WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal presentan una hoja de ruta conjunta para una fiscalidad verde desde los estados

Ciudad de México, 24 de septiembre de 2026 — Palacio de la Autonomía

México enfrenta hoy la confluencia de una crisis fiscal, una crisis climática y una desigualdad territorial estructural que se refuerzan mutuamente. Con una recaudación pública entre las más bajas de América Latina, un déficit fiscal cercano al 5% del PIB y una deuda pública del 54% del PIB, el margen de los gobiernos federal y estatales para movilizar recursos hacia inversiones de largo plazo es reducido, justo cuando los costos del cambio climático se concentran en los territorios que ya enfrentan mayores desventajas.

Frente a este panorama, WRI México y la Alianza por la Justicia Fiscal (AJF) presentaron el 24 de septiembre, en el Palacio de la Autonomía de la Ciudad de México, una declaración conjunta que expone los principios, compromisos y líneas de acción que ambas organizaciones asumen para acompañar a los gobiernos subnacionales en la construcción de una fiscalidad progresiva, verde y justa. El evento reunió a representantes de gobierno federal y subnacional, organizaciones de la sociedad civil, academia y medios de comunicación.

Un diagnóstico compartido

Los gobiernos subnacionales están en la primera línea de la crisis climática: son el nivel de gobierno más cercano a la población, con mayor conocimiento de las realidades locales y responsabilidad directa sobre los servicios públicos que el cambio climático pone en riesgo. Sin embargo, enfrentan esa responsabilidad con recursos insuficientes y una dependencia estructural de las transferencias federales —el 81.7% de los ingresos estatales proviene de ellas—, lo que limita su margen de acción.

En 2023, los daños y pérdidas por fenómenos de origen natural ascendieron a 88,910 millones de pesos, equivalentes al 0.3% del PIB. Al mismo tiempo, los estados generan más recursos de fuentes intensivas en carbono que de instrumentos fiscales sostenibles, y la recaudación per cápita por impuestos ambientales subnacionales ha disminuido en los últimos años, pese a que 18 de las 32 entidades federativas ya cuentan con al menos un impuesto de este tipo. El reto, coinciden ambas organizaciones, no es solo de recursos: es también de diseño técnico, de capacidades institucionales y de coordinación entre autoridades hacendarias y ambientales.

Por qué esta alianza

La declaración es resultado de un proceso de diálogo entre dos organizaciones con trayectorias, lenguajes y públicos distintos: WRI México, con más de veinte años de trabajo en la intersección entre medio ambiente, economía y bienestar humano, y la AJF, una red de organizaciones de sociedad civil, academia y cooperación internacional dedicada a la agenda de justicia fiscal en México.

Ambas organizaciones coinciden en que la política fiscal y la política climática ya no pueden diseñarse por separado, y que una reforma fiscal progresiva y verde desde los territorios es posible y puede avanzar ya, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

Tres principios, cuatro líneas de acción

La declaración se organiza a partir de tres principios rectores:

Justicia fiscal y climática, que entiende la política fiscal como un instrumento de redistribución con impacto directo en el bienestar de las personas, y a la transición climática como un proceso que debe evaluarse también por su impacto distributivo.

Corresponsabilidad territorial, que reconoce que México es un país federalista y plural, donde avanzar hacia una fiscalidad efectiva requiere coordinación entre los distintos niveles de gobierno sin perder de vista la diversidad de realidades locales.

Gobernanza y rendición de cuentas, que exige trazabilidad y transparencia sobre el destino de los recursos generados por instrumentos fiscales ambientales.

A partir de estos principios, WRI México y la AJF trabajarán en cuatro líneas de acción, con responsabilidades diferenciadas por organización:

1. Generación de evidencia técnica. WRI México liderará un policy brief sobre precio al carbono, a partir de su capacidad de medición y análisis económico; la AJF liderará uno sobre electromovilidad y otros instrumentos fiscales para el sector transporte.

2. Fortalecimiento de capacidades institucionales de los gobiernos subnacionales, línea liderada por WRI México a partir de su experiencia en talleres y acompañamiento técnico a gobiernos, con insumos de la AJF desde la fiscalidad progresiva.

3. Acompañamiento técnico directo a gobiernos subnacionales en el diseño de sus instrumentos fiscales, con cada organización liderando el acompañamiento a un estado, en coordinación con los distintos niveles de gobierno.

4. Articulación de la demanda social e institucional, línea liderada por la AJF a partir de su vínculo con organizaciones de sociedad civil locales, con WRI México aportando evidencia técnica cuando sea pertinente.

