Acceso a la energía eléctrica en Colombia: 5 preguntas sobre una brecha que persiste

Imagine una vivienda rural en el sur del país. Tiene paneles solares en el techo y bombillos que encienden cada noche. En las estadísticas oficiales, ese hogar cuenta como una vivienda con acceso a electricidad.

Ahora imagine que esa familia vive de la pesca y quiere instalar un congelador para conservar el producto y venderlo a mejor precio. O que quiere contar con una despulpadora de café. En varias zonas del país estos sueños se truncan porque el sistema no da abasto: alcanza para contar con luz y para cargar un celular, por ejemplo, pero no para encender un motor.

Esa distancia entre contar con luz y tener energía suficiente es una de las barreras menos visibles para la actividad productiva en muchas zonas rurales del país. Estas cinco preguntas ayudan a entender dónde está el país y qué necesita para avanzar en materia de acceso a energía eléctrica.

1. ¿Cuántos hogares en Colombia siguen sin electricidad?

En el país, en el 2024, alrededor de 1,3 millones de hogares no contaban con energía eléctrica. Según el Índice de Cobertura de Energía Eléctrica (ICEE), la medición oficial que elabora la Unidad de Planeación Minero Energética (UPME), la cobertura nacional llegó al 93,12 %. El promedio, sin embargo, esconde dos países distintos: en las ciudades la cobertura alcanza el 98,71 %, mientras en el campo se queda en 75,92 %. Del total de hogares sin servicio, el 85,8 % se encuentra en zonas rurales.

La distancia entre territorios es amplia. Antioquia, Santander, Tolima y Huila reportan cobertura plena. En el otro extremo, Vichada alcanza el 31,8 %, una extensa región de sabanas en la frontera con Venezuela. Le siguen La Guajira con 54,3 %, la península semidesértica del extremo norte, y Amazonas y Putumayo, en la selva del sur, con 60,1 % y 64,1 %.

2. Si en 2024 se conectaron más de medio millón de hogares a la red eléctrica, ¿por qué la cobertura creció poco?

Porque el país conecta viviendas al mismo tiempo que construye viviendas nuevas.

El ICEE es una proporción: compara las viviendas con servicio frente al total de viviendas del país. Entre 2023 y 2024 se conectaron 539.351 hogares, pero el número de viviendas sin servicio bajó solo en 44.423, y el indicador nacional pasó de 92,71 % a 93,12 %. La diferencia se explica porque el total de viviendas del país también crece cada año, de modo que buena parte del esfuerzo de conexión se destina a sostener la cobertura alcanzada.

A esto se suma un segundo factor: los hogares que faltan por conectar a la red eléctrica son los más difíciles de alcanzar. Están dispersos, lejos de las redes existentes y en zonas de acceso complejo, lo que hace que cada nueva conexión cueste más que la anterior. Por eso, en trece departamentos el indicador retrocedió frente al año anterior. El propio boletín donde se expone el avance del ICEE asocia esos retrocesos a la dispersión territorial, a la presencia de Zonas No Interconectadas con complejidad técnica de electrificación (los territorios que no están conectados al Sistema Interconectado Nacional y donde la electricidad se genera localmente) y a la calidad de los reportes de información.

La conclusión es importante: aumentar el ritmo de conexiones no es suficiente para cerrar la brecha en el acceso.

3. ¿Tener electricidad es lo mismo que tener energía suficiente?

No, y esa diferencia es la que suele quedar fuera de las estadísticas.

Una conexión puede entregar dos horas de luz al día o veinticuatro. Puede alimentar tres bombillos o una planta de procesamiento. Para capturar esas diferencias, el Banco Mundial propone medir el acceso por niveles de servicio de acuerdo con el número de horas al día en el que está disponible la electricidad, y según la potencia entregada por ese servicio. Así, se establecieron 6 niveles de servicio:

• Nivel 0, sin acceso: sin electricidad.
• Nivel 1-2, básico (alrededor de 4 horas al día): iluminación y carga de dispositivos. Cubre necesidades del hogar.
• Nivel 3-4, intermedio (de 8 a 16 horas): electrodomésticos y equipos pequeños. Permite algunas actividades productivas.
• Nivel 5, avanzado (23 horas o más): servicio prácticamente continuo. Habilita actividades económicas: refrigeración, motores, procesamiento y conectividad.

En las Zonas No Interconectadas, que abarcan cerca del 52 % del territorio nacional, la dispersión de la población y la dependencia de soluciones aisladas dificultan alcanzar los niveles más altos. La dispersión y la dependencia de soluciones aisladas hacen más probable que el servicio se ubique en los niveles bajos del marco.

4. ¿Debería Colombia aspirar entonces a que todo el país alcance el nivel más alto de servicio?

Aquí está el nudo del problema, y la respuesta corta es: no.

