Las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC) son los planes en los que cada país detalla cómo contribuirá a los objetivos del Acuerdo de París. Estas deben actualizarse cada cinco años, reflejando la "máxima ambición posible".  

El ciclo actual (NDC 3.0) es particularmente relevante porque incorpora las recomendaciones del Balance Mundial, realizado en 2023, en el que se reconoció que, si bien hubo avances, el mundo no está en camino de cumplir los objetivos del Acuerdo. El Balance Mundial instó a acelerar la acción en áreas clave: la expansión de las energías renovables, la eficiencia energética, la transición fuera de los combustibles fósiles, la electrificación del transporte y la protección de los ecosistemas. Estas orientaciones sirven como marco para evaluar el nivel de ambición de las nuevas NDC.  

Países de América Latina y el Caribe según actualización de sus NDC

Mapa de América Latina y el Caribe y actualización de NDC

A junio de 2026, 138 países presentaron nuevas NDC 3.0. En América Latina y el Caribe, lo hicieron 23 de 33 países. Este tercer ciclo de NDC muestra un aumento agregado de ambición, pero todavía insuficiente para encaminar al mundo hacia limitar el aumento de la temperatura global a 1,5 °C para finales de siglo.   

A nivel global, las nuevas metas incondicionales (aquellos compromisos de reducción de emisiones que los países se comprometen a implementar con sus propios recursos, sin depender de apoyo internacional) implican reducciones adicionales hacia 2035 con respecto a 2030, pero estas solo cubren una fracción de la brecha necesaria: tan solo el 5 % con respecto al objetivo de 1,5 °C y el 11 % para los 2 °C. Es decir, el progreso existe, pero no a la escala requerida.

 

 

América Latina y el Caribe destaca por su aporte relativo: a pesar de representar menos del 10 % de las emisiones globales, las metas incondicionales de la región equivaldrían a un 18 % de las reducciones globales. Sin embargo, esta contribución no debe interpretarse como evidencia de suficiencia. Más bien refleja que, incluso con avances regionales, el esfuerzo global sigue siendo insuficiente.

Nota metodológica

Los valores de Climate Watch son reducciones adicionales (MtCO₂e) de las nuevas metas NDC 2035 vs compromisos 2030, y reflejan solo países que ya presentaron NDC actualizadas. Son estimaciones modeladas de emisiones economía‑entera (todos los GEI y sectores según cobertura declarada; incluyen uso de la tierra, cambio de uso de la tierra y silvicultura -LULUCF, por sus siglas en inglés- cuando aplica y completan vacíos con proyecciones) y asumen implementación total sin garantizar resultados.  “Incondicional” no depende de apoyo externo; “condicional” requiere asistencia internacional. 

 

El aumento de ambición en la región se concentra en pocos países, con avances desiguales entre economías 

 

 

De los 23 países de América Latina y el Caribe que presentaron nuevas NDC, solo 18 incluyen metas de reducción de emisiones para 2035, mientras que Bolivia, Cuba, Nicaragua, Surinam y Venezuela mantienen metas únicamente a 2030. Además, solo 12 establecen explícitamente objetivos de reducción para toda la economía hacia 2035, es decir, metas que abarcan todos los sectores. 

Para efectos comparativos, las estimaciones utilizadas en este análisis constituyen emisiones para toda la economía en todos los casos, completando sectores o gases no cubiertos cuando corresponde, de acuerdo con la metodología del Climate Watch NDC Tracker. Esto permite comparar trayectorias de manera homogénea, aun cuando las NDC difieren en su alcance formal. 

Dentro de ese marco, al comparar las metas entre 2030 y 2035, se observa que el aumento de la ambición se concentra en un número reducido de grandes emisores. México y Brasil, en conjunto, representan aproximadamente el 72 % de las reducciones adicionales incondicionales de la región y concentran alrededor de la mitad de las emisiones totales regionales, lo que evidencia el peso estructural de sus decisiones. 

Un segundo grupo de países, entre ellos Perú, Panamá, Honduras, Colombia y Chile, muestra mejoras más acotadas pero consistentes con una trayectoria descendente. 

En otros países, las emisiones crecerían entre 2030 y 2035 porque no habrían alcanzado su pico de emisiones. Esto no necesariamente refleja una menor ambición, sino trayectorias nacionales distintas, definidas según las circunstancias y prioridades de cada país. Por su lado, Argentina, el tercer mayor emisor de la región, no está incluida en este ejercicio, ya que no cuenta con una nueva NDC al momento de este análisis. Su ausencia condiciona la lectura integral del balance regional. 

En conjunto, el panorama regional muestra una ampliación de las metas hacia 2035, pero con una distribución desigual del esfuerzo. Estas diferencias reflejan no solo decisiones de política climática, sino también estructuras productivas, perfiles sectoriales de emisiones y capacidades fiscales distintas, que condicionan el margen político para elevar la ambición en este ciclo. 

Las NDC amplían la acción en sectores clave, pero con enfoques y niveles de ambición dispares 

Los sectores de energía, transporte, bosques y usos del suelo concentran una parte sustancial de las emisiones regionales y son centrales en las recomendaciones del Balance Mundial. 

La expansión de energías renovable avanza, pero la salida de los combustibles fósiles sigue siendo incierta 

En energía, la región de América Latina y el Caribe posee una ventaja comparativa: una matriz eléctrica relativamente más limpia que la de otras regiones. Varios países continúan la tendencia añadiendo y reforzando metas concretas de generación de energía renovable. Por ejemplo, Costa Rica tiene el objetivo de que el 95 % de su generación eléctrica sea renovable para 2027 y 2035; Bolivia y Belice fijaron metas del 75 % para 2035 y 2030, respectivamente.  

