Comunidades Energéticas en Colombia: Historias de éxito, desafíos y aprendizajes en el marco de la Transición Energética Justa

Este artículo es el segundo de una serie de tres que exploran la transición justa de Colombia hacía una sociedad más sostenible y resiliente al cambio climático. El primer artículo presentó el concepto de transición justa, así como sus avances en Colombia. Este segundo artículo explora el programa de comunidades energéticas y aborda sus retos y oportunidades como estrategia de transición energética justa. El último artículo describe las transformaciones que plantea la Estrategia Climática de Largo Plazo de Colombia E2050. Esta serie compila las reflexiones y los resultados del trabajo que adelanta el programa de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia desde el 2023. 

Con el objetivo de cumplir con los compromisos climáticos de reducir el 51% de sus emisiones para 2030 y alcanzar la carbono neutralidad al 2050, Colombia, ha definido una hoja de ruta para reducir la dependencia de combustibles fósiles y la diversificación de la matriz energética. El país ha reconocido que este proceso, clave en la lucha contra el cambio climático, no puede dejar a nadie atrás. Así que ha integrado dimensiones de justicia y equidad para garantizar que la transición hacia fuentes de energía sostenibles no afecte negativamente a los trabajadores que dejan las industrias de producción energética con altas emisiones de carbono ni a las comunidades, particularmente aquellas más vulnerables. 

Una de las estrategias clave para lograr esto es la democratización energética, la cual busca garantizar el acceso equitativo a la energía mediante un modelo energético renovable, participativo e inclusivo. Para esto el Plan Nacional de Desarrollo  del Gobierno de Colombia (2022-2026) establece la creación del programa de Comunidades Energéticas (CE). Este tiene el objetivo de que las comunidades participen en la prestación del servicio de energía en sus territorios, a través de la autogeneración, los recursos energéticos distribuidos y la gestión de la demanda. 
 

Para octubre de 2024, ya operaban 100 comunidades energéticas en todo el territorio nacional. Este artículo busca ilustrar cómo ha sido la implementación de comunidades energéticas en Colombia, así como las oportunidades para replicar y escalar esta iniciativa en el país, y los retos que enfrenta. La información presentada se basa en entrevistas semiestructuradas realizadas por el equipo de Clima, Economía y Finanzas de WRI Colombia a diversos actores, con el fin de conocer las experiencias de cuatro comunidades ubicadas en cuatro distintas regiones del país.
 

Mingueo, La Guajira 

Este corregimiento en la Región Caribe Colombiana cuenta con una diversidad étnica que incluye comunidades indígenas y afrodescendientes. Aquí, la comunidad cuenta con un sistema solar fotovoltaico compuesto por 12 paneles solares instalados en la sede de la Junta de Acción Comunal del barrio 7 de Junio. Este proyecto piloto, iniciado en noviembre de 2023, es una iniciativa colaborativa liderada por POLEN Transiciones Justas y EOLOS, en conjunto con el Ministerio de Minas y Energía, la Universidad de La Guajira y la propia comunidad. Su objetivo es brindar acceso a energía en un territorio marcado por una alta inseguridad energética, con un servicio inestable y de alto costo.

Además, en este espacio opera un taller donde se transforman motores de motocicletas de gasolina a eléctricos, así como funciona una estación de carga para las motos eléctricas en uso actual por la comunidad. Esto dado que el transporte es un sector clave en la economía local. 
 

Islas Múcura y Santa Cruz del Islote, Cartagena, Bolívar

En el Archipiélago de San Bernardo en la Región Caribe, se localizan las islas Múcura y Santa Cruz del Islote. Esta última, conocida como la “isla más poblada del mundo”. Este archipiélago forma parte del Parque Nacional Natural Corales del Rosario y San Bernardo, un área protegida desde 1977 que alberga la plataforma coralina más extensa del Caribe continental colombiano.

Las comunidades de estas islas, que están organizadas bajo el Consejo Comunitario de Comunidades Negras, cuentan con un sistema de electrificación rural desarrollado por el Instituto de Planificación y Promoción de Soluciones Energéticas para Zonas No Interconectadas (IPSE). Su propósito es garantizar el acceso a la energía como un servicio básico para las comunidades afrocolombianas de las islas.

En estas comunidades funciona un sistema híbrido que usa paneles solares y plantas de diésel para la producción de electricidad. La seguridad energética juega un papel fundamental para el turismo, dado que es la principal actividad económica del territorio. Sin embargo, actualmente el sistema enfrenta problemas operativos debido a la falta de mantenimiento por parte del operador. Se han reportado fallas en las baterías e inversores del sistema solar, así como la ausencia de mantenimiento preventivo en las plantas diésel, lo que afecta la estabilidad del servicio energético.

