Todo lo que hay que saber sobre el nuevo Plan Climático 2035 de Colombia
El centro de gravedad del progreso climático está cambiando. En creciente medida, los países que impulsan la transición climática mundial son aquellos que menos han contribuido a las emisiones históricas, pero que se encuentran entre los más vulnerables a los efectos del clima. Las economías emergentes están demostrando que la acción climática no solo es un imperativo moral, sino también un camino hacia la competitividad, la resiliencia y el crecimiento económico. Colombia es un ejemplo de este movimiento: un país que, a pesar de representar solo el 0,59 % de las emisiones mundiales, ha optado sistemáticamente por liderar ese camino.
Este liderazgo se destaca en un momento en el que la ambición colectiva no logra seguir el ritmo de la urgencia de la crisis climática. El año 2025 iba a ser crucial para la acción climática ya que los países debían presentar nuevos planes climáticos, conocidos como las contribuciones determinadas a nivel nacional (NDC, por sus siglas en inglés), que establecen objetivos de reducción de emisiones y de adaptación al clima para la próxima década. A finales de ese año, 125 países presentaron nuevas NDC. Si bien esto supone un avance, la ambición conjunta de estos compromisos sigue siendo insuficiente para mantener el mundo dentro de los umbrales críticos de calentamiento.
Históricamente, las NDC de Colombia han sido algunas de las más ambiciosas de América Latina y el Caribe. En su primera NDC, presentada en 2015, el país se comprometió a reducir para 2030 las emisiones de gases de efecto invernadero en toda la economía en un 20 % por debajo del escenario de referencia (business-as-usual o BAU), o hasta en un 30 % con apoyo internacional. En 2020, Colombia incrementó su ambición y elevó su objetivo para 2030 a una reducción de emisiones del 51 % por debajo del BAU.
Cinco años después, en 2025, Colombia presentó su NDC actualizada, en la que estableció como objetivo para 2035 un límite absoluto de emisiones. Bajo este enfoque, el país se compromete a limitar sus emisiones en 2035 a entre 155 y 161 millones de toneladas de dióxido de carbono equivalente. Cabe destacar que este límite para 2035 es inferior al límite de emisiones para 2030 estipulado en la anterior NDC, lo que señala una trayectoria descendente de emisiones, coherente con el objetivo del país de alcanzar emisiones netas cero para 2050.
Dado que la meta se formula como un límite absoluto (sin un porcentaje equivalente de reducción respecto a un escenario BAU proyectado), no puede expresarse directamente como un único porcentaje de reducción, como ocurría en ciclos anteriores de las NDC. El primer Informe Bienal de Transparencia de Colombia incluye proyecciones de emisiones solo hasta 2030 y señala que el país aún está fortaleciendo la capacidad técnica para extender la modelación hasta 2035 y 2050, con proyecciones actualizadas que se esperan incluir en su segundo Informe de Transparencia en 2026.
La nueva NDC también incluye un componente de adaptación en torno a un objetivo a largo plazo: reducir el riesgo y los impactos socioeconómicos asociados a la variabilidad y al cambio climático. Está estructurado en ocho dimensiones territoriales: biodiversidad y servicios ecosistémicos, recursos hídricos, seguridad alimentaria y producción agropecuaria, salud humana, hábitat humano, infraestructura, riesgo de desastres y patrimonio cultural, bajo el marco del Sistema Integrador de Información sobre Vulnerabilidad, Riesgo y Adaptación al Cambio Climático (SIIVRA), lo que ayuda a garantizar que las acciones sean medibles y rastreables a lo largo del tiempo.
Así mismo, la NDC de Colombia también establece con claridad las necesidades de apoyo para implementar su componente de adaptación, reconociendo que los recursos nacionales, por sí solos, son insuficientes para alcanzar sus objetivos de resiliencia. Identifica cuatro necesidades: financiación, transferencia de tecnología, desarrollo de capacidades, y planificación y gobernanza. Destaca, por ejemplo, un déficit de financiación estimado en torno al 0,13 % del PIB de Colombia al año (aproximadamente 2 billones de pesos anuales en 2020) para cumplir los objetivos de adaptación para 2030, así como la necesidad de reforzar la capacidad técnica y operativa en todos los niveles de gobierno para planificar, aplicar y supervisar eficazmente las medidas de adaptación.