El papel específico de WRI México

En el marco de esta colaboración, el papel de WRI México es de carácter técnico: generación de evidencia, medición, diagnóstico de capacidades institucionales, y diseño y acompañamiento en la implementación de instrumentos fiscales con impacto climático. WRI México no asume funciones de representación política ni de movilización social —responsabilidades que corresponden a la AJF y a las organizaciones que la integran— y participa en esta alianza desde su mandato como centro de investigación y acompañamiento técnico a gobiernos.

El evento de lanzamiento

El evento fue conducido de principio a fin por Patricia Narváez, quien presentó a las y los participantes, condujo la presentación de la declaración y moderó el espacio de preguntas y respuestas con el público. Antes de comenzar, el equipo de la Fundación UNAM, anfitrión del recinto, ofreció una breve presentación del Palacio de la Autonomía y su historia.

Las palabras de bienvenida corrieron a cargo del Dr. Luis Miguel Galindo, Director de Clima, Economía, Finanzas y Energía de WRI México, y de Judith Méndez, Directora Ejecutiva del CIEP. Galindo señaló que el modelo de desarrollo de México arrastra externalidades ambientales negativas que la política fiscal aún no ha incorporado a su diseño, y planteó que atender esto requiere transformaciones estructurales que conecten lo económico, lo social y lo ambiental en un mismo espacio de discusión.

“No podemos seguir diseñando la política fiscal y la política climática por separado. El primer paso para que México avance hacia una fiscalidad verde es reconocer que ambas agendas ya son, en la práctica, una sola”, dijo Galindo.

Méndez, por su parte, ubicó la discusión en el contexto del paquete económico 2027, entonces en discusión en el Congreso, como una oportunidad concreta para incorporar la perspectiva climática a la política fiscal.

“Toda política fiscal verde tiene que responder a tres preguntas: con cuánto presupuesto se va a implementar, desde qué nivel de gobierno y para qué se usa el gasto. Sin esa claridad, no hay legitimidad posible”, sostuvo.

La presentación de los contenidos centrales de la declaración estuvo a cargo de Sofía Appl Scorza, de la Secretaría Técnica de la Alianza por la Justicia Fiscal, y de Saúl Pereyra, Gerente Senior de WRI México. Appl Scorza presentó el diagnóstico compartido de tres crisis interrelacionadas —fiscal, climática y de desigualdad— que atraviesan a México desde hace años, y compartió que la recaudación pública del país (15.2% del PIB en 2025) sigue muy por debajo del promedio de la OCDE.

“Los estados con mayor pobreza son también los que registran las mayores pérdidas económicas por el cambio climático. Esa doble desventaja es exactamente lo que esta colaboración busca empezar a corregir”, afirmó.

Pereyra presentó el objetivo de la colaboración y detalló las cuatro líneas de trabajo del proyecto: generación de evidencia técnica, fortalecimiento de capacidades institucionales, coordinación entre niveles de gobierno y apertura de espacios de diálogo social.

“Nuestro papel es acompañar técnicamente a los gobiernos subnacionales para que puedan diseñar, implementar y evaluar instrumentos fiscales con una perspectiva climática real, no solo recaudatoria”, explicó.

El panel de comentaristas estuvo integrado por Saúl Basurto, investigador de la Facultad de Economía de la UNAM, y Jesús Tadeo Rodríguez, Director de Ciencia y Datos de INDETEC. Basurto explicó que un impuesto al carbono bien diseñado recauda más de lo que cuesta reparar el daño ambiental, y que los gobiernos estatales y municipales son un actor natural para instrumentar estos mecanismos por su cercanía con el territorio.

“Un impuesto al carbono bien diseñado recauda más de lo que cuesta reparar el daño ambiental. Esos recursos adicionales pueden y deben destinarse a fortalecer a las comunidades más vulnerables al cambio climático”, apuntó.

Rodríguez señaló que buena parte de los instrumentos ambientales subnacionales ya existentes no son impuestos, sino derechos y aprovechamientos con un amplio margen de mejora en su cobro, y propuso explorar reglas de disciplina climática, similares a las de disciplina financiera, para dar mayor continuidad a la agenda entre administraciones.

“Muchos de los instrumentos ambientales que ya existen a nivel subnacional ni siquiera son impuestos, sino derechos y aprovechamientos con un enorme margen de mejora en su cobro. Ahí hay una oportunidad inmediata para los estados”, señaló.

El espacio de preguntas y respuestas con el público, moderado por Narváez, contó con la participación de representantes de gobierno federal y subnacional, academia y organizaciones de la sociedad civil, entre ellas Oxfam México, que plantearon preguntas sobre la viabilidad política de una reforma fiscal verde y las rutas para sostener la demanda social de estos instrumentos en el tiempo.