Archipiélago de La Plata, Buenaventura, Valle del Cauca

Este archipiélago ubicado dentro del Parque Nacional Natural Uramba Bahía Málaga en el Pacífico Colombiano, tiene una gran relevancia ecosistémica, ya que es una zona de crianza de ballenatos de la ballena jorobada y una de las principales áreas de reproducción de la especie en el Pacífico colombiano. 

Aquí la comunidad desarrolla una iniciativa de autogeneración de energía liderada por el Consejo Comunitario de La Plata – Bahía Málaga. Se trata de una minirred híbrida (solar-diésel) que permitirá a las cuatro comunidades del archipiélago de la Plata, Mangaña, Miramar y La Sierpe contar con energía las 24 horas del día. Actualmente, estas comunidades solo tienen acceso a 4 horas de electricidad diarias (de 6:00 p.m. a 10:30 p.m.), mediante el uso de plantas diésel administradas por la comunidad. 

El diseño de la minirred contó con la participación del Consejo Comunitario y el apoyo de la Universidad del Valle y del Instituto Global para el Crecimiento Verde (GGGI). Su financiamiento e implementación están a cargo del Fondo de Energías no Convencionales y Gestión Eficiente de la Energía (FENOGE), en articulación con una empresa privada, HD Ingeniería y Construcciones S.A.S.

Natagaima, Tolima

En este municipio de la Región Andina, ubicado en la cordillera central, a orillas del río Magdalena, principal afluente del país que junto con el río Cauca conforman la macrocuenca Magdalena-Cauca, un eje socioambiental clave para Colombia, con una enorme diversidad ecosistémica, social, cultural y económica, se  localiza el resguardo indígena de Tamilco, el cual lidera una iniciativa de autogeneración de energía con el respaldo del Grupo Semillas. El sistema solar fotovoltaico instalado en la comunidad se utiliza para abastecer de energía a una piscícola comunitaria y para el alumbrado del área social donde se desarrolla parte de la actividad productiva para la limpieza y refrigeración del pescado. Este espacio también es el punto de encuentro para la toma de decisiones comunitarias sobre la gestión de territorio.

El sistema instalado permite acceder a energía para el bombeo de agua desde un aljibe, fundamental para la limpieza de los peces. Además, cuenta con luminarias fotovoltaicas instaladas en los estanques de cría para ahuyentar a los depredadores naturales. Asimismo, provee la energía necesaria para el sistema de refrigeración que garantiza el almacenamiento adecuado del pescado, destinado tanto a la venta como al autoconsumo.

Principales barreras y oportunidades comunes de las Comunidades Energéticas 

Los principales desafíos identificados por las comunidades visitadas se pueden agrupar en tres temas: capacitación y conocimiento, acceso a financiamiento y barreras instruccionales y normativas. 

