decisiones de inversión local ofrece una oportunidad práctica para los municipios, incluidos aquellos con recursos y capacidades limitadas. Los Planes de Ordenamiento Territorial (POT) tienen un horizonte de 12 años y, aunque normalmente no se consideran instrumentos de política climática, pueden ser herramientas poderosas para impulsar una acción climática de largo plazo, intersectorial y multinivel.

Valledupar está avanzando en esta dirección. El gobierno municipal está utilizando el proceso de revisión del POT para integrar acciones climáticas que contribuyan al cumplimiento de las metas de la NDC y la E2050 de Colombia, en colaboración con los ministerios de Ambiente y de Vivienda.

"A veces existe la percepción errónea de que la implementación de los objetivos climáticos presentados a nivel internacional es una tarea exclusiva del gobierno nacional y que no puede convertirse también en una iniciativa local. Nuestro POT no cuenta [actualmente] con una visión ni una política clara en materia de acción climática. Queremos añadir un componente sólido relacionado con ello", afirmó Jhan Pérez, ingeniero en la Oficina de Planeación Municipal de Valledupar.

En la práctica, los gobiernos municipales solo pueden asegurar financiamiento municipal y apoyo interno para implementar proyectos relacionados con el clima cuando estos están incluidos en los planes de desarrollo local. Estos planes tienen un horizonte de cuatro años y constituyen un instrumento habilitante clave para la acción climática municipal. La experiencia de WRI con las ciudades participantes muestra que integrar proyectos de acción climática provenientes de los PAC, los POT y los planes sectoriales en los planes de desarrollo es un paso necesario que aumenta significativamente las posibilidades de implementación de dichos proyectos.

Incorporar la acción climática multinivel en los planes municipales y en proyectos prioritarios es un primer paso, pero también se requiere una acción más ambiciosa

Convertir en realidad la acción climática planteada en los planes municipales requiere que los equipos de los gobiernos locales traduzcan las medidas propuestas en proyectos con objetivos claros, etapas, costos, cronogramas, mecanismos de seguimiento y beneficios esperados para la sociedad.

El trabajo de WRI también se enfocó en ayudar a las ciudades participantes a identificar proyectos prioritarios con beneficios climáticos potenciales y en apoyar a sus equipos para fortalecer su bancabilidad y su impacto climático.

Un hallazgo que sorprendió a los gobiernos municipales fue que la acción climática puede generar resultados rápidos. Muchos de los proyectos identificados ya estaban contribuyendo a la adaptación climática local, la mitigación de gases de efecto invernadero (GEI) y las metas de la NDC de Colombia, como el Jardín Botánico de Montería, pero no habían sido formulados ni evaluados desde una perspectiva climática. En otros casos, ajustes puntuales a proyectos prioritarios, como incorporar soluciones basadas en la naturaleza en parques ubicados en zonas propensas a inundaciones o incluir paneles solares en nuevas edificaciones, generaron beneficios adicionales de adaptación y mitigación, y contribuyeron al cumplimiento de la NDC de Colombia.

“Un proyecto puede no ser sobre cambio climático, pero puede adaptarse para apoyar este objetivo. No siempre es obvio, pero involucrar a diferentes departamentos puede revelar oportunidades”, dijo Aura María Bustillo, lideresa de Asuntos Internacionales y Cooperación en el Departamento Administrativo de Gestión del Medio Ambiente (DAGMA) de Cali.

Si bien es posible lograr resultados rápidos, avanzar en la acción climática requiere esfuerzos más ambiciosos por parte de los municipios. Esto incluye introducir nuevas medidas y repensar las existentes, especialmente aquellas que contribuyen a altas emisiones de GEI o a la vulnerabilidad de la población. También es fundamental contar con un grupo interno intersectorial y conformado por distintas dependencias para diseñar acciones de alto impacto que tengan la respuesta climática en el centro.

