Equidad de género e inclusión social en la lucha contra el cambio climático en México
Este artículo se basa en el informe titulado "Mejores prácticas mundiales para integrar igualdad de género e inclusión social en las políticas climáticas", financiado por la Embajada Británica en México. El contenido de este informe no refleja necesariamente las opiniones o puntos de vista de la Embajada o del Gobierno Británico, pero constituye la base de los análisis y propuestas aquí presentadas.
La crisis climática es uno de los mayores desafíos del siglo XXI, no sólo por los efectos devastadores sobre el medio ambiente, sino también por su capacidad de profundizar las desigualdades sociales. México es un país que presenta una de las mayores tasas de desigualdad en América Latina, las mujeres, los pueblos indígenas, las personas LGBTQ+, las personas con discapacidad y otros grupos en situación de vulnerabilidad están en la primera línea de impacto. Para enfrentar esta problemática de manera efectiva, es fundamental que las políticas climáticas integren un enfoque de género y justicia social, reconociendo que las personas más afectadas por el cambio climático son también aquellas que históricamente han sido marginadas.
México ha avanzado en la formulación de políticas climáticas, como la Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) y el Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático (PNAGCC). Sin embargo, todavía persisten importantes vacíos en la incorporación de enfoques interseccionales que aseguren la inclusión efectiva de los grupos más vulnerables.
Desigualdad en México: un contexto de vulnerabilidad
México es un país profundamente desigual, y esta desigualdad se refleja en varios indicadores económicos y sociales. Según el World Inequality Report (2022), el 10% más rico de la población percibe 30 veces más ingresos que el 50% más pobre, y posee el 80% de la riqueza del país. Además, este sector más rico emite 10 veces más carbono que la mitad más pobre de la población. Por lo tanto, las políticas climáticas no sólo deben abordar la reducción de emisiones, sino también mitigar los efectos desproporcionados del cambio climático en las poblaciones en situación de mayor vulnerabilidad.
El Programa Sectorial de Medio Ambiente y Recursos Naturales 2020-2024 estima que el 68% de la población mexicana y el 71% del PIB del país están expuestos a los efectos negativos del cambio climático. Las personas en situación de pobreza, que suelen habitar en áreas rurales o marginales, son las más afectadas por eventos climáticos extremos como sequías, inundaciones y tormentas.
Género y cambio climático: una relación compleja
La intersección entre el cambio climático y las desigualdades de género es evidente. A nivel global, las mujeres son desproporcionadamente afectadas por los impactos del cambio climático debido a su menor acceso a recursos, educación y derechos. En México, las mujeres representaban el 52% de la población total en 2020 y el 8.5% de ellas vivían en pobreza extrema. Sin embargo, este promedio nacional oculta disparidades significativas: las mujeres indígenas tienen una tasa de pobreza extrema del 29.8%, muy por encima del promedio nacional.
El Plan Nacional de Acción de Género y Cambio Climático (PNAGCC) ha sido un esfuerzo importante para incluir a las mujeres en la política climática de México. No obstante, el documento presenta ciertos sesgos, mencionando a las mujeres 319 veces, mientras que a los hombres solo 9, lo cual refleja un enfoque desbalanceado que debe abordarse para lograr una verdadera transversalización de la perspectiva de género.
Pueblos indígenas y afromexicanos: justicia climática y derechos humanos
Los pueblos indígenas y afromexicanos en México son especialmente vulnerables al cambio climático. Estos grupos, que históricamente han enfrentado discriminación y marginación, se encuentran en mayor riesgo de perder sus tierras, sus medios de subsistencia y el acceso a los recursos naturales debido a eventos climáticos extremos. De acuerdo con datos de la investigación realizada, las mujeres indígenas, en particular, sufren un triple impacto: la pobreza, el género y el cambio climático.
En el contexto de justicia climática, es fundamental que los pueblos indígenas y afromexicanos no sólo sean considerados en las políticas climáticas, sino que también tengan un asiento en la mesa de negociaciones. La ONU ha subrayado que la inclusión de los pueblos indígenas es clave para alcanzar la justicia climática, y que sus conocimientos tradicionales pueden ser esenciales para la mitigación y adaptación al cambio climático.
Infancias: ser vistas, ser incluidas
En 2019, México contaba, con una población de 40 millones de niñas, niños y adolescentes (35% de la población). De éstos, 21 millones vivían en pobreza. Entre los hablantes de lengua indígena, el 91% de los niñas y niños se encontraban en pobreza.
El Informe sobre el Índice de Riesgo Climático de la Infancia (UNICEF, 2021) señaló que México ocupa el lugar 54 de 200 países evaluados, solo después de Zimbabwe y antes de Djibouti y Rwanda.
El cambio climático es el problema de equidad intergeneracional más importante de nuestra época. Si bien la NDC de México establece la equidad intergeneracional como uno de sus principios centrales se requiere generar datos desagregados por sexo y grupo étnico e investigar sobre el impacto del cambio climático (salud emocional, educación, etc.) en las infancias. El Índice de Riesgo Climático de la Infancia (UNICEF, 2021) es un instrumento para retomar en México con el fin elaborar uno adaptado al país.