• Capacitación y conocimiento: Aunque el Gobierno Nacional ha brindado acompañamiento para fortalecer las capacidades de las comunidades para operar los sistemas, algunas comunidades mencionaron que el período de formación ha sido de tan solo tres meses, tiempo que las comunidades consideran insuficiente para comprender las complejidades del sistema y su operación.
• Además, garantizar el sostenimiento de estas iniciativas requiere una educación integral que capacite a las comunidades en la gestión y mantenimiento de los proyectos energéticos. Este proceso debe ir más allá de la alfabetización energética y del manejo administrativo de la solución energética, sino que debe integrar en la formación temas transversales como gobernanza, empoderamiento de la mujer rural, gestión del cambio climático y gestión sostenible de la biodiversidad.
• Acceso a financiamiento: Las comunidades identificaron que el acceso a recursos de financiamiento para la implementación de proyectos comunitarios de energías renovables es aún hoy una limitante. En las comunidades visitadas, la articulación con entidades gubernamentales y no gubernamentales ha sido clave para obtener recursos iniciales para los proyectos energéticos, pero sigue siendo necesario garantizar fondos para la operación y el mantenimiento de las soluciones energéticas con una visión a largo plazo.
• Un ejemplo exitoso de financiamiento comunitario se encuentra en Natagaima, donde el Resguardo Indígena de Tamilco, junto con otros resguardos de la zona, han implementado dos fondos solidarios: el Fondo Rotatorio y el Fondo de Ahorro Particular. Estos son gestionados por una cooperativa financiera creada por la propia comunidad. En este modelo, el 5 % de las ganancias por la venta de pescado se destina a estos fondos, que financian el mantenimiento del sistema fotovoltaico y proporcionan una línea de crédito directa para los asociados de la cooperativa. Este modelo que refuerza la economía social y solidaria a nivel local tiene sin embargo un alcance limitado.
• Barreras interinstitucionales: Las comunidades energéticas requieren la articulación de diferentes niveles de gobierno (local, regional y nacional), así como un marco normativo y de política pública claro que facilite la coordinación territorial para la implementación de estos proyectos. Las comunidades mencionaron que hay una falta de comunicación efectiva entre las gobernaciones y alcaldías y entre ellas con las comunidades, lo que dificulta el desarrollo de los proyectos energéticos en territorio, esto en articulación con los planes de desarrollo municipales y departamentales en curso. También existe poca claridad sobre las competencias de diferentes entidades públicas, especialmente en sectores que pueden parecer contrapuestos, como el energético y el ambiental. Esta falta de articulación afecta la ejecución de los proyectos y genera conflictos en torno a aspectos clave, como el tipo de energía a producir, los beneficiarios y los impactos a largo plazo en el entorno comunitario.
• En las áreas marítimas protegidas del Caribe y Pacífico Colombiano, por ejemplo, se ha evidenciado la falta de consenso entre autoridades ambientales, Parques Nacionales Naturales, Corporaciones Autónomas Regionales, la Dirección General Marítima (DIMAR) y las comunidades. Esta situación puede retrasar la implementación de los proyectos y desincentivar la participación de inversionistas y desarrolladores.
   

Respecto a las oportunidades, las comunidades visitadas identifican al menos 3: empoderamiento local, desarrollo sostenible y resiliencia climática a largo plazo. 

• Empoderamiento local a través de la energía renovable: Las comunidades energéticas no solo mejora el acceso a la energía por parte de comunidades, sino que también fortalece su autonomía y empoderamiento local, especialmente en zonas rurales de Colombia, incluyendo los territorios insulares. Además, le ha dado voz a grupos vulnerables como las mujeres y los jóvenes, quienes son actores clave en la Transición Energética Justa.
• Un ejemplo de este proceso es la consolidación legal del Consejo Comunitario de Comunidades Negras del Archipiélago de San Bernardo en 2024. Esta organización busca participar activamente en la toma de decisiones sobre proyectos fotovoltaicos en Múcura y Santa Cruz del Islote, donde el liderazgo femenino ha sido fundamental para la autogestión de las soluciones energéticas. Asimismo, el Consejo Comunitario de La Plata se ha fortalecido como un socio clave de la comunidad energética en implementación en Bahía Málaga. En este territorio, las mujeres y los jóvenes son priorizados en los procesos de formación para la operación, administración y mantenimiento de la solución energética.
• Desarrollo sostenible: Las energías renovables locales pueden generar empleos verdes y azules en áreas como la instalación, mantenimiento y operación de infraestructuras energéticas. Además, pueden potenciar la articulación de las comunidades energéticas con proyectos productivos agropecuarios o de turismo de naturaleza, promoviendo la sostenibilidad ambiental en los territorios. Estos proyectos pueden mejorar directamente las condiciones económicas de comunidades vulnerables, reduciendo la pobreza energética y contribuyendo al desarrollo local.
• Resiliencia climática con visión de largo plazo: Las comunidades energéticas desempeñan un papel clave en la lucha contra el cambio climático. Generar energía por medio de fuentes renovables no convencionales, ayuda a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto no solo ayuda a Colombia en el cumplimiento de sus metas climáticas, sino que garantiza el acceso a una energía confiable y asequible para las personas.
• Para diseñar comunidades energéticas sostenibles a largo plazo, también se hace necesario involucrar a las comunidades a lo largo del proceso de diseño e implementación, incorporando sus saberes y conocimientos sobre los patrones climáticos locales, su relación con los ecosistemas, así como sus necesidades energéticas actuales y futuras, claves para adaptarse a un clima cambiante.

Los y las autoras de este artículo agradecen a cada uno de los miembros de las comunidades visitadas, a sus líderes y lideresas y a las juntas de acción y consejos comunitarios, quienes compartieron sus experiencias sobre la implementación de los proyectos energéticos comunitarios. También expresamos nuestro reconocimiento a entidades como Polen Transiciones Justas, GGGI, Corpoema y el Grupo Semillas, quienes facilitaron los diálogos con las comunidades y/o acompañaron los procesos de visita en campo.