Mientras el Perú se prepara para presentar su plan climático nacional actualizado, conocido como contribución nacionalmente determinada (NDC, por sus siglas en inglés), antes de la cumbre climática anual de la ONU (COP30) que se celebrará este año en Brasil, el país tiene una oportunidad crucial para crear una política climática que beneficie a la sociedad peruana y proteja al mismo tiempo a las comunidades y a los trabajadores de los sectores más tradicionales e intensivos en carbono. 

Este enfoque de transición justa asegura que los beneficios y consecuencias de la acción climática sean distribuidos de manera justa, y que las poblaciones vulnerables reciban apoyo a medida que el país pasa a una economía neta cero. 

Aunque Perú no cuenta actualmente con una definición oficial de transición justa en su marco político nacional, algunas organizaciones locales han empezado a dar forma a una comprensión de lo que podría significar para el país. Por ejemplo, organizaciones como el Instituto para la Gobernanza de los Recursos Naturales destacan que el vuelco mundial hacia las energías limpias puede intensificar los conflictos socioambientales asociados a la extracción de minerales. En el Perú, donde abundan minerales esenciales para las tecnologías de energía limpia (como el cobre), esta transición presenta tanto oportunidades económicas como retos sociales y medioambientales, por ejemplo, el aumento de la deforestación, la pérdida de biodiversidad o el desplazamiento de comunidades vulnerables e indígenas, entre otros. 

Para ayudar a Perú a crear una política climática más inclusiva basada en los principios de una transición justa, el WRI y el Ministerio del Ambiente de Perú (MINAM) organizaron diálogos inclusivos en 2024 para reunir las perspectivas de las diferentes partes interesadas. 

A continuación se presenta cómo Perú abordó la planificación climática participativa y los resultados que dejaron estos diálogos inclusivos.

Participación ciudadana en la planeación de una transición justa

Desde hace varios años, Perú promueve diversas vías para que diferentes grupos y sectores de la sociedad participen y promuevan la acción climática. Estos espacios incluyen la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático (CNCC), el Comité Nacional de Mujeres y Cambio Climático, la Plataforma de los Pueblos Indígenas para enfrentar el Cambio Climático y el Grupo Impulsor de la Juventud de la Comisión Nacional sobre el Cambio Climático.

La participación de los pueblos indígenas en estos diálogos reconoce el valor de sus conocimientos ancestrales en el cuidado de los ecosistemas existentes y sus prácticas tradicionales en la gestión de los riesgos climáticos. La creación de espacios para la participación de las mujeres también ofrece oportunidades para hacer frente a las desigualdades de género a través de un proceso de transición justa.

Los diálogos de 2024, organizados por el WRI y el MINAM, incluyeron un evento presencial y un seminario web destinado a reunir a personas con menos acceso a la participación formal, como organizaciones de mujeres y jóvenes y comunidades indígenas, con representantes del gobierno, sindicatos, bancos multilaterales de desarrollo, el sector privado y diversas organizaciones de base e internacionales. Estos diálogos contribuyeron a construir la posición nacional sobre la transición justa para la COP29 en Azerbaiyán en 2024. 

“La participación ciudadana es crucial en la planificación de una transición justa en el Perú porque asegura que las decisiones reflejen las necesidades y prioridades de las comunidades afectadas, fomentando inclusión y equidad”, afirma Milagros Montes, representante de Jóvenes Peruanos frente al Cambio Climático. “La juventud es una pieza clave en este proceso porque representa la generación que enfrentará los mayores impactos del cambio climático y cuentan con la creatividad, energía y visión para impulsar soluciones innovadoras y con impacto global. Su involucramiento garantiza que las políticas sean resilientes y alineadas con un futuro más justo y sostenible”.

Lecciones aprendidas de los diálogos inclusivos

Los diálogos aportaron valiosas lecciones sobre cómo el país puede integrar eficazmente los principios de la transición justa en sus políticas nacionales, concretamente en su próxima NDC. Una lección clave es la necesidad de fundamentar el concepto en contextos tanto nacionales como locales. Aunque el término ha ganado terreno a nivel global últimamente, a menudo conlleva perspectivas moldeadas por las narrativas de las naciones más ricas, que pueden no coincidir plenamente con las prioridades, necesidades y retos de Perú.

Participación ciudadana en los diálogos para construir una transición justa en Perú

Para cerrar esta brecha, es esencial que las voces y los objetivos locales tengan un papel central a la hora de decidir las intervenciones específicas para la transición hacia un futuro con bajas emisiones de carbono. Por ejemplo, como se destacó en los diálogos, garantizar el acceso a un trabajo decente, digno y bien remunerado para las comunidades afectadas por las transiciones es un objetivo claro para la comunidad. El futuro y el camino hacia este objetivo deben reflejar las realidades vividas, los valores culturales y las condiciones socioeconómicas de los peruanos. Los actores locales, especialmente los que suelen estar poco representados en los procesos de toma de decisiones como las comunidades indígenas, los trabajadores, las mujeres y los jóvenes, deben tener la oportunidad de definir qué significa para ellos la justicia en el contexto de la acción climática. 

Este tipo de gobernanza ascendente podría ser más apropiada para promover las transiciones energéticas y obtener el apoyo de los ciudadanos. La identificación de los actores clave y la creación de espacios seguros de diálogo son esenciales para garantizar la participación efectiva de los ciudadanos en las políticas de transición. 

Otra lección de los diálogos es la necesidad de abordar diversas nociones de justicia cuando se habla de transiciones justas. Los debates en torno a este tema se centran sobre todo en la justicia redistributiva, que se refiere a la distribución equitativa de los riesgos y oportunidades derivados de la acción climática. Sin embargo, hay otros tipos a tener en cuenta: la justicia reparadora busca reparar los daños generados por la economía tradicional; la justicia procedimental, garantiza que el proceso de transición sea inclusivo, transparente y equitativo para todas las partes implicadas; y la justicia intergeneracional subraya la responsabilidad de las generaciones actuales hacia las futuras.

Por último, la acción climática centrada en la justicia ofrece una oportunidad única para abordar las desigualdades sociales y económicas de larga data, al tiempo que promueve el desarrollo sostenible. Una transición justa debe dar prioridad a los más afectados por el cambio climático y las desigualdades socioeconómicas. Las iniciativas de acción climática deben tener como objetivo reducir la pobreza mediante la creación de empleos verdes, la mejora del acceso a los servicios esenciales y el fomento de un crecimiento económico equitativo.

A medida que Perú avanza, el país puede aprovechar su infraestructura climática participativa existente para adoptar un enfoque de gobernanza ascendente que permita que las políticas se basen en las realidades locales y que incluyan a las comunidades que históricamente han sido excluidas de la toma de decisiones. Si bien la actualización de la NDC ofrece una valiosa oportunidad para articular el compromiso del país con una agenda climática más justa y equitativa, lo que tendrá un impacto serán los esfuerzos y acciones concretas para cumplir con ese compromiso.