Atraer financiadores requiere detalles técnicos, evaluaciones de impacto climático y planificación financiera. Sin embargo, los municipios suelen carecer de los recursos y capacidades necesarios para producirlos

En algunos casos, los presupuestos municipales y las transferencias nacionales cubren solo una parte del costo de los proyectos relacionados con el clima, lo que exige que las ciudades busquen financiamiento adicional de bancos y fondos nacionales, bancos multilaterales de desarrollo o agencias de cooperación internacional, ya sea mediante donaciones o préstamos.

En una fase posterior de la iniciativa, WRI conectó proyectos prioritarios con potenciales financiadores externos. El análisis y la retroalimentación recibida por parte de financiadores durante reuniones de articulación revelaron varias brechas comunes:

Primero, los proyectos suelen carecer de una demostración clara de sus impactos climáticos esperados. Los bancos y financiadores con enfoque climático normalmente requieren estimaciones cuantificadas, como las emisiones de GEI evitadas o indicadores de reducción de la vulnerabilidad y de aumento de la resiliencia. Muchas ciudades no cuentan con la experiencia técnica ni con la capacidad de personal necesaria para cuantificar estos indicadores y elaborar las evaluaciones requeridas.

Segundo, muchas iniciativas cuentan con una planificación inicial, pero aún carecen de estudios de factibilidad, diseños técnicos, hojas de ruta de implementación y evaluaciones sólidas de riesgos, especialmente en el caso de proyectos de infraestructura. Esto genera incertidumbre frente a los costos, cronogramas y riesgos, lo que lleva a los inversionistas a actuar con cautela. Fortalecer el trabajo técnico en etapas tempranas es clave para convertir ideas en proyectos financiables y listos para su implementación.

Tercero, muchos proyectos carecen de una planificación financiera sólida. Aunque con frecuencia se identifican las necesidades de inversión, suelen faltar análisis detallados de costos y de estrategias de financiamiento. Sin una estrategia clara para garantizar la sostenibilidad financiera a largo plazo, los proyectos resultan menos atractivos para potenciales financiadores. Fortalecer la estructuración financiera temprana mediante estimaciones detalladas de costos, combinaciones de fuentes de financiamiento, análisis de riesgos financieros y modelos de implementación es esencial para que los proyectos sean bancables y estén listos para su implementación.

La necesidad de contar con estas evaluaciones, estudios y análisis financieros no siempre está bien comprendida por los gobiernos municipales, lo que convierte el fortalecimiento de las capacidades del personal en una necesidad crítica. La información, la presentación de los proyectos y el lenguaje utilizados para acceder a financiamiento nacional difieren significativamente de lo que los financiadores externos esperan y requieren. Esto demanda capacidades y conocimientos técnicos que los gobiernos locales suelen tener dificultades para movilizar.

“Nos dimos cuenta de que a veces necesitamos elaborar un proyecto que busque recursos para realizar las mediciones y cuantificaciones necesarias para nuestro proyecto inicial, para que posteriormente pueda solicitar financiación”, sostuvo Marcela Villa González, quien se desempeña como líderesa de Riesgo y Cambio Climático en el DAGMA de Cali.

Los municipios son fundamentales para hacer realidad la acción climática multinivel

El trabajo de WRI con gobiernos nacionales y subnacionales en Colombia demostró que existen tanto voluntad política como oportunidades para consolidar la acción climática multinivel en la planificación y en los proyectos municipales. Las experiencias de Cali, Montería, Armenia y Valledupar muestran que la coordinación dentro de las instituciones públicas y entre ellas puede acelerar la acción climática multinivel y apoyar la implementación de la NDC y de la E2050 de Colombia. Esto puede traducirse en medidas más concretas que reduzcan las emisiones y ayuden a las ciudades y a sus habitantes a adaptarse al cambio climático.

WRI continuará apoyando a las ciudades colombianas y al gobierno nacional durante los próximos tres años para avanzar en los objetivos de CHAMP. Acelerar los procesos internos y los flujos de financiamiento que ocurren tras bambalinas es un paso crucial para asegurar que las ciudades, las personas y la naturaleza en Colombia sigan prosperando.

Este blog fue publicado originalmente en WRI.org el 22 de junio de 2026.