La NDC hace un llamado al apoyo internacional, especialmente en materia de financiación, desarrollo de capacidades y transferencia de tecnología, y pone énfasis en la necesidad de consolidar el SIIVRA como herramienta de seguimiento. También hace un balance del Plan Nacional de Adaptación de Colombia, señalando que una evaluación realizada en 2025 concluyó que este Plan (publicado en 2012) contribuyó a generar conocimientos, pero tuvo un impacto limitado en el cambio estructural ya que los avances se concentraron principalmente en diagnósticos y proyectos piloto. En consecuencia, la NDC subraya la necesidad de apoyo técnico y financiero para actualizar el Plan Nacional de Adaptación y convertirlo en un marco más sólido con objetivos verificables alineados con la NDC y la estrategia climática a largo plazo.
Se destaca además que la NDC incluye una narrativa sobre pérdidas y daños, reconociendo que algunos impactos climáticos ya son graves y, en algunos casos, irreversibles. Estima que las pérdidas económicas anuales derivadas de los fenómenos climáticos ascienden a 4,03 billones de pesos colombianos. También destaca la movilización interna de personas como un impacto no económico importante, reconociéndolo como una consecuencia cada vez más visible de las inundaciones, las sequías y otros desastres. Solo en 2023, Colombia registró 351.000 nuevos desplazamientos internos relacionados con fenómenos climáticos. En respuesta a ello, el país propone desarrollar un Marco Nacional de Pérdidas y Daños para coordinar mejor la acción sectorial y la financiación, al tiempo que busca movilizar apoyo a través del Fondo Internacional de Respuesta a las Pérdidas y Daños, establecido en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2023 (COP28).
Si bien la nueva NDC de Colombia abarca una amplia gama de sectores, hay tres en particular que merecen especial atención: los bosques, la energía y las ciudades. El cambio en el uso del suelo y la energía son las principales fuentes de emisiones en Colombia, mientras que el sector energético se encuentra en el centro de la transición climática, en medio de la dependencia continua de los combustibles fósiles. Dado que la mayoría de los colombianos viven en zonas urbanas cada vez más vulnerables, las ciudades son fundamentales tanto para la mitigación como para la adaptación al cambio climático. En conjunto, estas tres áreas ofrecen información valiosa no solo sobre el camino de Colombia hacia 2035, sino también para otros países que se enfrentan a retos similares.
1. La naturaleza en el centro de la ambición climática
En su última NDC, Colombia aumenta su ambición en materia de bosques y biodiversidad, en el marco de la “Paz con la Naturaleza” y de un enfoque de protección biocultural. El país es reconocido como uno de los más megadiversos del mundo ya que alberga casi el 10 % de la biodiversidad mundial, incluidas alrededor de 67.000 especies.
Los bosques de Colombia cubren aproximadamente 59,7 millones de hectáreas, lo que representa el 52,3 % del territorio terrestre nacional. La Amazonía ocupa aproximadamente dos tercios de esta superficie. Sin embargo, la deforestación sigue siendo un reto importante: entre 2002 y 2024, Colombia perdió aproximadamente 2,1 millones de hectáreas de bosque húmedo primario, debido principalmente a la expansión agrícola (en particular, la ganadería extensiva), los cultivos ilícitos y el acaparamiento de tierras.
El país reafirma su compromiso de combatir la deforestación, estableciendo un objetivo para 2030 de reducir la tasa anual de deforestación a 50.000 hectáreas y un objetivo más ambicioso para 2035 de limitarla entre 37.500 y 49.999 hectáreas al año. Igualmente, Colombia se compromete con el objetivo global 30x30, que tiene como meta proteger al menos el 30 % de su territorio continental y marino para 2030.