Llevar el nivel básico a todos los hogares que faltan sería insuficiente: garantizaría luz, pero dejaría intacta la capacidad productiva de esos territorios. Llevar el nivel avanzado a todos sería inviable con los recursos disponibles. El Plan Indicativo de Expansión de Cobertura 2024-2028 estima que el costo de universalizar el acceso sería de unos 32,23 billones de pesos (cerca de 7.500 millones de dólares). Elevar el nivel de servicio en todo el territorio multiplicaría esa cifra.

La pregunta útil, entonces, no es cuánta energía llevar a todo el país, sino qué nivel de servicio necesita cada territorio según lo que su gente requiere para vivir.

Un caserío de pescadores necesita refrigeración para conservar el producto. Una vereda cafetera necesita motores para despulpar y secar. Una zona ganadera necesita bombeo y equipos de ordeño. Una comunidad que depende del turismo necesita conectividad estable. Cada una de esas vocaciones implica un nivel de servicio distinto, y dimensionar la inversión según esa vocación permite que cada peso invertido rinda más.

Colombia ya tiene experiencias que muestran cómo funciona. WRI Colombia ya ha analizado esta dinámica en el territorio nacional: por ejemplo, en el resguardo indígena de Tamilco, en Natagaima (Tolima), un sistema solar dimensionado para una piscícola bombea agua, refrigera el pescado e ilumina los estanques; los ingresos que genera financian el mantenimiento del sistema. En Mingueo (La Guajira), una estación de carga solar permite el uso de motocicletas eléctricas, por lo que trasladar personas y productos cuesta menos. Estos casos comparten un patrón: su sistema de energía eléctrica se diseñó para responder a una actividad económica concreta, y esa misma actividad contribuye en parte a sostener el sistema en el tiempo. Este es el mismo principio que WRI ha documentado en proyectos de energía productiva en África.

5. ¿Qué se necesita para cerrar la brecha de acceso a la energía?

Para sobrepasar este brecha, es fundamental contar con una hoja de ruta de universalización liderada por el Gobierno nacional y construida junto con los territorios,  que ordene qué se hace primero, dónde y con qué recursos. WRI Colombia considera que cuatro elementos harían viable esta ruta:

1. Un diagnóstico territorial que cruce información. Hoy, los datos de cobertura, potencial solar, eólico e hídrico, actividades productivas y condiciones de acceso están dispersos entre entidades. El propio ICEE reconoce que en departamentos como Chocó, Caquetá y Putumayo las limitaciones de información impiden una caracterización completa, justamente donde las necesidades son mayores. Herramientas como el Energy Access Explorer de WRI integran esas capas en un mismo mapa, y su aplicación en África y Asia muestra que mejorar la gobernanza de los datos acelera y mejora las decisiones de inversión.
2. Niveles de servicio definidos por vocación productiva. En lugar de un estándar único, la meta de cada región se define según lo que su economía necesita para crecer. Esto convierte la universalización en una decisión de desarrollo, no solo de infraestructura.
3. Recursos dimensionados y priorizados por fases. Con el diagnóstico y los niveles definidos, es posible calcular cuánto cuesta cada etapa, qué combinación de red convencional, microrredes y sistemas solares individuales resulta más eficiente en cada zona, y en qué orden avanzar.
4. Coordinación entre los tres niveles de gobierno. Los municipios conocen las necesidades locales, los departamentos articulan la planeación regional y la nación aporta los recursos y el marco normativo. Sin esa coordinación, los proyectos se dispersan y pierden continuidad. La hoja de ruta gana solidez si se codesarrolla con quienes conocen el territorio de primera mano: alcaldías y gobernaciones, operadores de red locales, organizaciones de la sociedad civil y las propias comunidades. Cada uno aporta información que ningún diagnóstico nacional captura por sí solo.

Un punto final resulta decisivo: la energía rinde más cuando llega acompañada. Un sistema solar bien dimensionado tiene un efecto mucho mayor si el territorio también cuenta con vías, conectividad a internet, formación técnica y acceso a mercados. La universalización energética funciona mejor como parte de una intervención integral del Estado que como una política aislada.

¿En dónde está la oportunidad?

Colombia ya tiene lo esencial. Conoce la magnitud de la brecha, dispone de instrumentos de planeación en marcha y cuenta con comunidades que ya demostraron cómo un sistema bien dimensionado puede sostener una economía local.

Para WRI Colombia, es vital que el país cuente con una hoja de ruta de universalización (detallada en la pregunta 5) que ordene las decisiones: dónde invertir primero, qué nivel de servicio necesita cada territorio y cómo se articulan los municipios, los departamentos y la nación. El próximo Plan Nacional de Desarrollo 2026-2030 es la oportunidad para definirla. Avanzar en este camino aporta además a un objetivo más amplio: cada territorio que produce y gestiona su propia energía fortalece, en parte, la seguridad y la soberanía energética del país.

Colombia sabe cuántos hogares faltan por conectar. El paso siguiente es responder con la misma precisión cuánta energía necesita cada territorio para producir hoy y a futuro, y construir la hoja de ruta que lo haga posible.