Visibilizar las infancias implica asignar financiamiento nacional e internacional, así como transversalizar cambio climático en las agendas de las dependencias y organizaciones de la sociedad civil que abordan las problemáticas que enfrenta este grupo poblacional.
Juventudes: potencial desaprovechado en la acción climática
Las personas jóvenes en México representan el 30% de la población total y, aunque su contribución al cambio climático ha sido mínima, son quienes enfrentarán las mayores consecuencias de la crisis climática. En 2020, el 21.5% de las personas jóvenes vivían en localidades rurales, muchas de las cuales están especialmente expuestas a eventos climáticos extremos.
El informe de investigación destaca que solo el 38% de los países de América Latina y el Caribe, incluido México, han incorporado explícitamente a las personas jóvenes en sus Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional (NDC). Sin embargo, para aprovechar su potencial en la acción climática, es fundamental que las políticas incluyan mecanismos que fomenten su participación en la toma de decisiones y en la implementación de soluciones climáticas.
Personas adultas mayores: vulnerabilidad silenciada
En 2022, el 14% de la población de México tenía 60 años o más. Las personas adultas mayores son especialmente vulnerables a los efectos del cambio climático, ya que su capacidad de movilización y acceso a recursos es limitada. Además, el 52.4% de esta población presentaba alguna discapacidad o limitación mental.
Las políticas climáticas deben incorporar medidas específicas para proteger a las personas adultas mayores, especialmente en áreas rurales y zonas costeras, donde los riesgos climáticos son mayores. Es importante que las personas adultas mayores sean vistas no sólo como víctimas, sino también como agentes de cambio, cuyas experiencias y conocimientos pueden contribuir a la adaptación y mitigación climática.
Personas con discapacidad: "Nada sobre nosotros, sin nosotros"
En México, más de 7 millones de personas viven con alguna discapacidad, de las cuales 53% son mujeres. Las personas con discapacidad están desproporcionadamente expuestas a los riesgos del cambio climático, ya que su acceso a servicios de salud, educación e información es limitado. Además, la infraestructura y los programas de respuesta ante desastres no suelen estar diseñados teniendo en cuenta sus necesidades específicas.
El informe recomienda incluir a las personas con discapacidad en el diseño de políticas climáticas y programas de adaptación, asegurando que sus voces sean escuchadas y que sus derechos sean respetados.
Personas LGBTQ+: inclusión en la política climática
En 2021, en México las personas LGBTQ+ representaban al menos el 5.1% de la población total, es decir, alrededor de 5.1 millones de personas. Esta comunidad enfrenta altos niveles de discriminación y exclusión, lo que incrementa su vulnerabilidad frente a los impactos del cambio climático. A pesar de que algunas organizaciones internacionales han comenzado a integrar las demandas de la comunidad LGBTQ+ en las políticas climáticas, aún persisten importantes brechas.
México tiene la oportunidad de avanzar en la inclusión de la comunidad LGBTQ+ en sus políticas climáticas, asegurando que sus necesidades y experiencias sean reconocidas y abordadas.
Recomendaciones para una política climática inclusiva
A partir de los hallazgos del informe, se proponen las siguientes recomendaciones para integrar de manera efectiva la equidad de género y la justicia social en las políticas climáticas de México:
- Mejorar la recopilación de datos con enfoque de género e interseccional para garantizar una mejor comprensión y atención del impacto del cambio climático en los distintos grupos en situación de mayor vulnerabilidad.
- Fortalecer la participación de mujeres, juventudes, pueblos indígenas y afrodescendientes y otros grupos en la toma de decisiones climáticas, asegurando que sean incluidas, escuchadas y que sus necesidades sean priorizadas.
- Incorporar enfoques interseccionales en todas las políticas climáticas, para abordar las múltiples dimensiones de la vulnerabilidad, incluyendo género, etnicidad, edad y discapacidad.
- Promover la educación y la conciencia pública sobre los efectos diferenciados del cambio climático, en las comunidades rurales, costeras y urbanas.
- Fomentar la cooperación intersectorial entre el gobierno, la sociedad civil y el sector privado para asegurar que las políticas climáticas sean inclusivas y eficaces.
- Asignar presupuestos para atender las necesidades específicas de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad para enfrentar la adaptación y la mitigación ante el cambio climático
El cambio climático agrava las desigualdades preexistentes en México. La implementación de políticas climáticas inclusivas que reconozcan y aborden las necesidades de los grupos en situación de mayor vulnerabilidad es esencial para asegurar una transición justa hacia un futuro más sostenible. La justicia climática no solo implica reducir las emisiones de carbono, sino también garantizar que todas las personas, independientemente de su sexo, orientación sexual, origen étnico, clase social o situación de vulnerabilidad, tengan acceso a los recursos y oportunidades necesarios para adaptarse a un mundo desafiante y cambiante.
México tiene la oportunidad de liderar la integración de la equidad de género y la inclusión social en sus políticas climáticas. Con acciones climáticas inclusivas y colocando a las personas en el centro de las políticas y los presupuestos, es posible avanzar y construir una sociedad más justa e igualitaria y un futuro donde nadie se quede atrás.