La NDC también posiciona al bioma amazónico como un pilar estratégico para la estabilidad climática nacional y regional, dado su papel esencial en la estabilización de los patrones climáticos regionales, la captura y el almacenamiento de grandes volúmenes de carbono y el mantenimiento de la conectividad de los ecosistemas en todo el sistema Andes-Amazonas-Orinoquía. Para lograrlo, la NDC tiene como objetivo impedir nuevas exploraciones mineras y de hidrocarburos en la región, preservando así su integridad ecológica. Es importante destacar que reconoce los territorios indígenas como espacios fundamentales para la acción climática y, por primera vez, incluye medidas específicas, desarrolladas en colaboración con los pueblos indígenas, para proteger la biodiversidad, basadas en los sistemas de conocimiento tradicionales.
Más allá de la NDC, Colombia ha tomado recientemente medidas para fortalecer el autogobierno indígena en la Amazonía, incluida la formalización de las primeras Entidades Territoriales Indígenas del país en la Amazonía colombiana oriental. Esto reconoce a los gobiernos indígenas como órganos de gobierno legítimos con mayores responsabilidades en la gestión territorial y medioambiental.
La NDC también incluye medidas para gestionar los ecosistemas de carbono azul (manglares, marismas y pastos marinos). Estos ecosistemas almacenan y capturan carbono a tasas muy elevadas por unidad de superficie, al tiempo que sustentan la pesca y los medios de vida costeros, fortalecen el ecoturismo y mejoran la calidad del agua. Colombia cuenta con aproximadamente 285.000 hectáreas de manglares a lo largo de sus costas del Caribe y del Pacífico. A pesar de su potencial de mitigación, en el NDC los manglares solo se reflejan en el componente de adaptación, con medidas centradas, en gran medida, en el fortalecimiento de la gestión y en la integración de la adaptación basada en los ecosistemas en las áreas marinas y costeras protegidas, en lugar de establecer objetivos explícitos de restauración o de reducción de la deforestación.
Es alentador que Colombia esté trabajando para fortalecer la base técnica para integrar el carbono azul en su marco de mitigación, comenzando por calcular el potencial de mitigación de los manglares y los pastos marinos. Ampliar el monitoreo para captar mejor la dinámica del carbono costero y marino podría ayudar a aprovechar todo el potencial climático de estos ecosistemas.
2. Navegando hacia una transición justa lejos de los combustibles fósiles
Aunque Colombia tiene una matriz eléctrica relativamente limpia, en donde la energía hidroeléctrica representa casi el 60 % de la generación total de electricidad en 2024, su sector energético es la segunda mayor fuente de emisiones de gases de efecto invernadero del país con el 31,5 % de las emisiones totales registradas en 2022. Esto está estrechamente relacionado con la dependencia económica que el país ha tenido durante mucho tiempo de la extracción de combustibles fósiles, que históricamente ha sido un pilar de la economía nacional y una fuente importante de ingresos por exportaciones. Al mismo tiempo, Colombia sigue dependiendo de los combustibles fósiles en todos los sectores de uso final, en particular en el transporte, la industria y los hogares, lo que pone de relieve la necesidad de acelerar la electrificación y la mejora de la eficiencia energética más allá del sector eléctrico.
Mientras tanto, la fuerte dependencia de Colombia de la energía hidroeléctrica hace que su sistema eléctrico sea muy vulnerable a los efectos del cambio climático. En 2024, el 35,7 % de la generación de electricidad procedía de combustibles fósiles, una proporción ya significativa que puede aumentar aún más durante los periodos de sequía. Durante los episodios de El Niño, la reducción de la disponibilidad de agua obliga a incrementar la dependencia de las centrales térmicas de carbón y de gas, lo que provoca fuertes picos de emisiones. Para hacer frente a esta vulnerabilidad, la NDC de Colombia da prioridad a la rápida expansión de las fuentes de energía renovable, incluidas la solar y la eólica.