Sin embargo, el debate regional no se limita a cuánta energía renovable incorporar, sino también a qué velocidad retirar los combustibles fósiles. Chile reafirmó el retiro total de sus centrales termoeléctricas a carbón para 2040 y Colombia suspendió nuevos contratos de exploración de hidrocarburos y títulos de explotación de carbón. 

Algunos países, como Brasil y Paraguay, promueven medidas explícitas como la sustitución de combustibles fósiles mediante el uso de biocombustibles y la electrificación, sin establecer plazos concretos para el retiro. Otros países priorizan una transición más gradual, y consideran el gas natural un combustible de transición, lo que refleja tensiones entre descarbonización acelerada y seguridad energética. 

El transporte muestra avances en electrificación, aunque sin una transformación homogénea 

Las metas de electrificación vehicular en la región son muy diversas. Algunos países fijan metas en términos de participación en las ventas, mientras que otros lo hacen en términos absolutos de vehículos. Por ejemplo, Bahamas apunta a que el 35 % de las ventas sean eléctricas y el 15 % híbridas para 2030, escalando al 50 % y al 30 % respectivamente para 2035. Colombia, en cambio, establece su meta en términos absolutos: 600.000 vehículos eléctricos registrados para 2030. En transporte público, Chile y Colombia destacan como referentes regionales. La capital chilena proyecta que 3 de cada 5 buses sean eléctricos a fines de 2025, mientras que Bogotá proyecta al menos 483 buses de cero emisiones para 2030.  

En paralelo, países como México y Venezuela buscan impulsar la infraestructura de carga rápida de vehículos eléctricos, y otros países como Bahamas, Barbados, El Salvador y Uruguay buscan expandir los incentivos fiscales, como exenciones de aranceles, lo que indica una combinación de metas regulatorias con instrumentos de mercado. 

Aun así, el ritmo de adopción sigue siendo heterogéneo y, en muchos casos, insuficiente para transformar estructuralmente el sector a corto plazo. 

Las metas sobre bosques y usos del suelo avanzan, pero con enfoques heterogéneos 

A diferencia de la energía y el transporte, el sector forestal no es solo una fuente de emisiones, sino también el principal sumidero regional. Por eso, las metas de uso del suelo son determinantes para el balance neto de América Latina y el Caribe. 

La mayoría de los países de la región incluyen metas de reducción de la deforestación en sus NDC, aunque con distintos niveles de especificidad. Algunos establecen objetivos claros de deforestación cero o límites cuantificados, mientras que otros plantean metas más generales. México plantea alcanzar la deforestación neta cero para 2030, mientras que Panamá aspira a lograr la deforestación ilegal neta cero para 2035. Honduras apunta a reducir en un 70 % la pérdida neta de cobertura forestal en sus áreas de conservación para 2035. Surinam proyecta reducir su tasa de deforestación anual al 0,03 % a partir de 2035.  

La restauración aparece como un segundo eje clave, con compromisos que varían significativamente en escala entre los países. Brasil lidera a escala con la meta de recuperar 12 millones de hectáreas de vegetación nativa para 2030. Chile y Bolivia se fijan metas de restauración y de manejo sustentable de bosques nativos de un millón de hectáreas cada uno.  

También crece la atención por ecosistemas específicos, como los manglares, por su doble rol en mitigación y adaptación. Belice, por ejemplo, se compromete a restaurar 2.500 hectáreas de manglares en tierras públicas para 2035 

En conjunto, el sector forestal es estructural para la contribución climática de la región. La credibilidad de estas metas dependerá de su nivel de implementación.

El desafío ya no es solo aumentar la ambición, sino cumplir lo prometido 

América Latina y el Caribe destacan porque, pese a representar una fracción relativamente pequeña de las emisiones globales, concentran una proporción significativa de las reducciones de emisiones proyectadas a nivel global hacia 2035. Sin embargo, estos avances ocurren en un contexto en el que la brecha global sigue siendo amplia y persisten limitaciones estructurales para traducir compromisos en resultados. El análisis de las NDC permite evaluar los niveles de ambición, pero no necesariamente su implementación efectiva. La evidencia disponible sugiere que este sigue siendo el principal punto débil. 

En la región, uno de los principales obstáculos es que el cumplimiento de los compromisos depende de condiciones políticas y financieras que aún no están garantizadas. La estabilidad política y la continuidad institucional son fundamentales para sostener reformas sectoriales en el tiempo y para dar señales claras a la inversión. A esto se suma que en 2026 es un año electoral en Brasil, Colombia y Perú, lo que puede introducir incertidumbre adicional sobre la continuidad de las políticas climáticas más allá de un periodo de gobierno. 

Por otro lado, persiste una brecha importante en la implementación. En varias NDC, una parte sustancial del aumento de la ambición, especialmente en los componentes condicionales, depende del apoyo internacional en financiamiento, transferencia de tecnología y fortalecimiento de capacidades. En ese sentido, el desafío para la región no es solo aumentar la ambición en futuros ciclos, sino cerrar la brecha entre lo prometido y lo que efectivamente se logra. 

 

Este artículo fue originalmente publicado en el Informe Anual sobre Cambio Climático para América Latina de 2026 de Sustentabilidad Sin Fronteras.