Estos esfuerzos se complementan con el fortalecimiento de comunidades energéticas que permiten a las comunidades locales, rurales y étnicas generar y gestionar su propia energía limpia, así como con compromisos para modernizar la red eléctrica tanto en la red nacional como en zonas no interconectadas. Del mismo modo, la NDC incluye medidas de eficiencia energética para reducir las emisiones sin comprometer la fiabilidad del servicio eléctrico. También promueve medidas relacionadas con la demanda, como tarifas por hora destinadas a desplazar el consumo eléctrico fuera de las horas pico, cuando la generación térmica intensiva en carbono es más intensa.
Por último, para abordar la dependencia económica de los combustibles fósiles Colombia se ha comprometido a suspender la firma de nuevos contratos de exploración de hidrocarburos. La NDC establece que, para 2029, el país publicará una hoja de ruta definitiva para abandonar los combustibles fósiles, en la que se describirán las transiciones técnicas, fiscales y laborales necesarias para eliminarlos de la matriz energética nacional. Este proceso va acompañado del desmantelamiento progresivo de los subsidios a los combustibles fósiles, junto a la aplicación de una estrategia de transición laboral justa para proporcionar protección social y crear nuevas oportunidades de empleo verde para los trabajadores que actualmente laboran en los sectores del carbón y del petróleo.
Colombia también ha manifestado internacionalmente su compromiso de acelerar la transición global para abandonar los combustibles fósiles. El país ha respaldado el Tratado de No Proliferación de Combustibles Fósiles, convirtiéndose no solo en el primer Estado de América Latina en unirse a este bloque, sino también en el mayor productor de combustibles fósiles que hasta la fecha respalda la propuesta. En abril de 2026, los gobiernos de Colombia y los Países Bajos acogerán conjuntamente la primera Conferencia Internacional sobre la Transición Justa para Abandonar los Combustibles Fósiles. El anuncio se produjo en un momento político crítico, ya que el texto de la decisión final de la COP30 de 2025 no incluía ninguna referencia explícita a los combustibles fósiles, a pesar de los fuertes llamados de los países para que se elaborara una hoja de ruta mundial que guiara una transición justa para abandonarlos. La Conferencia tiene por objeto ayudar a la Presidencia de la COP30 a elaborar sus propias hojas de ruta para la transición.
A pesar de estos compromisos, la realidad política y económica de la transición energética en Colombia sigue siendo compleja e incierta. El petróleo y el carbón siguen representando aproximadamente la mitad de los ingresos por exportaciones del país, lo que pone de relieve la dependencia estructural del país de los combustibles fósiles. Además, la decisión de suspender los nuevos contratos de exploración de hidrocarburos ha tenido repercusiones a corto plazo en la seguridad energética: una escasez de gas a finales de 2025 obligó a Colombia a comenzar a importar gas natural licuado para satisfacer la demanda doméstica e industrial, lo que incrementó los costos energéticos y expuso el sistema a la volatilidad de los precios internacionales.
La dinámica política seguirá determinando las perspectivas de la transición energética. Con las elecciones al Congreso previstas para marzo de 2026 y las presidenciales para mayo de 2026 (en su primera vuelta), las decisiones que tomen los nuevos dirigentes serán decisivas para determinar si la transición energética de Colombia sigue una trayectoria acelerada o se decanta por una más lenta y conservadora. El debate público actual incluye propuestas que darían mayor importancia al petróleo y al gas en la matriz energética nacional, mientras que otras priorizan una diversificación más rápida. Bajo este contexto, los resultados de las elecciones marcarán el camino del país frente a sus compromisos de largo plazo con una transición justa que se aleje de los combustibles fósiles.
3. Cómo las ciudades están impulsando la transición climática
En Colombia, en donde más del 76 % de la población reside en zonas urbanas, las ciudades se han convertido en laboratorios clave para la acción climática, desarrollando respuestas innovadoras a los riesgos climáticos que han inspirado y servido de base para las mejores prácticas a nivel mundial. En Barranquilla, el programa Todos al Parque ha transformado el espacio público garantizando que el 93 % de los hogares tengan acceso a un espacio público verde a menos de ocho minutos a pie. En Medellín, la implementación de corredores verdes ha contribuido a una reducción de hasta dos grados en las temperaturas urbanas medias.
Mientras tanto, Bogotá ha promovido la movilidad urbana centrada en las personas a través de la iniciativa Barrios Vitales al introducir zonas prioritarias para peatones y reasignar el espacio vial de los automóviles al transporte activo. En el barrio de San Felipe, en Bogotá, estas intervenciones dieron lugar a un aumento del 81 % en el uso del transporte público y del 82 % en el de bicicletas y patinetas. Tras su implementación, la proporción de desplazamientos a pie aumentó del 16 % al 21 %, lo que contribuyó a reducir el volumen de tráfico y a mejorar la calidad del aire, con una disminución inicial del 13 % en las concentraciones de PM2.5.
Reconociendo el papel de las ciudades en la implementación de medidas climáticas, Colombia respaldó la Coalición para Alianzas Multinivel de Alta Ambición (CHAMP, por sus siglas en inglés) para la Acción Climática. Esta iniciativa global busca integrar a los gobiernos subnacionales en el diseño de nuevos NDC y fortalecer la inclusión de contenido subnacional en los planes climáticos nacionales. A través de CHAMP, Colombia desarrolló su NDC para 2025 con la participación activa de ciudades y comunidades, comprometiéndose a incluir formalmente a los gobiernos subnacionales tanto en los procesos de planificación climática como en la implementación de medidas de mitigación y adaptación. Como resultado, la NDC actualizada incorpora un conjunto de medidas urbanas concretas de mitigación y adaptación.
Para 2030, el país aspira a contar con 600.000 vehículos eléctricos, incluidos los taxis, el transporte público de pasajeros, los vehículos ligeros, los camiones ligeros y las flotas oficiales del Gobierno. Para alcanzar este objetivo, será necesario desplegar a gran escala infraestructuras de recarga en las principales ciudades, municipios intermedios y corredores logísticos clave, así como incorporar objetivos de movilidad eléctrica en los planes de desarrollo subnacionales. Asimismo, Colombia se compromete a aumentar la cuota modal del transporte activo en un 5,5 % en las ciudades participantes, promoviendo los desplazamientos a pie y en bicicleta.
La NDC promueve la descarbonización del sector de la construcción mediante la reducción del consumo de gas natural y de electricidad en los nuevos edificios residenciales y comerciales. Como complemento a estos esfuerzos, promueve la adopción de distritos térmicos como solución centralizada para la refrigeración urbana, sustituyendo los ineficientes sistemas de aire acondicionado individuales por alternativas con menores emisiones. El país ha establecido hitos claros para esta medida, con el objetivo de implementar ocho distritos térmicos en varias ciudades para el año 2030, 12 distritos acumulados para el 2035, y 15 distritos en todo el país para el 2040, con un potencial de mitigación cada vez mayor a lo largo del tiempo.
La NDC de Colombia también incluye un compromiso específico para reducir las emisiones de carbono negro, reconociendo su doble función como contaminante climático de corta duración y como uno de los principales contribuyentes a la contaminación atmosférica en las zonas urbanas. El país se ha fijado el objetivo de reducir las emisiones de carbono negro en un 40 % para 2030 en comparación con los niveles de 2014, lo que equivale a una reducción estimada de aproximadamente 6.130 toneladas métricas. Para el 2035, Colombia pretende reducir las emisiones de carbono negro entre 6.130 y 8.873 toneladas métricas en comparación con las del año 2014, excluyendo las procedentes de incendios forestales.
Los años decisivos que se avecinan
De cara al futuro, la trayectoria climática de Colombia estará determinada de manera decisiva por las decisiones políticas internas. La dirección que tome la próxima administración será crucial para determinar si las ambiciones climáticas del país se mantienen, se implementan, se ralentizan o se revierten. Los próximos cuatro años serán particularmente decisivos ya que coinciden con el plazo de implementación de la NDC para cumplir los objetivos establecidos para el 2030 en todos los sectores, incluidos los destacados en este análisis.
En última instancia, si Colombia desea mantener su papel de líder internacional en la acción climática, especialmente entre las economías emergentes, su capacidad para cumplir los compromisos establecidos en su NDC será una prueba clave de su credibilidad.